Río Doce.- El Gobierno del Estado no ha podido resolver el problema de los desplazados de 2012 y ya enfrenta nuevos desplazamientos forzados por la violencia.

De acuerdo con cifras de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano del Estado (Sedeshu), son aproximadamente 690 familias las que viven desplazadas desde hace cuatro años.

La dependencia estima que son alrededor de 2 mil 700 personas las que permanecen sin poder volver a sus comunidades.

A esas personas se suman al menos 300 familias que huyeron de los poblados de La Tuna y otros de Badiraguato, por los enfrentamientos entre el Cártel de los hermanos Beltrán Leyva y el de Sinaloa.

La Sedeshu estima que en promedio son 4.5 personas por familia en la zona rural del estado, lo que significaría que el número de desplazados por la violencia aumentó a más de cuatro mil 50 personas.

De acuerdo con la dependencia, las personas no han regresado a sus comunidades debido a que consideran que no hay condiciones de seguridad para hacerlo.

Los desplazamientos de los últimos cuatro años han ocurrido en los municipios de Culiacán, Escuinapa, Mazatlán, Sinaloa, Choix, Mocorito, Badiraguato, Ahome, Concordia y Angostura.

El Procurador General de Justicia del Estado, Marco Antonio Higuera Gómez, afirmó que en Badiraguato ya hay condiciones de seguridad para que los habitantes regresen.

“Hay un grupo permanente (de policías y militares) que se están analizando las posibilidades no solamente de mantenerlo un par de semanas sino mantenerlo de manera definitiva para dar seguridad a los habitantes”, dijo.

Desplazada dos veces

Desde hace cuatro años y cinco meses, Esperanza Hernández Lugo vive en una casa que no es suya, en un pueblo que no es el suyo; y una vida diferente a la que tenía.

Ella ha sido desplazada dos veces, primero de su comunidad en Sinaloa municipio y luego del estado, debido a que recibió amenazas y tuvo que irse a la Ciudad de México unos meses.

La mujer originaria de Ocorahui actualmente vive en el estado, pero el mes pasado fue amenazada otra vez para que deje el movimiento social que encabeza a favor de los desplazados.

Esperanza es de las miles de personas que en 2012 tuvieron que dejar sus pueblos por la ola de violencia que los azotaba y el temor a morir en los tiroteos y matanzas que se registraron en esa zona.

Es también parte de las 690 familias que desde hace cuatro años viven en casas de parientes o rentadas, que no han regresado a sus pueblos.

Para Esperanza, representante de los desplazados de Sinaloa en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el Gobierno del Estado no ha podido resolver ese problema pues solo simula que lo atiende.

El Estado solo los atiende con despensas y consultas médicas pero no garantiza la seguridad en sus comunidades para que puedan volver y eso, dijo, es lo que más anhelan.

En su caso, desde abril de 2015 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió al Estado Mexicano garantizara su seguridad debido a que fue amenazada, pero a la fecha está abandonada a su suerte y amenazada otra vez.

La Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) le retiró los rondines de vigilancia que tenía en su domicilio y lo único que recibe de la fiscalía es una despensa cada mes.

Con el gobernador Mario López Valdez ha estado pidiendo audiencia desde enero y en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la atendió por última vez en agosto del año pasado.

Con el desplazamiento de vecinos de Badiraguato la semana pasada, Esperanza revive “el horror, la desesperación, la tristeza, el dolor, la rabia, la impotencia, la frustración e incertidumbre” que vivió ella cuando tuvo que dejar su casa.

Y también, ve más lejana la posibilidad de que ellos puedan regresar a sus pueblos, pues los nuevos desplazamientos demuestran que la sierra todavía es un lugar peligroso.

Desde junio de 2011, recuerda, se acabó la tranquilidad de su pueblo con la irrupción de un grupo armado que sembró el horror en las comunidades alteñas.

“Patrullaban las comunidades en varias camionetas amenazando, hostigando en medio de fuertes balaceras llegaban a los comercios tomando lo que querían sin pagar nada, incendiando y asesinando a quien se oponía.

“En ese infierno soportamos todos esos meses aferrados a no perder lo que era nuestro y tanto nos había costado, fue el día 12 de enero de 2012 que no pudimos soportar más, estábamos enfermos de miedo y de tristeza, recoger los difuntos se hizo tarea de las mujeres, la mayoría de los asesinatos, no hubo presencia de las autoridades”, expresa.

Solo con lo que traía puesto junto con el resto de los pobladores, dejó su casa y todo lo que tenía para trasladarse a otro lugar.

Ese día, recuerda, no solo perdió amigos y vecinos y sus bienes materiales, también la estabilidad emocional, social y económica, sus raíces, sus costumbres y la seguridad de vivir en un lugar propio.

