Cortesía: Los Ángeles Press

Sufrieron tortura al ser arrestados o dentro de la prisión por parte de las policías, fuerzas armadas o autoridades penitenciarias.

La tortura, el maltrato y las deficiencias en atención médica y alimentación son realidades diarias en las cárceles de México.

Por Guadalupe Lizárraga

Ciudad de México.- La senadora Nestora Salgado García recibió más de mil 500 reportes por casos de tortura cometidos en detenciones arbitrarias o dentro de las prisiones federales y estatales durante los últimos veinte años en México. Su oficina los canalizará a las distintas instancias de derechos humanos. Se trata de casos de reos que han tenido que ser amparados en contra de las autoridades penitenciarias para evitar que sigan siendo víctimas de tortura y tratos crueles, inhumanos y denigrantes.

Las víctimas han señalado en su narrativa de hechos que las principales causas de la tortura, además de arrancarles confesiones incriminatorias, han sido por denunciar violaciones de derechos humanos dentro de los penales, como la falta de atención médica, la falta de alimentación suficiente y saludable y traslados arbitrarios lejos de su núcleo familiar.

En la visita al Senado de la República, Alejandro Lopez Ponce de León, exconvicto que pasó 22 años de prisión, incluyendo siete años más de la pena compurgada, presentó al equipo de Nestora Salgado, su caso de tortura en cárceles federales de Guanajuato (2014), Oaxaca (2015) y Michoacan (2017).

Expuso que el maltrato y las deficiencias en atención médica y alimentación han sido sistemáticas desde la administración de Felipe Calderón hasta la actualidad. Incluso las denuncias más recientes, en 2021, han sido ignoradas por las instancias de derechos humanos y del Poder Ejecutivo, del que depende el Órgano Administrativo Desconcentrado, responsable de muchas de las violaciones de derechos humanos en los centros penitenciarios. 

López Ponce de León también señaló al equipo de la senadora Salgado que las denuncias interpuestas contra las autoridades penitenciarias les generaban represalias como golpizas y aislamientos injustificados. Cuenta con 14 averiguaciones previas y carpetas de investigación, las cuales -dijo- todas se han ido a la reserva, protegiendo indebidamente a las autoridades agresoras, motivo por el que sustentó los amparos masivos con la documentación de las dependencia de gobierno que acreditaban las torturas.

López Ponce de León ha sido autorizado por más de mil 500 internos de los 15 centros federales para su representación legal.

En los expedientes entregados a la senadora Nestora Salgado se encuentran denuncias contra “la coalición de servidores públicos que presuntamente dieron forma a una estructura de delincuencia organizada en contra de los derechos de los  internos, sus familias e incluso de los trabajadores de los centros de reclusión”, especificó López Ponce de León a Los Ángeles Press. 

Casos emblemáticos de corrupción judicial

Junto con el caso de Alejandro López Ponce de León, esta periodista destacó los casos de las víctimas de Isabel Miranda Torres, quienes han sufrido reiterados eventos de tortura desde su detención arbitraria en 2006.

Es el caso de César Freyre Morales, con un protocolo positivo en agosto de 2022, y desaparecido por la Primera Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) en febrero de este año. Es también el caso de George Khoury Layón, culpable fabricado por Eduardo Margolis Sobol, quien lo mandó torturar en su detención el 2 de septiembre de 2009, fue relacionado con el falso caso Wallace y la tortura más reciente fue el 12 de junio de 2022, primero en el Cefereso número 17, de Michoacán antes de un traslado arbitrario, y posteriormente fue nuevamente golpeado y castigado en aislamiento en la llegada al Cefereso número 12, de Guanajuato. 

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Otra de las situaciones expuestas fue la tortura de Édgar Salazar Gaxiola, ordenada por agentes del Ministerio Público adscritos a la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, FEADLE, para que incriminara a su padre Crispín Salazar del asesinato de la periodista Miroslava Breach, perpetrado en marzo de 2017.

Salazar Gaxiola fue torturado y obligado a firmar hojas en blanco, para fabricarlo como testigo protegido del caso y que señalara al expresidente municipal Hugo Amed Shultz Alcaraz de haber colaborado en el asesinato. 

La senadora Nestora Salgado manifestó que hará las gestiones y actividades necesarias que estén en el ámbito de su competencia para ayudar a combatir la tortura en México.