Ramón Alberto, de 20 años, desapareció hace tres años y medio. Eran las diez de la mañana de un miércoles de marzo cuando policías ministeriales con pasamontañas fueron por él a la empresa en la que trabajaba.

“Los policías llegaron supuestamente con una orden de detención, se lo llevaron y ya no supimos de él”, acusa el padre del joven, don Guadalupe Jiménez. Y percibe “algo raro”, porque “en la fábrica cuentan que uno de los policías se quitó el pasamontañas y platicó con mi hijo junto a la caseta de entrada. Hay cámaras que registraron los movimientos y los videos se los entregaron a la Ministerial”.

—¿Usted vio los videos?

—Creen que uno es tonto… nomás nos enseñaron uno en donde se ve que los policías se llevan un carrito viejo que le acabábamos de comprar, con mucho esfuerzo, porque iba a entrar a la universidad a estudiar eso de computación, y de ahí se iba a ir a trabajar…”

—¿Puso denuncia?

—En cuanto nos enteramos nos arrancamos a la Ministerial y nos dijeron que no habían salido patrullas para ese lugar, que no había ningún operativo ni denuncias ni orden de aprehensión contra mi hijo. Como al tercer día llegó una llamada a la casa que lo fuéramos a buscar en el cruce de los tres ríos, que ahí lo habían tirado y fuimos, pero nada… Luego la Ministerial llegó a la casa y dijeron que ellos también habían recibido la llamada. No sé, a lo mejor querían darse cuenta quiénes éramos, puros pelados somos, no tenemos nada…”

Don Guadalupe tiene la mirada triste. Aunque aún conserva la esperanza de encontrar vivo a su hijo. “El tiempo que tenga de vida lo voy a esperar, dice, aunque me esté muriendo por dentro…”

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Detrás de cada persona desaparecida hay un testimonio desgarrador. En Sinaloa se pueden contar 2 mil 304 de estas historias trágicas ocurridas en el sexenio de Mario López Valdez. Es la cifra más alta de desaparecidos en la historia de Sinaloa.

De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas (RNPD), que contiene información desde el año 1977 a julio de 2016, Sinaloa tiene un total de 2 mil 220 personas desaparecidas que permanecen sin localizar al 31 de julio de 2016. Con este número, el actual gobierno ubica al estado en el quinto lugar a nivel nacional con más desapariciones de personas.

El RNPD, que depende del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SENSP), indica que en lo que va del sexenio de Malova (2011-2016), 1 mil 831 personas están desaparecidas sin localizar.

A esta cantidad se suman 473 personas más encontradas sin vida, que fueron reportadas como desaparecidas en el lapso del primero de enero de 2011 al 18 de agosto de 2016, de acuerdo con una solicitud de información (folio 00466316) realizada a la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE).

Con estos hallazgos, el número se incrementa a 2 mil 304 personas reportadas como desaparecidas en el actual periodo de gobierno, seis veces más que en el periodo de su antecesor Jesús Aguilar Padilla, cuando se registraron 379 víctimas de este delito, lo que dispara la estadística un 600 por ciento.

El registro nacional muestra que cada año la cifra se incrementa de forma alarmante con relación al anterior, pero es a partir de este sexenio cuando el problema crece, ya que en 2011, primer año de gobierno, desaparecieron 214 personas; en 2012 fueron 193, y a partir de 2013 inició el ascenso con 314 víctimas, 323 en 2014, 452 en 2015 (la cifra más alta en la historia de Sinaloa) y 335 de enero a julio de este año.

Sin voluntad de buscar

Pero los datos del RNPED se quedan cortos ante la realidad que vive el estado. La lista nacional se alimenta con los reportes de las procuradurías estatales conforme a averiguaciones previas, carpetas de investigación o actas circunstanciadas, lo que significa que la estadística es más alta, pues hay muchos familiares de personas “levantadas” que no reportan a las autoridades por miedo a represalias.

Las víctimas de desapariciones que no se reportan (la llamada cifra negra) fue documentada en este semanario (edición 618 del 30 de noviembre de 2014), con base en una investigación realizada con organismos de derechos humanos independientes.

En el periodo de Juan Millán Lizárraga (1999-2004), por ejemplo, el registro nacional mantiene ocho casos, cuando el estudio de Ríodoce confirma al menos 74; en el sexenio de Renato Vega Alvarado (1993-1998), periodo en el que el padrón nacional no indica desaparecidos, el número es de al menos 35 personas. De los periodos anteriores de Francisco Labastida Ochoa (1987-1992) y Antonio Toledo Corro (1981-1986) no hay información.

En la administración de Alfonso G. Calderón Velarde (1975-1980), el RNPED indica dos desaparecidos, cuando en realidad se comprueban 42 estudiantes, con nombre y apellidos, desaparecidos por sus ideas políticas durante la llamada “guerra sucia”, y al menos 70 habitantes de la sierra sinaloense por el Ejército Mexicano en la Operación Cóndor.

En la respuesta a la petición de información vía Infomex de Ríodoce, la PGJE indica que en los años 2011, 2012 y 2013 no se inició una sola carpeta de investigación para localizar a personas desaparecidas, y que fue hasta 2014 cuando se abrieron siete, para 2014 fueron 204 y en lo que va de este año se han iniciado 352.

La cifra desconocida

Para Ana Lidia Murillo, presidenta de la Asociación Sinaloense de Universitarias, la cifra negra es de por lo menos tres a cinco personas más desaparecidas por cada persona reportada. Y señala que el motivo de no interponer denuncia es la falta de confianza en las autoridades porque saben que no investigan.

