Río Doce.- La austeridad republicana que tanto ha pregonado la izquierda ya está en marcha. No es fácil su implementación pero está caminando, se están venciendo resistencias.

Con muchas ganas de trabajar los diputados y senadores de Morena llegaron al Congreso de la Unión. Morena ha logrado un recorte de 1 mil 500 millones de pesos en el Senado. Y un ahorro de 400 millones de pesos en la cámara de diputados federal.

Se aprobó la iniciativa de Ley que impide que cualquier funcionario público gane más que el presidente. Se han eliminado los bonos millonarios a senadores y diputados. Se acabaron los vehículos y celulares con cargo al erario público. Se acabaron los delegados federales y se han eliminado siete subsecretarías de estado.

Tal y como lo prometió Andrés Manuel López Obrador en una de sus visitas al Estado de Sinaloa como candidato a la presidencia de la república, el intento privatizador del agua se detendría llegando al gobierno.

Este 6 de septiembre, la fracción parlamentaria de Morena en el Senado de la República presentó una iniciativa de reforma a la Ley de Aguas Nacionales, para impedir cualquier proceso encaminado a la privatización del servicio de agua potable.

“Este tipo de normatividad regresiva que atenta contra el derecho humano al agua, debe cortarse de raíz. Por eso se propone dejar claras las bases para una gestión pública del agua que impida los procesos de privatización’’, precisó la iniciativa publicada en la Gaceta Parlamentaria.

Fue el Senador de Morena, Martí Batres Guadarrama, quien argumentó que toda persona tiene derecho al acceso, disposición y saneamiento de agua para consumo personal y doméstico en forma suficiente, salubre, aceptable y asequible, así como a conducir investigaciones independientes de todo tipo para monitorear su calidad y proponer medidas para su uso sustentable. El Estado garantizará este derecho.

La iniciativa establece que la autoridad y administración en materia de aguas nacionales y de sus bienes públicos inherentes corresponde al Ejecutivo federal, quien la ejercerá directamente o a través de la comisión.

El financiamiento, construcción, operación y mantenimiento de la infraestructura hidráulica serán públicos. La gestión del líquido será pública y sin fines de lucro. Queda prohibida la celebración de contratos con particulares, así como el otorgamiento de concesiones totales o parciales para operar, conservar, mantener, rehabilitar, modernizar o ampliar la infraestructura y la prestación de los servicios asociados a ésta.

Con el agua no se hará negocio.

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Artículo de opinión publicado el 16 de septiembre de 2018 en la edición 816 del semanario Ríodoce.