Diagonal.- A medio camino entre la compra y el alquiler, con usos del espacio similares a los de algunos centros sociales, pero distinto a todos ellos. El derecho de uso es una práctica extendida en Uruguay –donde 300.000 personas viven en este tipo de régimen–, Suecia, Dinamarca o Alemania. En el Estado español, sin embargo, es un movimiento embrionario, como se pudo ver en las jornadas sobre modelos alternativos de acceso a la vivienda que la cooperativa Entrepatios organizó a mediados de octubre en Madrid.

Pero, ¿qué es el derecho de uso y por qué puede ser una alternativa al tortuoso mercado de la vivienda? Nacho García, de Entrepatios, lo define rápidamente como “la capacidad de poder disfrutar de una vivienda de manera indefinida sin ser propietario”, un modelo que en Entrepatios se basa en tres pilares: el social –la comunidad es parte activa de las decisiones que afectan a la forma en que se construye–, el medioambiental –el edificio debe garantizar la buena gestión de los recursos y necesidades de los usuarios en relación al agua, transporte, residuos, etc.–, y el económico, enmarcado en el derecho de uso, en el que la propiedad de las viviendas siempre reside en manos de la cooperativa de viviendas y la financiación se obtiene en las entidades de banca ética.

En el Estado, La Borda, en Barcelona, será el primer proyecto de cesión de uso en ver la luz, después de que la cooperativa alcanzara un acuerdo con el Gobierno municipal para la cesión –a 75 años– de un solar en el barrio de Sants. Un “experimento”, como lo califica Vanesa Valiño, asesora de vivienda del Ayuntamiento de Barcelona. Una de sus integrantes, Laia Baltierrez, explica cómo en 2014 constituyeron Habitatges La Borda, una cooperativa de usuarios y consumidores que tiene como objetivo el acceso a una vivienda digna y estable para sus socias. Para ello han desarrollado un proyecto para una promoción de 28 viviendas para 50 personas en la que el uso de las mismas, y no la propiedad, sea el protagonista.

Nacho García especifica que en Entrepatios, formada por 60 cooperativistas, se plantea una aportación inicial de 40.000 euros por hogar con cuotas mensuales de 600 euros en los que se incluyen todos los gastos. Unas cantidades no accesibles para muchos bolsillos, una circunstancia que en el caso de la cooperativa de cesión de uso Village Verticale, de Lyon, se ha solucionado con la aportación de 24 hogares de los 38 de la cooperativa como vivienda social, tras llegar a un acuerdo con las instituciones.

Barcelona 7, Madrid 0

El Ayuntamiento de Madrid hasta ahora no ha impulsado ninguna iniciativa de este tipo. En Barcelona, Vanesa Valiño advierte que hay que hacer pedagogía con los actores tradicionales de las cooperativas de vivienda para justificar por qué se ceden fincas para este tipo de experimentos. Los ayuntamientos, sin competencias en vivienda pero sí en urbanismo, deben afrontar las consecuencias de un mercado desbocado: “Necesitarías como mínimo que un 30% del mercado de vivienda fuera público para incidir en el precio, ahora mismo en Barcelona tenemos el 1,5%”.

Valiño explica que, por ahora, hay siete solares distribuidos por la ciudad y que el plan municipal es abrir una licitación para procurar que la ciudadanía se organice y surja la demanda.

Otros ayuntamientos como el de Zaragoza, muy proactivo en política de vivienda, siguen atentos el desarrollo de estos proyectos, con la idea de poner en marchaexperiencias que mitiguen las consecuencias de un modelo económico que nunca ha considerado la vivienda como un derecho.