Sucedió en Guadalajara. Una mujer en medio del dolor y la angustia interpone una denuncia judicial en contra de Miriam Yukie G. P., por usurpación de funciones públicas o de profesión, uso indebido de uniformes e insignias, y lesiones.

Y es que Miriam Yukie se ostentaba como egresada de la carrera de medicina de la Universidad Autónoma de Sinaloa (UAS), donde supuestamente había estudiado para realizar las delicadas tareas de un cirujano plástico.

Se había hecho de una buena cantidad de títulos y diplomas y estos documentos decoraban los muros de su consultorio, además de convencer a sus clientes interesados en mejorar su apariencia física.

Sin embargo, no era suficiente, había que saber de lo que se trata la especialidad médica para no cometer errores, lo que finalmente sucedió y vinieron los problemas. La mujer fue denunciada y encontrada culpable; pasó 12 años 4 meses en el Penal Femenil de Puente Grande.

La historia es una de tantas que se encuentran en la larga lista de fraudes contra quienes buscan auxilio rápido y milagroso a sus problemas físicos, reales o infundados. Su oferta era larga, “bajar de peso y medidas, desvanecimiento de arrugas, aumento de senos, glúteos, piernas y demás puntos deseables”. Todo además a precios de ganga. No le faltaban clientes, no sólo en Guadalajara sino también en Tequila, Mascota, Talpa…. La empresa iba viento en popa, hasta que los pacientes sometidos a sus intervenciones empezaron a sentirse mal, incluso a ser atendidos de urgencia.

Un ejemplo fue la mujer que interpuso la denuncia: perdió las glándulas mamarias producto de las sustancias químicas aplicadas sin conocimiento de causa. Cuando se supo de este caso fueron más pacientes a interponer denuncias ante la Procuraduría General de Justicia del Estado de Jalisco (PGJEJ), hasta llegar a más de 70 causas abiertas. Su caso y el de las pacientes se volvió un asunto de gran interés mediático, incluso la señora alcanzó en ellos el mote de “la matabellas”.

No todos los casos procedieron, pero si 33 de ellos contaron con elementos suficientes para proceder judicialmente. Así, el 12 de abril de 2002 fue detenida e ingresó en prisión. Tiempo después salió bajo fianza con la obligación de presentarse periódicamente a firmar ante el juez. Pero cometió un error. En dos ocasiones no asistió al juzgado y en una no llegó a una diligencia. Y el juez decidió entonces confinarla en un hotel para evitar su fuga.

El 24 de julio de 2002 la PGJEJ la acusó por los delitos contra la salud en su modalidad de prescripción de medicamentos sin autorización, por lo que fue consignada. Pasaría prácticamente una década antes de que llegara una sentencia. Y ésta fue el 19 de agosto de 2011, con una condena de 18 años de prisión. Su defensa apeló y el Supremo Tribunal de Justicia redujo la sentencia a 12 años 4 meses, además del pago de más de medio millón de pesos a cinco de las víctimas. Se le liberó el pasado 24 de noviembre.

La historia de la usurpación de profesiones no es nueva y existen una gran cantidad de títulos y cédulas profesionales apócrifos en consultorios y despachos o han sido presentados para alcanzar un trabajo. Lo más demandados, según la Secretaría de Educación Pública (SEP), son los de bachiller, médico, enfermera y abogado.

Hay tolerancia ante la emisión de estos títulos en internet incluso en la defeña Plaza de Santo Domingo, a unos pasos de las oficinas centrales de la SEP, donde durante muchos años se han expedido este tipo de títulos con absoluta discrecionalidad por unos miles de pesos.

La UAS misma sufrió un rumor por la emisión de títulos sin sustento académico, producto de que unos vivillos habían encontrado un nicho para hacer su agosto y esto coincidió con la decisión de las autoridades universitarias de poner orden administrativo automatizando los procesos de calificación y titulación.

Si la señora se ostentaba como egresada de la UAS, probablemente lo haya conseguido en Sinaloa o en la red de internet. Solo ella lo sabe.

El caso de “la matabellas” es un alerta que no hay que olvidar, tanto para los consumidores de tratamientos de belleza, los que compran y utilizan estos títulos, así como para las instituciones académicas qué están obligadas a estrechar los mecanismos de control en titulaciones.