Esta entrega resume información acopiada en las últimas seis semanas para analizar la relación entre la violencia y los factores que la explican.

Cortesía: Los Ángeles Press

El vínculo entre la desigualdad y la violencia emerge como uno de los más relevantes. 

Otros datos: López Obrador le apuesta a soluciones que no resuelven la violencia como hicieron antes Peña Nieto y Calderón Hinojosa

Por Rodolfo Soriano-Núñez

En las últimas seis semanas, esta serie Otros Datos ha presentado información sobre la manera en que distintos aspectos de la vida pública se vinculan con el tema más difícil en la actualidad en nuestro país: la violencia.

En esta serie se ha medido la violencia a partir de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes. Se ha usado la tasa más sencilla pues, aunque en algunos países ya se distingue, por ejemplo, entre homicidios de varones y mujeres o entre homicidios dolosos y culposos, ser más específicos en el tipo de homicidio es una práctica relativamente reciente. De no haberlo hecho así, hubiera sido más difícil ofrecer la comparación que se ha presentado hasta ahora.

Los seis aspectos de la vida pública con el que se ha vinculado a la violencia, medida a partir de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, ha sido la desigualdad medida a partir del indicador más común para medir esa realidad, el así llamado Índice Gini.

También se han considerado los vínculos entre la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes y la corrupción, el respeto a la libertad de expresión, así como con los datos disponibles para el número de jueces, de policías y de militares.

Para el caso de la corrupción se usó el Índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional. Para el respeto a la libertad de expresión se usó el Índice de Libertad de Prensa que desarrolla en las últimas dos décadas la organización no gubernamental de alcance global Reporteros Sin Fronteras.

Para dar cuenta del número de jueces, policías y militares, se usaron las fuentes oficiales como existen en repositorios del Banco Mundial o Oficina de las Drogas y el Crimen (UNODC) de la Organización de Naciones Unidas. Todas las fuentes usadas para cada una de las entregas de esta serie han sido debidamente referidas en las seis entregas previas.

Además de compararnos con Estados Unidos y Canadá, los dos países de la ahora zona del Tratado México-Estados Unidos-Canadá, nuestros principales socios comerciales, se han incluido comparaciones sistemáticas con toda América Central, con toda América del Sur y con un país del Caribe, la República Dominicana.

El vecino anglófono

Se puso especial cuidado a incluir en todas las comparaciones que fuera posible a Belice, nuestro vecino anglófono al Sureste que es el gran desconocido de la vida pública mexicana, a pesar de que comparte con México poco más de 145 kilómetros de la frontera que marca el Río Hondo en la península de Yucatán.

Esa tarea se cree que especialmente importante dado que, a pesar de las muy marcadas diferencias culturales, lingüísticas y de otros tipos entre Belice, El Salvador, Guatemala, Honduras y México, a Belice se le suele desestimar en casi cualquier comparación sistemática de lo que ocurre en México o en América Central.

Incluso cuando se piensa, por ejemplo, en el así llamado “Triángulo Norte de América Central”, quienes hacen comparaciones basadas en esa categoría o idea, casi nunca incluyen o refieren lo que ocurre entre Belice y los tres países de ese mítico “Triángulo Norte”.

También se incluyeron siempre que fue posible en las comparaciones a Sudáfrica y Filipinas. No se trataba sólo de tener al menos un ejemplo de África y Asia. Se trataba también de que ese ejemplo fuera de alguna manera relevante para México y otros países de América Latina con un muy alto índice en la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes.

Eso es algo que, tristemente, se cumple en el caso de Sudáfrica, cuya tasa es en la actualidad ligeramente superior a la México y se cumplía en el caso de Filipinas, cuya tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes era similar a la de México a mediados de los noventa, antes de que Felipe Calderón Hinojosa decidiera que había llegado el momento de iniciar su Guerra contra el Crimen Organizado.

Respecto de otros países de América Latina, que podrían ser muy relevantes para comprender el fenómeno de la violencia, no fue posible incluir de manera sistemática a Venezuela, pues ese país no ha reportado datos de distintos temas a los repositorios de información y no fue posible encontrar información equivalente en las páginas Web de su gobierno.

