La nueva convocatoria contra las políticas de Trump es el 17 de febrero, Día del Presidente (President’s Day) con el lema “No hay reyes en el Día del Presidente” (No kings on President’s Day).

Guadalupe Lizárraga/Cortesía/Los Ángeles Press

A partir de las órdenes ejecutivas de Donald Trump, firmadas en las últimas semanas, la sociedad civil en Estados Unidos ha empezado a reaccionar y a organizarse. Las protestas en las calles, las movilizaciones digitales y las acciones legales ha sido parte de la resistencia ciudadana que empieza a crecer frente a lo que muchos han considerado un asalto a la democracia y a los principios constitucionales.

Este movimiento de resistencia podría marcar el inicio de una oposición más estructurada y decidida para enfrentar lo que el historiador Timothy Snyder ha argumentado como un golpe de Estado silencioso a manos de la oligarquía.

Un ejemplo destacado de esta creciente resistencia es buildtheresistance.org, una plataforma en línea creada a raíz de las protestas del 5 de febrero. Este sitio tiene como objetivo conectar a los ciudadanos preocupados a través de reuniones virtuales y coordinar nuevas manifestaciones, como la programada para el Día del Presidente, el lunes 17 de febrero. Según sus organizadores, que prefieren mantenerse en el anonimato por razones de seguridad, la iniciativa busca promover una acción colectiva que va más allá de las protestas, utilizando el hashtag #BuildTheResistance / #ConstruirLaResistencia para coordinar esfuerzos y visibilizar las movilizaciones a través de las redes sociales.

Las protestas en la calle, sin embargo, no son la única forma de resistencia. También se ha optado por estrategias cotidianas de resistencia ante las órdenes ejecutivas de Trump. Por ejemplo, empleados públicos, amenazados con perder sus privilegios laborales, han decidido no hacer con eficiencia su trabajo como una forma de protesta pasiva. Otros, como trabajadores federales, han arriesgado sus empleos al negarse a colaborar con medidas que consideran injustas, o al resistir la presión para guardar silencio. De manera similar, el sistema de denuncias establecido por la administración Trump para que los empleados federales reportaran a sus colegas que no cumplieran con las directivas sobre diversidad y equidad fue inundado por comentarios satíricos y desafiantes.

Estos ciudadanos literalmente están tomando una página del propio manual del gobierno de Estados Unidos para tratar con contextos autoritarios. Un manual de campo de la Oficina de Servicios Estratégicos de la Segunda Guerra Mundial, llamado Manual de Sabotaje Simple, desclasificado por la CIA en 2008, y que ha ganado popularidad con miles de descargas en su sitio de internet desde que Trump asumió el cargo.

En el documento de veinte páginas se alentaba a los trabajadores de oficina y a los ciudadanos bajo ocupación nazi a participar en actos de “saboteo simple”, tales como “dar explicaciones largas e incomprensibles cuando se les cuestionara”, “informar de espías imaginarios o de peligros a la Gestapo o al público”, “malinterpretar todo tipo de instrucciones y regulaciones sobre asuntos como el racionamiento, el transporte y las regulaciones de tráfico” y otras formas más materiales de sabotaje. La idea, que a menudo es utilizada por ciudadanos de todo el mundo para combatir el autoritarismo, es resistir de manera no violenta al volverse más ingobernables.

El ámbito judicial también se ha configurado como un frente crucial en la resistencia. Hasta la fecha, más de 40 demandas han sido presentadas por sindicatos, organizaciones sin fines de lucro y fiscales generales estatales contra las políticas de Trump. Hay incertidumbre en cómo los tribunales interpretarán la Constitución en relación con las acciones de Trump y de su empoderado Elon Musk, pero ya varios tribunales federales han bloqueado temporalmente algunas de las órdenes ejecutivas más controvertidas, como la congelación de gastos internos y la denegación de ciudadanía por derecho de nacimiento, que contradicen la protección constitucional. Incluso, hay demandas colectivas de inmigrantes venezolanos tras la suspensión de su derecho ya otorgado a la protección temporal.