El finado exjuez había sido denunciado por presunto enriquecimiento ilícito

Río Doce.- El once de noviembre de 2010, la Asociación Civil Contrasilencio había interpuesto formal denuncia ante la Subdelegación de la Procuraduría General de la República (PGR) contra el finado exjuez mixto de primera instancia del Distrito Judicial de Concordia, Isidro Hernández Ramírez, por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito, coalición de servidores públicos y cohecho.

No obstante que fue muy conocido en los círculos judiciales de Mazatlán y Concordia, no se ha escuchado la exigencia de justicia y esclarecimiento del multihomicidio y lo que ha imperado es el silencio sepulcral en torno a la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ocurrida la semana antepasada en la comunidad de El Cantil, en la zona serrana de Concordia.

Cuando Esteban Carlos Pineda Rubio, de 32 años, perito en grafoscopía de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Sur, fue encontrado asesinado dentro de su vehículo, la madrugada del 16 de agosto de 2009, en Durango, Durango, donde había viajado a apadrinar una boda, algunos de sus amigos y colegas exigieron su esclarecimiento y se castigara a el o los responsables del crimen.

“Pedimos el esclarecimiento de los hechos que nos consternaron a todos”, consignó un diario local que había expresado personal de la Subprocuraduría.

“Personal de la Subprocuraduría Regional de Justicia recordó que Pineda Rubio era muy buen perito con especialidad en criminalística, y tenía más de cinco años trabajando en dicha institución”, destacó el periódico.

“Es probable que posteriormente la Procuraduría General de Justicia del Estado de Sinaloa solicite a su similar de Durango, el esclarecimiento de este crimen, por tratarse de un trabajador de dicha institución”, dijeron sus amigos y colegas de Pineda Rubio al diario local.

Esteban Carlos Pineda Rubio había sido el perito en grafoscopía designado por parte de la PGJE en el expediente del juicio sumario civil 14/2009, pero a casi cuatro años de los hechos no se ha esclarecido su muerte, considerada de “extraña” por algunos de sus colegas, mucho menos el móvil.

A diferencia de las reacciones desatadas con la muerte de Pineda Rubio, los hechos ocurridos el 1 de junio no “consternaron a todos” ni pidieron el esclarecimiento a pesar de que no solo perdió la vida el exjuez Isidro Hernández Ramírez, sino su esposa Isabel Espinosa Gastélum y sus hijas Esmeralda y Linda Cristal Hernández Espinosa, una de estas con padecimiento de síndrome de down.

“Lamentamos que después de su desaparición, pues (la Policía Ministerial) no haya podido dar con el paradero de él y su familia”, dijo a Ríodoce José Eligio Medina Ríos, alcalde de Concordia.

Contrasilencio

De acuerdo con la averiguación Previa, sin/maz/570/2010/MII, número de folio 719, de la PGR, a la que Ríodoce tuvo acceso, la lista de los denunciados por la Asociación Civil, que entonces representaba a algunos de los comuneros activos de la Comunidad de San Miguel del Carrizal, empezaba con los hermanos José Luis y Jesús Mendoza Tiznado, y finalizaba con José Luis Morales Soto, presunto “lugarteniente” de aquellos en Santa Lucía, Concordia.

Alberto Vázquez Arvallo, entonces superintendente de la Comisión Federal de Electricidad, Zona Mazatlán, y sus abogados Eduardo García Siraitares y Alan Ramos Ruiz, también aparecen como presuntos implicados en el fraude.

Asimismo, la parte actora, Belén Lavina Murray Muñoz, con sus procuradores judiciales, Jesús Romero Peñaloza y Felipe de Jesús Hernández Ramos.

Además, implicaba a los ingenieros Jesús Tirado Morán, Sergio Espinoza Gastélum y Enrique Camacho Arias, peritos en topografía, energía eléctrica y valuador, respectivamente.

E igualmente, Miguel Pérez Lizárraga, exjuez del Juzgado Tercero de Primera Instancia del Ramo Civil, con sede en Mazatlán, junto con su actuario José Octavio Sarabia Carrasco.

El por qué los campesinos incluyeron en la denuncia a Perla Corina Ornelas Salazar, actuario, a cargo del ahora finado exjuez Isidro Hernández Ramírez, lo consigna el documento de la PGR:

“El juez mixto de primera instancia de Distrito Concordia, Sinaloa, y su actuario, dieron fe de la supuesta postería de la Comisión Federal de Electricidad que se encontraban en terrenos propiedad de Belén Lavinia Murray Muñoz, lo cual al decir del denunciante estos son inexistentes”.

Los comuneros denunciantes estaban convencidos de que el expediente del juicio sumario civil 14/2009, tramitado en el Juzgado Mixto de Primera Instancia de Concordia, Sinaloa, que constituyó la servidumbre legal de paso respecto de la línea de energía eléctrica sostenida por postes de madera tipo “H” sobre terrenos con bosque, ubicados en el municipio de Concordia, se encontraban dentro del terreno propiedad de la Comunidad de San Miguel del Carrizal.

“Se cometió fraude, cambiando de lugar el predio propiedad de la señora Belén Lavinia Murray Muñoz. Ubicándolo dentro del terreno propiedad de la Comunidad de San Miguel del Carrizal”.

Para los querellantes, el fraude de los 209 millones 23 mil 974 pesos con 51 centavos, no solo se había cometido contra la CFE (con las presuntas firmas falsificadas del emplazamiento simulado), sino desde el origen también el timo había sido contra la comunidad de San Miguel del Carrizal.

Recuadro

Pregunta a la PGR

En medio del mutismo que produjo la masacre del exjuez y su familia, una fuente cercana a la investigación se atrevió a preguntar en voz baja: “¿Cuántas personas muertas más se necesitan para que la PGR investigue a fondo el fraude contra la CFE y la comunidad de San Miguel del Carrizal?”.

Desde el 2009, con la muerte del perito Esteban Carlos Pineda Rubio y la masacre del exjuez Isidro Hernández Ramírez y su familia, ya suman seis personas asesinadas.