Una situación similar ha ocurrido con Paraguay y, en menor medida, con Ecuador, Perú y Bolivia, cuyas series de información en los repositorios del Banco Mundial y de la UNODC no siempre están completas o de plano no existen.

Los resultados

Al considerar sólo la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes, como se hizo en la entrega del 28 de abril, es claro que México es uno de los países más violentos de América Latina y, en ese sentido, del mundo. Nuestra tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes se ha estacionado en la banda de los 27 a los 30 asesinatos por 100 mil personas, como se hizo ver en la primera entrega de esta serie, del 28 de abril de 2023.

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México, uno de los países con mayor tasa de homicidios de América

Brasil solía acompañarnos en esa estratósfera, pero ahí la tasa se ha reducido de manera notable en los últimos años, lo mismo que en Colombia, donde la tasa incluso fue superior a la nuestra.

En un sentido similar, nuestra tasa era, hace 15 años, a mediados de la primera década de este siglo, muy similar a la de Filipinas, pero México ha vivido un proceso devastador desde 2007 que la llevó a donde se encuentra ahora.

La tasa mexicana no desentona con la de los países de América Central, incluido Belice y quizás en ello debería haber un mensaje que los mexicanos deberíamos escuchar con mayor cuidado y atención.

También tenemos una tasa ligeramente inferior a la Sudáfrica, un país también afectado por serios problemas de desigualdad, que lejos de reducirse aumentó. Afortunadamente, por un breve periodo el aumento en la desigualdad no se tradujo en un aumento en los homicidios. No es posible saber qué pasó con la desigualdad en Sudáfrica luego de 2014, pues su serie acaba ahí, pero sabemos que, tristemente, desde 2012 la tasa de homicidios repuntó.

Y, como se hacía ver en esa entrega de finales de abril, las proyecciones que se pueden hacer a partir de la tasa de homicidios a los próximos cinco y diez años no son, en modo alguno optimistas.

Algo muy radical tendrían que hacer los próximos dos presidentes de la República, sin importar de qué sexo o de qué partido sean, para que pudiera ocurrir un cambio en esas tendencias, como se puede observar en la gráfica que se presenta a continuación que, además de la tasa de homicidios por cada 100 mil habitantes de 1990 a 2019, incluye la línea de tendencia a 2033 para ese indicador.

¿Y la corrupción?

Como se hizo ver en la entrega del viernes 12 de mayo de 2023, la corrupción es otro de los factores que explica por qué muchos de los países con más altas tasas de homicidios padecen también de un alto Índice de Percepción de Corrupción.

Con voz propia

Corrupción, el otro hilo de la madeja en la violencia

Creo que el sentido de la relación es que la mayor percepción de corrupción está asociada con un mal desempeño de los sistemas de seguridad pública y de procuración y administración de justicia.

Cualquier esfuerzo sincero para reducir la violencia que padecemos en México tendría que pasar por un esfuerzo igualmente sincero para reducir el Índice de Percepción de la Corrupción. México, en ese sentido, no hizo la tarea.

No la hizo con Calderón, que legitimó -desde Acción Nacional- muchas de las prácticas del Partido Revolucionario Institucional, como el “diezmo”, es decir, la obligación de que los proveedores del gobierno federal entregaran una “mordida” o “coima” del diez por ciento al intermediario, una práctica elevada a grado de arte por el más famoso de los hermanos incómodos de los presidentes de la república, Raúl Salinas de Gortari.

Algo similar podría decirse de la compra de plazas en el sector público, que Acción Nacional innovó al incluir a las candidaturas a puestos clave de elección popular en estados que solían ser seguros para ellos.

¿Y cómo olvidar prácticas como la fabricación de culpables que sólo son posibles gracias a la corrupción que campea en los poderes judiciales de la Federación y de las 32 entidades de la República?

Desde luego que no la hizo con Enrique Peña Nieto que, de manera torpe y atrabiliaria elevó la corrupción al plano de la cultura y justificó de esa manera su incapacidad para hacer nada por lo que valga la pena recordarlo a él como presidente de la república.

Y lo peor, tampoco se ha hecho en el actual sexenio que está lleno de los episodios diarios matutinos de Operación Troleo, el show cómico-mágico-musical que Andrés Manuel López Obrador monta todos los días en Palacio Nacional pero que no sirve para absolutamente de nada, como lo demuestran los datos, tanto de la tasa de homicidios como del Índice de Percepción de la Corrupción.

