El Estado mexicano sigue exterminando fuerzas de la verdadera izquierda mexicana como en este supuesto asalto a estudiantes de Ayotzinapa dos años después de la masacre y la desparición de lo 43.

Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional dijo que la información demuestra la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano.

MÉXICO, D.F., 14OCTUBRE2014.- Estudiantes de la Facultad de Artes y Diseño de la UNAM colocaron los retratos de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa en días pasados en el municipio de Iguala, Guerrero como parte de las actividades que se realizan durante el paro en varias facultades de la Máxima Casa de Estudios en apoyo a los jóvenes normalistas.

Regeneración, 14 de abril de 2018.- La revelación de que el ataque a los estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa pudo estar dirigido desde Estados Unidos por capos forza a las autoridades mexicanas a desmentir su “verdad histórica”, indicó Erika Guevara-Rosas, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

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“Se deben comprometer a investigar los hechos de forma seria y expedita, incluyendo a todas las autoridades que pudieran estar involucradas en este crimen horrífico. Es tiempo de que la Procuraduría General de la República ajuste su investigación y se allegue de toda la evidencia disponible”, enfatizó Guevara Rosas.

Destacó que la Información difundida refuerza los hallazgos de la investigación del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), destacó AI, por medio de un comunicado.

Cabe recordar que desde 2015 el GIEI declaró la necesidad de investigar la posible relación de grupos criminales dedicados al tráfico internacional de drogas ilícitas como un elemento clave del caso.

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“Durante tres años la Procuraduría no ha atendido adecuadamente esta línea de investigación, en lo que parece ser un esfuerzo más por ocultar lo evidente: que este caso demuestra la existencia de una enorme red de complicidades que involucran a autoridades en todos los niveles del Estado mexicano que ha permitido la comisión de violaciones a los derechos humanos y crímenes de derecho internacional”, finalizó.