GRANADAS. Tráfico oficial e ilícito de Estados Unidos a México.

Estados Unidos no sólo permitió que armas de grueso calibre llegaran a los cárteles que operan en el noroeste del país con operativos como Rápido y Furioso y Wide Receiver, sino que además, organizaciones como la que dirige Ismael El Mayo Zambada y Joaquín El Chapo Guzmán se habrían armado hasta los dientes con cientos de granadas que el gobierno americano supo que llegarían a ellos, revela un reporte hecho por la Oficina del Inspector General del Departamento de Justicia de ese país.

De acuerdo al documento titulado “Investigación del caso Jean Baptiste Kingery”, dado a conocer el pasado 30 de octubre, todo empezó desde octubre de 2009, cuando las autoridades detectaron a un ciudadano estadounidense que compraba grandes cantidades de granadas de fragmentación y componentes para su fabricación.

Al notar ésto, la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos (ATF), empezó a investigar a Baptiste Kingery, originario de Arizona, y no tardaron en notar que estaba surtiendo de armamento al Cártel de Sinaloa, que les hacía llegar por frontera de Nogales Sonora, según muestran copias del documento en poder de Ríodoce.

Como ocurriera con Rápido y Furioso, los agentes del ATF empezaron a vigilar a Baptiste Kingery día y noche, y marcaron todo el armamento que era comprado por él, tanto en tiendas de venta de armas como en pedidos por Internet, pero sin nunca detenerlo, esto con el fin de saber a quién y en dónde paraba el armamento.

Fue así como el gobierno de Estados Unidos permitió la entrada de cientos de granadas de fragmentación a México por Nogales, para armar a organizaciones como el Cártel de Sinaloa, en una época en que se desató una de las guerras más cruentas en la historia de México.

Una mancha más a tigre
Según el reporte, fue el agente especial Walter Beatty, encargado del caso, quien recibía información cuando Baptiste Kingery hacía un pedido. La primera compra registrada por el ATF ocurrió el 23 de octubre de 2009, cuando el traficante de armas ordenó en una tienda de armamentismo militar, de Arizona, 120 cascos para fabricar granadas de fragmentación.

Beatty, al enterarse, consultó con sus superiores el caso de los cascos para fabricar granadas, concluyendo que ese tipo de armamentismo caía en la categoría IV del código penal estadounidense, que significaba que Kingery debía ser arrestado y procesado antes que cruzara la frontera a México, en violación del acta para el control de explosivos y armas de fuego de ese país.

Pero contrario a lo estipulado a los acuerdos bilaterales entre ambos países, no se detuvo a Kingery, sino que los directivos del ATF determinaron mejor marcar los cascos de las granadas y dejarlas pasar, con el fin de identificar quién estaba comprando todo el armamento. A los pocos días, la pista del armamento se perdió.

Supieron de nuevo de Kingery el 26 de enero de 2010, cuando ordenó 100 granadas de fragmentación, 4 mil escoletas para granada, y 4 mil fusiles, y el ATF decidió retomar la investigación, y nuevamente marcaron las granadas y los componentes para su fabricación, y el 28 de ese mismo mes, agentes encubiertos entregaron a Kingery el pedido en su propio domicilio, para luego montarle guardia durante los próximos seis días.

“Pero en ese tiempo, Kingery no cruzó la frontera y no trató de hacer ninguna entrega. Y ya no se supo que pasó con ese cargamento”, se lee en el documento.

En febrero 2 de ese mismo año, agentes del ATF y de ICE, en Yuma, se enteraron que Kingery había cruzado la frontera en repetidas ocasiones, y reiniciaron la investigación, pero como ocurriera con los anteriores cargamentos, el sospechoso nunca fue detenido, y el tránsito de armas a México continuó sin que el gobierno de Estados Unidos hiciera nada.

No fue sino hasta el 15 de junio de ese 2010, que Kingery trató nuevamente de cruzar a México, y fue detenido por agentes de aduanas e inmigración, en la frontera con Nogales. Durante la revisión, se le encontró a Kingery 114 cascos de granadas, y 2 mil vueltas de municiones, además de miles de componentes para fabricar granadas que iban ocultas en el compartimiento de su auto que generalmente se destina para el uso de la llanta extra.

Aún cuando los agentes de Aduanas y del ATF le encontraron armamento, a Kingery no se le detuvo, sino que se le dijo que lo necesitaban para que cooperara con el ATF, y así arrestar a sus compradores de granadas y municiones. Las granadas y los componentes para fabricarlas pasaron a México y llegaron a manos de pistoleros del Cártel de Sinaloa.

