Rompe Sinaloa con ley de seguridad nacional al imponer jefe policíaco reprobado en exámenes de confianza

(Río Doce).- Allá por los caminos de terracería que cerros arriba comunican entre sí a los poblados de la indómita sindicatura de El Salado, perteneciente al municipio de Culiacán, están las comunidades El Álamo, La Estancia, El Ranchito de los Burgos y El Vizcaíno, entre otras que con sus casas de tejados y paredes de adobe proyectan una sensación de serenidad y hospitalidad que en realidad sí tienen. Las brechas y veredas serpenteantes infunden miedo a quien por primera vez las recorre pero al devorar con lentitud los kilómetros el forastero toma confianza.

En aquella zona son casi inexistentes los hechos de delincuencia. Rara vez ocurren asaltos, secuestros, violaciones e incluso asesinatos, a pesar de que la vigilancia policiaca es también esporádica y los operativos militares van enfocados contra el cultivo de estupefacientes. La calma permanente difiere también con la leyenda que se ha tejido en torno al hombre que controla a esa región y gran parte de Sinaloa.

En una ocasión escuché que un visitante primerizo le exponía a una lugareña el temor que sintió al transitar en su vehículo por el camino ceñido de monte y cercas, del cual se espera que en cualquier momento emerja algún malhechor. La mujer, tratando de tranquilizar al intruso, le dijo que no se preocupara porque “aquí sí hay gobierno”.

—¿Sí hay gobierno? ¿Pues qué no es el mismo gobierno? —le reviró el fuereño.

—No. Aquí manda el Señor. Él sí pone orden —insistió la hembra con su acento bronco.

—¿Cuál señor? ¿Dios? —volvió a preguntar el extraño.

—No se haga tonto oiga. Aquí manda el Mayo Zambada —le contestó cerrando de tajo la conversación.

Guardadas las proporciones, algún sosiego similar deberíamos sentir los sinaloenses, según el gobernador Mario López Valdez, al estar la seguridad pública de Sinaloa en manos de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, el controversialChuytoño, que la semana pasada ocupó espacios principales en los medios de comunicación, al oficializarse que no pasó los exámenes de control de confianza que debió aprobar para ser jefe de la Policía Ministerial del Estado y asumir el mando único de las corporaciones policiacas, funciones que desempeña.

La defensa de Chuytoño, insólitamente encabezada por el gobernador y coreada por alcaldes y dirigentes empresariales, es tan debatible como discutible es el hecho de que hoy los capos estén aportando a gran parte de la reducción de sucesos violentos que se vive en México después de que Felipe Calderón Hinojosa dejó la Presidencia de la República y la asumió Enrique Peña Nieto.

En la lógica de la eficiencia a pesar de la inaptitud legal ¿debiéramos entonces sentir mayor paz cuando en algunas ciudades del país aparecen narcomensajes en los que supuestamente Joaquín el Chapo Guzmán ofrece limpiar de Zetas al territorio nacional? Un alto obligado aquí. La idoneidad moral y profesional de los mandos policiacos es un requisito imprescindible para atajar la táctica de combatir la violencia con más violencia, o fundar un estado bárbaro dentro de un estado legal.

En la argucia de los resultados se pretende ocultar la claridad de lo dispuesto por la norma jurídica. Tal vez sean ciertas la experiencia, destreza y “colmillo” que Aguilar Íñiguez posee en cuestiones policiacas, pero no deja de ser un extravío discursivo para desestimar el impedimento que le impone la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Al no acreditar Chuytoño las pruebas de control de confianza y al ocasionarle con ello a Sinaloa una merma de recursos federalizados en el área de seguridad pública, el gobernador Malova debería detenerse a meditar sus actos y palabras que lo colocan en un grave riesgo de maniatarse con sus propios enredos. Definir, por ejemplo, qué tipo de tranquilidad quiere darles a los sinaloenses: aquella sujetada por frágiles alfileres de ilegalidad, o la que aparte de buenos resultados se finque también en el estado de derecho.

Escuche las voces, gobernador, que lo llaman a rectificar, antes de que tenga que oír el griterío que le exija pagar por un error.