Pedirá el PAN castigo de entre 20 y 50 años a quien se compruebe su responsabilidad en el delito de desaparición forzada, informó Rubén Camarillo Ortega.
Dijo que nuestro país mantiene un importante rezago en materia de castigo a las desapariciones forzadas y sin duda la falta de una legislación específica que castigue este delito ha sido factor para que en el país este problema haya crecido de forma exponencial.
El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que en los últimos 9 años han desaparecido 22 mil 520 personas en el país, de estas personas desaparecidas, 4 de cada 10 ocurrieron en los dos últimos años, es decir, entre el 2013 y el 2014, situación que revela el alarmante crecimiento de este fenómeno delincuencial.
Ante esta preocupación, los diputados del PAN nos comprometemos a impulsar una iniciativa de Reforma Constitucional en materia de seguridad, a efecto se respeten los derechos humanos, la institucionalidad, legalidad y que se privilegie la honradez y la transparencia, en todos los ámbitos de Gobierno, en especial en los cuerpos de seguridad, dijo el diputado Camarillo.
Agregó que revisarán con total responsabilidad las minutas que envíe la colegisladora y procedan del Ejecutivo en materia de seguridad Pública, a fin de tener herramientas que nos permitan combatir este problema.
Puso como ejemplo el hecho de que el Grupo Parlamentario del PAN presentará la Ley Reglamentaria del Uso Legítimo de la Fuerza Pública, a efecto de que los cuerpos de seguridad pública y las Fuerzas Armadas participen en las tareas de seguridad interior de combate a la delincuencia, siempre dentro del marco de respeto a los derechos humanos y con una mayor claridad jurídica.
Los Diputados del PAN buscaremos impulsar la aprobación de la Ley General para Prevenir, Investigar, Sancionar y Reparar la Desaparición de Personas, con objeto de tipificar el delito de desaparición forzada y fijar penas de prisión de 20 a 50 años.
Creemos que al brindar un marco legal eficaz, dotaremos a los jueces herramientas jurídicas para poder juzgar con mucha mayor justicia y energía a quienes cometen este tipo de delitos que tanto dañan al país, dijo.