Citadas por los medios bangladeshíes, las fuentes precisaron que el incendio tuvo lugar en la fábrica Tung Hai Sweater y que las víctimas se encontraban en la novena planta de un edificio de once situado en el barrio capitalino de Mirpur. Entre los fallecidos están el director de la firma, Mahbubur Rahmán, y un alto mando policial, que estaban manteniendo una reunión en el inmueble después de que los trabajadores del taller lo hubieran abandonado.
Ante estos hechos, el organismo internacional emitió un comunicado en el que se refiere a la tragedia vivida en Bangladesh en la que, según cifras oficiales difundidas hoy, murieron 922 personas que se encontraban trabajando en el complejo textil que se derrumbó el pasado 24 de abril, en Dacca, la capital del país.
“Las firmas internacionales que producen en Bangladesh tienen la responsabilidad de proteger los derechos humanos” de sus trabajadores, dijo Pavel Sulyandziga, que dirige actualmente uno de los grupo de trabajo de la ONU sobre los derechos laborales y humanos. El funcionario asegura además que los productores que operan en el país asiático tienen la obligación de “ejercer su influencia como compradores de estas manufacturas” para promover un cambio en las condiciones laborales de los trabajadores de Bangladesh.
Diversos estudios confirman que la mano de obra en Bangladesh, que tiene entre 2 y 3 millones de trabajadores en el sector textil, se encuentra entre las más baratas del mundo, por lo que el país se ha convertido en un importante centro manufacturero de este sector a nivel mundial. La ONU considera que las grandes empresas textiles han incrementado sus producciones con la contratación de factorías en el país asiático y, por ello, deben asumir cambios en las formas de producción para proteger la seguridad y los derechos de los trabajadores.
El experto señaló que varias de las fábricas que operaban en el edificio siniestrado al parecer habían sido auditadas en el pasado. Sin embargo, estas auditorías habían excluido por completo los problemas estructurales del edificio. El Grupo de Trabajo subrayó que el Gobierno de Bangladesh tiene también el deber de proteger los derechos humanos de sus ciudadanos de posibles violaciones por parte de los “actores empresariales”.
También debe tomar medidas para garantizar una investigación a fondo de cómo se permitió a las fábricas afectadas operar, llevar a los responsables ante la justicia, asegurar una reparación a las víctimas y tomar medidas enérgicas para mejorar la protección de los derechos de los trabajadores, aseguró
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