Las huellas de las omisiones
Fueron dos enfrentamientos identificados por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en donde se encontraron granadas y munición que formó parte del “experimento”, realizado por elementos del ATF, en 2009.

En marzo de 2011 hubo un enfrentamiento entre el Ejército Mexicano e integrantes del crimen organizado de Sinaloa, en donde hubo dos sicarios muertos, uno de ellos originario de Culiacán.

Al término de ese enfrentamiento, ocurrido en el municipio de El Caimán, en Sinaloa de Leyva, se aseguraron vehículos, armas de asalto, municiones, dos lanzagranadas, y al menos quince granadas de fragmentación que formaban parte del operativo.

Otro incidente documentado en la investigación ocurrió en agosto de 2010, en Nogales Sonora, cuando elementos castrenses arrestaron a dos sospechosos, e incautaron un cargamento de droga, armas y granadas de fragmentación. Estas últimas habrían formado parte del operativo Kingery.

“Durante esta investigación notamos una serie de omisiones graves, que pusieron en riesgo a ciudadanos de Estados Unidos y de México, y todo por no tomar las medidas adecuadas cuando personas compraban armamento”, explica el documento en su introducción.

Kingery finalmente fue arrestado por agentes de la PGR en Sonora, en agosto de 2011, y según el reporte, el ATF lo puso en manos del gobierno de México para que enfrentara cargos por tráfico de armas.

El Grupo civil Desarma México condenó por su parte esta nueva información, y exigió al gobierno mexicano que iniciara una nueva investigación para determinar si hay culpables y fincar responsabilidades.

“En 2010 y 2011 fragmentos de las granadas de Kingery fueron encontradas en escenas del crimen en México. Las autoridades de EUA y las mexicanas tuvieron una estrecha colaboración en la identificación de éstas, y este tipo de cosas es inconcebible”, observó el grupo Desarma México en un comunicado enviado a esta redacción.

Agregó: Este nuevo informe refuerza nuestra preocupación por lo que miembros de Desarma han llamado “tráfico oficial e ilícito de armas”, y reitera que el operativo Rápido y Furioso no fue un caso aislado, sino que poco a poco están evidenciándose pruebas que hay más de ese tipo de casos en donde se experimentó con la vida de los mexicanos”.

Este reporte sale a la luz pública apenas unos días antes que el presiente de Estados Unidos Barack Obama enviará al Senado de ese país cientos de documentos relacionados con el caso de Rápido y Furioso.

Obama entrega al Congreso 64 mil documentos de Rápido y Furioso

La Jornada

Washington.- La administración de Obama entregó al Congreso 64 mil 280 documentos sobre la polémica operación “Rápido y Furioso”, en respuesta a una orden judicial, informó hoy el Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes.

El presidente del Comité, el republicano Darrell Issa, sostuvo que la entrega de la documentación representa la admisión de que el Departamento de Justicia nunca debió excluir su entrega al legislativo estadunidense.

“Aproximadamente dos terceras partes de los documentos que el Departamento de Justicia retuvo del Congreso han mostrado estar fuera del alcance del privilegio ejecutivo”, añadió.

El presidente Barack Obama invocó en su momento el “privilegio ejecutivo” para limitar la cantidad y alcance de los documentos que el gobierno federal estaba dispuesto a entregar al Congreso en relación con la pesquisa de la Cámara de Representantes.

La operación “Rápido y Furioso” fue conducida de 2006 a 2011 por la Oficina de Alcohol, Tabaco y Armas de Fuego (ATF) y permitió el trasiego ilegal supervisado de más de dos mil armas de Estados Unidos a México.

En agosto pasado, la jueza federal de la Corte de Distrito, Amy Berman Jackson, ordenó al Departamento de Justicia la entrega de la lista de documentos privilegiados sobre la polémica operación.

La orden judicial obligó al procurador federal a entregar los documentos del operativo que no son considerados como protegidos por el privilegio ejecutivo, a fin de que puedan ser evaluados por el Comité de Supervisión de la Cámara Baja.

El año pasado la propia jueza Berman Jackson rechazó una petición del procurador Eric Holder, quien dejará el cargo en breve, para anular la demanda del Comité de Supervisión para la entrega de documentos relacionados con la operación.

Aunque un reporte separado del Inspector General exoneró a Holder de cualquier responsabilidad, hizo sin embargo críticas a tres altos funcionarios: el ex subprocurador Gary Gindler, el procurador adjunto Lanny Breuer y el subprocurador adjunto Jason Weinstein.

El legislador Issa señaló que los investigadores del Comité examinarán en detalle los documentos para verificar si en efecto corresponden al ámbito del privilegio ejecutivo.