La libertad de prensa

Y lo mismo puede decirse de la libertad de prensa. Si no se protege ese derecho fundamental, básico, no es posible suponer que se pudieran llegar a proteger otros derechos y no es previsible que se puedan llegar a crear las condiciones para reducir las causas estructurales de la violencia que cobra vidas.

Como se demostró en la entrega del 19 de mayo de 2023, México es el país con peor desempeño en el Índice de Libertad de Prensa en todas las comparaciones presentadas ese día. Lo es, desde luego, al compararnos con Estados Unidos y Canadá. Lo es al compararnos con América del Sur, con valores ligeramente peores a los de Venezuela, que muchos consideran—con razones válidas para hacerlo—como una dictadura.

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Violencia y libertad de prensa, el círculo vicioso

El único país en el que la situación es ligeramente peor a la de México en este indicador en América Central es Honduras y es casi igual a la que existía en Filipinas durante el gobierno de Rodrigo Duterte y mucho peor que la que ha existido en los últimos veinte años en Sudáfrica. Nada para escribir a casa.

¿Y los jueces?

La situación es muy similar, por cierto, a lo que se observa al comparar la manera en que se asocia la tasa de homicidios con la tasa de jueces por cada 100 mil habitantes, categoría en la que, además, México es uno de los países con menor número de jueces en América Latina, con un dato ligeramente mejor al de Estados Unidos.

Como se hizo ver en la entrega del 26 de mayo de 2023, es muy importante evitar una comparación simple con Estados Unidos (y Canadá, Belice y Sudáfrica), pues sigue un modelo judicial basado en la así llamada Common Law.

Ese modelo es totalmente distinto al mexicano, que es un híbrido de las tradiciones judiciales del Código Civil francés y de las prácticas heredadas del derecho colonial español.

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México, con menos jueces que toda Latinoamérica

A México le faltan jueces. Tristemente, cuando se ha tratado de construir las posibles soluciones a los problemas de justicia en México, no se ha optado, por ejemplo, por la prevención. Ello implicaría reducir, por ejemplo, la desigualdad y mejorar el acceso a los servicios de educación y salud.

Tampoco se ha optado por mejorar la impartición de justicia con un mayor número de jueces que nos ahorre el oprobio de tener a reos en prisión preventiva por más de 15 años, como suele suceder en México.

Lejos de ello, se ha hecho todo por no invertir para lograr esa solución. Como con la corrupción es algo que no es exclusivo del actual gobierno. Es una tendencia a la que no se resisten ni Morena, ni el Partido Acción Nacional ni el Revolucionario Institucional.

Policías, militares y homicidios

Ello se puede comprobar al considerar los resultados de la entrega del 2 de junio de este año. Ese día demostré que México es uno de los países con mayor tasa de policías por cada 100 mil habitantes. Es posible, además, que esas policías estén afectadas por la corrupción, lo que es una suerte de trifecta de la violencia.

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Homicidios y policías, una relación complicada

Tristemente, en este como en otros asuntos, el gobierno de México en los últimos 30 o 40 años gasta mucho y gasta mal, lo que termina por abrirle la puerta a hechos como la masacre de los normalistas de Ayotzinapa que demuestra cuál es una de las funciones clave de los directores municipales de policía. No era proteger a posibles víctimas o impedir posibles ilícitos. Era garantizar la impunidad de quienes masacraron a esos jóvenes.

Las respuestas que se han tratado de dar a esto han sido, sea de parte de panistas, de priístas o de morenistas, las mismas: mayor centralismo, sea con la fórmula del “Mando Único” o con la militarización directa o indirecta, como con la creación de la llamada Guardia Nacional de López Obrador que busca resolver el problema de la corrupción al concentrar más poder en manos de los generales de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Y, como se hizo ver en la entrega del 9 de junio, la semana pasada, no hay evidencia, salvo en el caso de Colombia, de que al aumentar el número de militares se reduzca la violencia.

Como se puede ver, ya hay en estos resultados apuntados a grandes trazos el germen de una respuesta al problema de la violencia en México. Esa respuesta se presentará con mayor detalle en la entrega final de esta serie sobre la violencia en México la próxima semana.