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El pleno del Senado de México ha aprobado este viernes, tras un debate de cinco horas, un ambicioso proyecto de reforma del sector de las telecomunicaciones y los medios dirigido a ampliar la competencia y el acceso a unos mercados dominados actualmente por empresas de los magnates Carlos Slim y Emilio Azcárraga.

MÉXICO DF, 22 (EUROPA PRESS)

Cuatro comisiones de la Cámara Alta dieron el visto bueno el jueves a la primera gran reforma económica del Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto, después de introducir 18 cambios que obligan a devolver el texto a la Cámara de Diputados.

Uno de los principales cambios consiste en permitir que los concesionarios, en los casos en los que el órgano regulador imponga multas o ventas de activos, puedan ampararse contra estas resoluciones y que éstas se ejecuten hasta que se resuelva el juicio de amparo.

Este aspecto, promovido por el ex gobernante Partido Acción Nacional (PAN), constituye una excepción a una ley recientemente aprobada para limitar el amparo, un recurso que tiende a congelar órdenes del poder Ejecutivo permitiendo a las empresas seguir operando.

50% DE CUOTA DE MERCADO

La reforma de telecomunicaciones, que debe ser avalada por más de dos tercios de los legisladores y la mayoría de los congresos locales por incluir cambios constitucionales, propone que ningún actor tenga más del 50 por ciento de cuota del mercado de telecomunicaciones y medios, con el fin de garantizar que no haya dominio, bajar tarifas y ofrecer mejores servicios.

La norma podría forzar a las enormes compañías que lideran el negocio a realizar desinversiones. También contempla permitir mayor inversión extranjera en el sector y licitar dos cadenas de televisión abierta.

América Móvil, centro del imperio de negocios de Slim, controla cerca del 70 por ciento del mercado de telefonía móvil mexicano y alrededor del 80 por ciento del de línea fija.

Y Televisa, de Azcárraga, acapara la mayoría de la audiencia de televisión abierta y es también uno de los grandes actores en el mercado de televisión de pago.

Otros cambios al proyecto propuestos por los 42 senadores de las comisiones del Senado son establecer un plazo de 30 días a la Secretaría de Comunicaciones y Transporte como límite para que dé una opinión no vinculante respecto a la concesión de nuevas licencias y garantizar un acceso amplio a Internet.

Además, contempla diversas medidas de rendición de cuentas para los órganos reguladores y concesión de licencias a las comunidades indígenas.