Durante semanas clamaron ayuda de las autoridades para poder recuperar sus pueblos pero nunca la obtuvieron.

Allá en la sierra de Sinaloa municipio, los habitantes contaron 36 pobladores asesinados en esos días y los cuerpos allá se quedaron pues las autoridades nunca subieron.

“Enloquecidos solo pensamos en huir, solo con lo que traíamos puesto ante la amenaza de que tomarían la comunidad y reclutarían a los hombres, huimos llenos de dolor dejando ahí tirados los cuerpos de nuestros vecinos”.

Desde entonces lamenta, están solos, sin el apoyo gubernamental que garantice que pueden regresar a los pueblos que dejaron hace cuatro años.

“A lo largo de estos cuatro años y cinco meses de lucha, uno de los obstáculos más grande ha sido la insensibilidad de las autoridades así como de la sociedad civil”.

Despensas y colchonetas

El subsecretario de Desarrollo Humano, de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano, mencionó que en la entidad la cifra de desplazados alcanzó poco más de mil 400 familias en 2012.

Señaló que la dependencia solo los apoya con lo que está dentro de sus facultades como despensas, colchonetas y los acerca al Servicio Estatal del Empleo para que consigan trabajo.

Más de la mitad decidieron regresar a sus poblados y habitar de nueva cuenta sus viviendas.

Señaló que el resto decidieron quedarse a vivir en otros municipios o consideran que todavía no hay condiciones para volver a sus pueblos.

Hasta el reporte trimestral más reciente que tienen de los Alcaldes, en 10 municipios todavía permanecen alrededor de 690 familias desplazadas.

Comentó que esas personas viven con familiares y otras optaron por rentar casas y buscaron trabajo.

“El único lugar que nos ha faltado la atención y se deriva de diversas circunstancias es en el municipio de Salvador Alvarado, Guamúchil, hay un grupo de desplazados de Sinaloa de Leyva, de Ocorahui que tiene que ver en el seguimiento que se les dio, de 113, 114 familias, aceptaron solamente 30 familias que son desplazadas”, dijo.

En algunos casos como Concordia ya están ubicados en un lugar donde se les asignaron lotes, se les otorgaron servicios y en algunos casos se le construyó vivienda, igual en Sinaloa de Leyva.

En el caso de Sinaloa municipio, Esperanza Hernández, confirmó que construyeron viviendas, pero éstas no contaban con los servicios básicos, además que les pedían 15 mil pesos.

Las casas que construyó el Gobierno Estatal, indicó, nunca fueron habitadas por los desplazados y permanecen abandonadas.

De acuerdo con un informe sobre desplazamientos internos de la Cámara de Diputados, la violencia entre comunidades y la violencia criminal han sido las principales causas de desplazamiento en México, en especial como consecuencia de la violencia generada por los cárteles de la droga, cuyos actos habrían ocasionado el desplazamiento de miles de personas a partir de 2007.

En el caso de Sinaloa, establece que los desplazamientos han ocurrido únicamente por violencia, mientras que en otras entidades también se presentan por fenómenos meteorológicos y problemas religiosos.

La información disponible, indica el documento, sugiere que donde ha habido estallidos críticos de violencia, se ha producido una ruptura del orden social tradicional seguido por el desplazamiento interno.

Las organizaciones criminales ya no sólo se pelean por las rutas de tráfico de drogas, aspiran a controlar cada vez más territorio en general y estos actos de violencia han obligado a las personas a huir de forma individual y en masa en las zonas rurales y urbanas.

Datos de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos indica que en poco más de cinco años del gobierno de Mario López Valdez, alrededor de 33 mil personas fueron desplazadas por la violencia, sobre todo en municipios ubicados en la zona serrana.

Invisibles para el Estado

Para la Comisión Nacional de Derechos Humanos el desplazamiento forzado interno es un problema invisible por las autoridades.

El informe especial Desplazamiento Forzado Interno señala que es un fenómeno no reconocido oficialmente, por lo que es necesario que el Estado Mexicano adopte una postura al respecto y emprenda acciones específicas para su atención.

“Quien sufre un desplazamiento forzado en nuestro país queda en vulnerabilidad, tanto por las condiciones inherentes al hecho mismo del desplazamiento, como por la falta de normas y capacidades institucionales específicas para la protección, acompañamiento y asistencia a las víctimas”, señala.

La dificultad para abordar este tema, indica, empieza desde el hecho de que no existe una norma que establezca qué se debe entender por desplazamiento forzado o un marco de actuación.

Además, no existe información completa, actualizada y verificable sobre el número de víctimas.

El organismo pidió al Gobierno Federal y a los 31 gobiernos estatales crear una política pública integral en derechos humanos para proteger y garantizar los derechos de las víctimas, así como formular protocolos de atención para autoridades, corporaciones y funcionarios.