Raúl Ramírez Baena*

Esta columna no pretende desprestigiar ni descalificar a las fuerzas armadas mexicanas, sólo hacer precisiones sobre el contexto de los hechos en que, a través de un video, se observó a un militar ejecutar a un civil en enfrentamiento con las bandas de robo de gasolina en el poblado de Palmario, Puebla, el 4 de mayo pasado.

Vimos a la policía militar combatir a las bandas de robo de gasolina, llamados “huachicoleros” (el huachicol es una bebida alcohólica adulterada, derivada de la caña de azúcar), actividad vinculada a la delincuencia organizada que, hasta el año 2006, era una actividad de la delincuencia común para sostener a familias pobres en estados como Puebla, Tamaulipas, Guanajuato, Sinaloa y Jalisco, ocupando Puebla el primer lugar.

A partir del sexenio anterior, el robo de combustible se convirtió en un negocio de grandes proporciones en donde se involucraron ya cárteles como los Zetas y la Familia Michoacana, duplicando de 2011 a 2012 la extracción clandestina de gasolinas. La actividad creció exponencialmente a raíz del gasolinazo del 1 de enero de este año.

Según Guillermo Valdés, ex director del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN) de 2007 a 2011, las tomas clandestinas en el país se dispararon hasta un 800 por ciento de 2010 a 2016, generando a Pemex pérdidas aproximadas de $160 mil millones de pesos.

Las funciones constitucionales de las fuerzas armadas

Las fuerzas armadas, en la defensa de la soberanía nacional, tienen la responsabilidad, entre otras, de salvaguardar los bienes de la nación, como los ductos y energéticos que mueven la producción nacional y los vehículos que circulan por todo el país. Esa es una de sus funciones constitucionales. Las que están fuera de sus facultades son las labores de prevención, investigación y persecución de los delitos, estas son atribuciones exclusivas de las autoridades civiles.

Es decir, las fuerzas armadas, ejército, fuerza aérea y marina de guerra, en este caso específico, tienen limitadas sus funciones sólo a la vigilancia y protección de los ductos y el combustible. Entonces, ¿qué hacían en el poblado de Palmario persiguiendo y enfrentando a las bandas de robo de gasolina?

No es la primera vez que se conocen violaciones graves a los derechos humanos por parte de la milicia: la represión de 1968, las torturas y desapariciones forzadas de los años 70 en la Guerra Sucia, la represión en contra de las bases del EZLN en Chiapas, las torturas y desapariciones en la guerra al narco de Felipe Calderón, las ejecuciones extrajudiciales de Tlatlaya, la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa, la tortura videograbada de una mujer el año pasado y, ahora, la presunta ejecución extrajudicial de un huatlicochero.

Es evidente la falta de conocimientos, capacitación y pericia de la milicia en actividades que no son de su competencia, como la seguridad pública; que reciben formación dirigida a “abatir” físicamente a un enemigo en una guerra formal, que no es el caso, lo que ha derivado no sólo en violaciones graves a los derechos humanos en contra de la población civil, sino también en lamentables bajas de militares en acciones de combate al crimen. Los últimos hechos en Puebla costaron la vida a 4 elementos militares.

Los estándares internacionales en materia de seguridad pública

Algunas de las normas que suelen violar las fuerzas armadas en su forzada intervención contra la delincuencia organizada son: 1) no aplicar los principios universales sobre el uso de la fuerza y de armas de fuego; 2) no aplicar el principio sobre presunción de inocencia de las personas detenidas y aseguradas; 3) allanar domicilios y aprehender a personas sin orden expedida por juez; 4) violar el debido proceso de los detenidos; 5) torturar y desaparecer a personas detenidas y, lo más grave, 6) a pesar de que en México está prohibida la pena de muerte, ejecutar extrajudicialmente a personas, aunque sean presuntos criminales.

Sobre las normas internacionales de seguridad pública y su relación con los derechos humanos, los órganos de tratados y los relatores de la ONU, la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos, han sido muy firmes con el Estado Mexicano respecto a no tolerar la intervención militar en tareas que competen a la autoridad civil, ya que las consecuencias son graves violaciones a los derechos humanos que pueden constituir crímenes de lesa humanidad de competencia de la Corte Penal Internacional.

Lamentablemente, el gobierno se escuda en la desinformación y en prejuicios de la población respecto a los derechos humanos, gracias a una endeble cultura de la legalidad, fomentando sentimientos de miedo y de odio que legitiman, justifican y aprueban la militarización de la seguridad pública, la mano dura, tortura, desaparición, ejecución, discriminación y linchamiento de presuntos criminales. Como si fuera la solución.

Esta lamentable permisividad social, que es el aval de los abusos oficiales, anima a los titulares de la Sedena y la Semar a promover y cabildear, con el apoyo de la Presidencia, el PRI y el PAN, una Ley de Seguridad Interior cuya intención es legitimar la irrupción militar en asuntos de seguridad pública, sin mediar las graves consecuencias que ello acarrea.

La indolencia oficial y la falta de solidaridad social con el respeto a los derechos humanos es lo que permiten que se repitan lamentables hechos como los que vimos en Puebla.

¿Y los que no observamos?

*Director de la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste