La comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó esta mañana con el voto de todos los partidos, a excepción de Morena, el dictamen para reglamentar el artículo 29 de la Constitución y permitir que, a solicitud del Presidente, el Congreso de la Unión apruebe la suspensión de garantías o un estado de excepción en el país.

Con el apoyo del PRI, PAN, PRD, PVEM, PES y Panal, la comisión aprobó sin cambios la minuta que el Senado avaló el 9 de diciembre pasado, bajo el argumento de que es preferible contar con un mecanismo que regule la atribución presidencial de suspender garantías en casos de invasión, perturbación grave de la paz pública u otro que ponga a la sociedad en grave peligro o conflicto.

El único partido que se posicionó y votó en contra de dicha iniciativa fue Morena; por otra parte, Salomón Tamez de Movimiento Ciudadano (MC) se quedó callado en el debate y se abstuvo en la votación, mientras que Clemente Castañeda, coordinador de MC, quien forma parte de la comisión, no se presentó.

Rocío Nahle, coordinadora de los diputados de Morena, señaló que en el dictamen y en el contenido de la ley no se define “qué se entiende por perturbación grave de la paz pública, conflicto o invasión”.

“Les pregunto, como está planteada la ley, ¿hay la seguridad, está garantizado el respeto al ciudadano a decirle que se le considera una amenaza pública? No”, sentenció Nahle García.

El dictamen aprobado establece que ante un riesgo a la paz pública o una invasión, se suspenderán o restringirán el ejercicio de derechos humanos y el “sacrificio temporal de derechos”, entre éstos, los derechos a la manifestación, asociación, circulación y libertad de expresión, patrimoniales, crédito o de derecho de autor.

El dictamen aprobado hoy establece: “Pueden mencionarse ejemplificativamente las perturbaciones de factores naturales como sismos, tormentas, huracanes, explosiones volcánicas, epidemias… Así como también revueltas internas de gran calado; incursiones de grupos armados internos; graves afectaciones a la paz o la estabilidad interna del propio Estado; crisis económicas que por su gravedad puedan generar alteraciones al orden público; eventos derribados de la intervención humana (casos fortuitos) como incendios, accidentes nucleares o liberación de plagas/epidemias; entre muchas otras”.

Con información de La Jornada