—¿De verdad las autoridades no investigan?

—La procuraduría no lo hace, en primer lugar no le importa; en segundo no tiene personal, y después pueden dar muchas justificaciones… no quiere, no hay voluntad para realizar un trabajo real, serio.

En relación a los menores desaparecidos, Ana Lidia Murillo señala que “la procuraduría no suma a las asociaciones, y mientras los medios sacan la nota de algún niño o joven desaparecido, la alerta Ámber no se emite, tampoco hay una coordinación real, y cuando se activa y se logra encontrar a la persona, no hay un seguimiento por delitos relacionados con la desaparición, si fueron torturados, violados, amenazados… los familiares no quieren hablar de eso, con recuperarlos se dan por bien servidos. Y es cuando la impunidad se instala”.

Y si con denuncia no se buscan, mucho menos sin ella. Un informe recién publicado de Open Society Justice Initiative, en colaboración con organismos mexicanos de derechos humanos, titulado “Atrocidades Innegables, Confrontando Crímenes de Lesa Humanidad en México”, indica que “es menos probable que las víctimas de áreas rurales, que tienen pocos recursos económicos y un acceso difícil a la fiscalía, informen sobre desapariciones”.

Esta investigación independiente de tres años analiza que los fiscales a menudo han reclasificado de modo inapropiado los casos de desapariciones forzadas (las cometidas por autoridades) como “secuestros”, en un momento en que estos crímenes han alcanzado niveles alarmantes.

“Resulta claro que la determinación de responsabilidades ha sido muy escasa, y prácticamente inexistente en el caso de desapariciones forzadas cometidas por la policía, las fuerzas armadas u otros agentes que actúan en nombre del Estado o en colusión con éste”, agrega.

Y finaliza que “las familias han quedado frustradas y enardecidas en tanto los funcionarios del gobierno contabilizan las desapariciones con datos incompletos o criterios poco claros, para después anunciar estimaciones totalmente divergentes sobre el número de desaparecidos. El gobierno prácticamente no ha realizado esfuerzo sistemático alguno para ubicar las fosas comunes clandestinas, o para exhumar y contabilizar los cuerpos en las decenas de fosas que se han encontrado a lo largo y ancho del país”.

Para Oscar Loza Ochoa, uno de los dirigentes de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS), ante la falta de denuncias “ni el gobierno sabe la cantidad” real de desaparecidos en el Estado.

—¿Por qué no se denuncian? —se le pregunta.

—Por miedo.

—¿Miedo a qué?

—Miedo a que pasen cosas peores, aunque yo digo que nada peor puede pasar…

—Aunque aquí ya pasó con la muerte de Sandra Luz.

—Sí, así es.

Sandra Luz Hernández, de 50 años, fue asesinada el 12 de mayo de 2014 por buscar a su hijo desaparecido dos años antes. Le dispararon en 10 ocasiones mientras se dirigía al encuentro de un supuesto contacto que le daría información sobre el paradero de su hijo, un joven de 25 años que trabajaba en el área administrativa de la PGJE. Cuatro horas antes de su asesinato, Sandra Luz estuvo en reunión con funcionarios estatales de seguridad.

Los municipios más peligrosos

El municipio con más personas desaparecidas durante el periodo de Malova es Culiacán, con 597 casos, seguido de Mazatlán con 339.

Llama la atención la dimensión que ha tomado el problema en el norte de la entidad, en donde la policía municipal es acusada de ser la autora de los “levantones”. Es ahí en donde familiares de las víctimas formaron el grupo de Las Rastreadoras, que busca en laderas y montes a sus seres queridos.

Las cifras lo dicen todo: Ahome, de tener tres desaparecidos en 2009 y siete en 2010, tuvo 77 en 2013, 70 en 2014, 78 en 2015 y de enero a julio de este año han sido 76, un total de 327 desaparecidos en este sexenio.

Lo mismo pasa en Guasave, en donde este delito fue escalando año con año: de una cifra de sólo dos desaparecidos durante 2009 y 2010, fueron 19 en 2013 y 20 en 2014; ya para 2015 la cantidad se duplicó a 43, y en los primeros siete meses de este año es de 47, un total de 142 desapariciones.

Cosalá y Badiraguato son los municipios que reportan menos personas desaparecidas, con tres y cuatro casos respectivamente.

La población joven es la más vulnerable a ser víctima de desaparición. Según los datos coordinados por el SENSP, de los 1 mil 831 desaparecidos en la administración de López Valdez, 234 son niños y adolescentes hasta los 17 años, y 697 son jóvenes de 18 a 29 años. Juntos representan casi la mitad de desaparecidos (42 por ciento), mientras que 679 corresponden al rango de edad entre los 30 y 49 años. Hay 27 desaparecidos mayores de 50 años y 83 que no cuentan con este dato.

En los casi seis años del actual gobierno han desaparecido 1 mil 527 hombres y 304 mujeres.

Tanto el grupo de Las Rastreadoras de El Fuerte, como el de Voces Unidas por la Vida de Culiacán y la Unión de Madres con Hijos Desaparecidos, están haciendo lo que a las autoridades les corresponde: buscar restos humanos por todo el Estado. Hasta el momento han encontrado 70 cuerpos.

Mientras el número de desaparecidos crece, muchas familias los lloran, los buscan por su cuenta, marchan por las calles con pancartas. Se reúnen con funcionarios de la procuraduría a quienes les repiten que no buscan culpables, sólo ruegan que los busquen y si los encuentran muertos, les entreguen sus restos. Pero al final escuchan la misma respuesta: “no hay avances”.