Si la falta de pericia de los investigadores policiacos o de recursos económicos, hace más lenta la justicia en el caso de los feminicidios y de la violencia creciente contra las mujeres, el Gobierno debiera cuidarse de no verse también como indolente. No decretar la alerta de género por una cuestión de imagen, es un abuso más contra las mujeres.

Si decretamos la alerta de género nos vamos a ver mal, es el razonamiento. Por eso, a pesar de que los feminicidios son cada vez más y el asesinato de mujeres por diversas razones también, el Gobierno prefiere seguir manipulando cifras, fingir que hace aunque no haga nada y darle atole con el dedo a la opinión pública.

Sinaloa se encuentra dentro de las entidades con mayor número de feminicidios desde 2008, cuando se observa un disparo notable de estos delitos.Solo en el sexenio de Mario López Valdez se han cometido al menos 450 homicidios de mujeres y más de 800 de 2005 a 2016.

Y aunque la alerta de género no es la panacea, por lo menos se pone a la entidad o municipios donde se decreta en la mira de los organismos locales, nacionales e internacionales, lo cual, se supone, obligaría a los gobiernos a prevenir la violencia contra las mujeres, darle seguimiento a los casos denunciados y registrados y, tal vez, reducir los riesgos de las afectadas, así como castigar los delitos.

El 17 de junio pasado,la Comisión para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim), hizo una serie de recomendaciones al gobierno de Mario López Valdez, y,se supone que de no cumplirlas, la Secretaría de Gobernación tiene la facultad de declarar la alerta de género para los municipios con mayor incidencia de casos que, de acuerdo a los datos disponibles, son Culiacán, Ahome, Mazatlán, Guasave y Navolato.

Las recomendaciones van desde lo normativo y pasan por la prevención, el impulso a una cultura de la igualdad de género, el seguimiento judicial de los casos, el castigo a los culpables, la reparación del daño, el destino de recursos específicos para atacar el problema desde distintos ángulos…

Como a partir de entregadas las recomendaciones son seis meses de plazo para que el Gobierno las cumpla, se supone que éste vence el 17 de diciembre próximo, es decir, dos semanas antes de que Malova deje el poder.

¿Alguien piensa que va a cumplir con las recomendaciones? Seguramente no. Nunca, a pesar de que los feminicidios estaban observando un incremento constante, las autoridades se preocuparon siquiera de establecer sus causas. Menos aún porque, en muchos de los casos, los victimarios, según las características de los homicidios ocurridos, podían estar relacionados con el crimen organizado. Y no necesariamente que la víctima perteneciera al hampa, pero sí su victimario: asesinatos por celos o por venganzas, con signos de narcoejecuciones, pero feminicidios al fin.

La alerta de género es un paso para combatir la violencia de que son víctimas las mujeres, pero insuficiente. La Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres es un mecanismo instituido en nuestras leyes —Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia—, apoyado desde las estructuras del gobierno federal a través de la Secretaría de Gobernación, pero hasta ahora es como si no tuviéramos esas herramientas. Los gobiernos locales no solo han sido omisos, indolentes y hasta cínicos. Han sido cómplices de los victimarios e igualmente criminales cuando no han brindado protección a mujeres que han denunciado hostigamiento y luego han sido asesinadas.

El Estado de México fue uno de los primeros en declarar la alerta de género en algunos de sus municipios, pero la violencia contra las mujeres no cesa, por el contrario. De acuerdo al último informe de la procuraduría de justicia de esa entidad, es asesinada una mujer por día. Veracruz con once municipios y Nuevo León con cinco, son otras de las entidades que han activado sus alertas. Chihuahua, a pesar del incremento de estos delitos, sigue sin ganarse la alerta.

Bola y cadena

LA EXPERIENCIA DEL ESTADO DE MÉXICO es aterradora. Se declara la alerta de género y los feminicidios aumentan. Lo cual significa que sin un sistema de educación y prevención eficaces, sin una política de persecución del delito y un poder judicial que acabe con la impunidad, las alertas serán merasdeclaraciones de fe. Como el resto de los delitos y los crímenes, los de género solo encontrarán justicia cuando se combata de raíz la impunidad.

Sentido contrario

EL SECRETARIO DE LA DEFENSA se reúne con el gobernador del estado, Mario López Valdez y la información que de ahí sale son puras rosas y claveles. Loas de uno hacia el otro, sin información sustancial. El hecho ocurre en un contexto en que los fusiles vuelven a lanzar bolas de fuego y plomo después de la pausa obligada por el asesinato de cinco militares la madrugada del 30 de septiembre. Los operativos militares y de la Marina han amainado, la mayoría de los detenidos fueron liberados y ninguna noticia baja de la sierra. Vuelve la paz sin que el gobierno federal pueda colgarse ninguna medalla digna. Por si fuera poco, la Defensa decide sacar de la Tercera Región Militar al general Alfonso Duarte Múgica, un hombre que denunció ante el gobernador la corrupción de sus jefes policiacos. Muy raro todo. Y huele a mugre.

Humo negro

DESDE LA MITAD DE SU SEXENIO Malova ha estado hilvanando, puntada tras puntada, su regreso al PRI. Apoyó a este partido en los procesos locales, no sin dejar de jugar en algunos distritos y municipios, para su propio beneficio, como lo hubiera hecho cualquiera. En las elecciones pasadas trabajó, por orden presidencial, para Quirino Ordaz Coppel y eso se ha convertido, parece, en su tabla de salvación. El PRI está trabajando para el 2018. Y en la búsqueda de votos y de triunfos, la dignidad y la vergüenza son como el papel de baño. Ahí está la declaración de Enrique Ochoa Reza —dirigente nacional del PRI— en su más reciente visita a Sinaloa, en el sentido de que en enero se verá con Malova para analizar su futuro ya como ex gobernador.