El Senador de la República, Martín Orozco Sandoval consiguió que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) abriera una expectativa de solución a la problemática que enfrentan más de 4.5 millones de pequeños contribuyentes del país, al complicarse su tributación debido a la implementación de un estricto régimen fiscal derivado de la Reforma Hacendaria.
La gestión emprendida por el también integrante de la Comisión de Hacienda y Crédito Público de la Cámara Alta, abre la esperanza para el cumplimiento puntual y sin problemas de 40 mil pequeños comerciantes de Aguascalientes.
Su propuesta de una contra reforma a la Ley Fiscal y su insistencia sobre el tema ante el Secretario de Hacienda, Luis Videgaray, abrió una nueva negociación que podría derivar en volver a un Régimen de Pequeños Contribuyentes consciente y conciliador, que dé paso a una verdadera reactivación económica en el país.
En entrevista, reiteró que el actual esquema fiscal no ha funcionado y muestra de ello es que sólo el 25 por ciento de los contribuyentes bajo ese régimen han presentado sus declaraciones y solo 1.2 por ciento de los llamados Repecos. El resto –dijo-se han apegado a las constantes prórrogas o bien han optado por insertarse en la economía informal.
El Senador por Aguascalientes adelantó que entre la última semana del presente mes de noviembre y la primera de diciembre, se estará reuniendo con funcionarios del Sistema de Administración Tributaria para juntos encontrar el acuerdo que facilite su labor a los pequeños contribuyentes, “La lucha va a continuar”, prometió.
Luego de expresar su optimismo por los alcances que pudieran obtenerse de ese encuentro, mencionó que se está en tiempo de aplicar nuevas reglas para el ejercicio fiscal del año 2015.
“Independiente a la Reforma en vigor y a la aprobación del Paquete Económico 2015, el gobierno federal cuenta con las facultades para publicar en cualquier momento, nuevas reglas, lo que se traduce como “miscelánea fiscal”, explico el legislador federal.
En otra tema, Martín Orozco insistió en buscar una mayor autonomía financiera de los municipios, a partir de que los gobiernos Federal y estatales, paguen el respectivo impuesto predial por sus bienes públicos.
Mencionó que la iniciativa que propone, está siendo consensada con todos los grupos parlamentarios y sólo se excluiría a las instituciones educativas, de salud y de cultura, además de las instalaciones dedicadas a la práctica religiosa.
Refirió que los gobiernos Federal y los estatales disponen de más de 222 mil inmuebles, lo que representaría un ingreso por concepto de predial a los municipios de aproximadamente 10 mil millones de pesos anuales, según estimaciones, a reserva de tener un padrón actualizado de los inmuebles propiedad del estado.
A nivel local se estima que son más de tres mil propiedades de los gobiernos, que al tributar como lo hacen los demás contribuyentes, se estaría participando en un acto de justicia para los municipios, que son los gobiernos más cercanos a la gente, pues son los prestadores de los servicios públicos.