Una banda de ladrones encapuchados y fuertemente armados protagonizó el pasado 18 de febrero el espectacular robo de 120 paquetes de diamantes y de otros objetos de valor, que en su totalidad se estimaron en ese momento en 350 millones de euros, en el aeropuerto internacional deZaventem (Bruselas).
Ocho hombres disfrazados con uniformes de policía entraron en el recinto aeroportuario con vehículos pesados y armas de fuego, y amenazaron a la comitiva que transportaba el cargamento hacia Zúrich (Suiza) para que se los entregaran.
Según el diario belga Sudinfo, en la operación desplegada esta madrugada por la policía belga en varios barrios de Bruselas, al igual que en otras zonas de Valonia y Flandes, participaron 200 agentes.
La Policía, señala el periódico, había centrado sus investigaciones en una conocida banda de delincuentes que actúa en el país, y ya ha interrogado a algunos sospechosos antes de decidir que pasen a disposición judicial.
Una parte del botín, agrega el medio, se habría encontrado en el exterior del país.
Poco después del espectacular robo, el Consejo Mundial del Diamante desveló el número de certificado de varios paquetes de los diamantes robados, y junto a la Unión Europea (UE) urgieron a denunciar la presencia de estos diamantes y contactar con las autoridades competentes del país en el que se encontraran piezas identificadas con los números publicados.
El WDC, con sede en Amberes (norte de Bélgica), publicó entonces una lista de 27 números de certificado del Proceso de Kimberly (KP), un identificador que debe ser solicitado por el comprador de un diamante para comprobar su autenticidad.
El Proceso de Kimberly es un acuerdo en el que participan 75 países, persigue el contrabando de diamantes e intenta evitar la entrada en el mercado de diamantes ilícitos a través de la presentación de certificados de origen.
El sistema se puso en marcha en 2003 como consecuencia de los llamados “diamantes de sangre”, que es como se conocen las piedras preciosas procedentes de países africanos en los que se cometen abusos de los derechos humanos en las minas.
El KP impone controles en el comercio, prohíbe comerciar con los países que no hayan firmado el acuerdo y solicita a sus miembros la publicación de estadísticas sobre la producción y el comercio de diamantes.
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