Reporte Indigo.- Para las familias de los más de 70 mil muertos relacionados con la guerra contra el narcotráfico que emprendió Felipe Calderón durante su sexenio, las cuentas de exmandatario siguen pendientes. Están escritas con sangre.

Por eso, el sábado 13 de septiembre, la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) solicitó a la Corte Penal Internacional (CPI) de La Haya, abrir una investigación preliminar por crímenes contra la humanidad, cometidos durante su mandato.

Aunque reconocen que este tipo de ilícitos se registraron en todo el país, el informe se concreta a Baja California, donde a partir de 2009 aumentaron los casos de tortura y desaparición forzada.

El reporte plantea que en su indagatoria, el organismo internacional solicite a las autoridades mexicanas información sobre las investigaciones y procedimientos penales abiertos para juzgar a los presuntos responsables de los delitos cometidos en contra de la población civil.

Las ONG aseguran hubo “cacerías” llevadas a cabo por servidores públicos del Estado o el Gobierno Federal.

Señalan que a los afectados, además se les acusó de ser integrantes del crimen organizado y se les ‘sembraron’ armas y drogas como evidencia. Todo, con la intención de que el Gobierno Federal pudiera presentar a la opinión pública sus avances en la lucha contra el crimen organizado.

El documento también hace énfasis en que la impunidad prevalece.

“No se conocen investigaciones ni procedimientos penales por estos hechos contra altos mandos del gobierno, y en los casos donde se iniciaron averiguaciones previas no ha habido resultados”, refiere.

La demanda destaca que en ningún caso se ha condenado penalmente a los responsables por las conductas que podrían constituir crímenes según el Estatuto de Roma.

Esta es la segunda denuncia de este tipo que enfrenta la administración de Calderón.

En noviembre del 2011, el abogado defensor de los Derechos Humanos, Netzai Sandoval, ya había acusado al expresidente ante la CPI de La Haya por delitos de Lesa Humanidad cometidos durante su guerra contra el crimen organizado.

En respuesta, la Presidencia de la República publicó en diversos diarios un comunicado en el que afirmaba que las imputaciones en su contra eran falsas y calumniosas.

“El Gobierno de la República explora todas las alternativas para proceder legalmente en contra de quienes las realizan (las acusaciones)”, refirió Presidencia.

La denuncia había sido firmada por 18 mil 700 mexicanos en su versión en línea y 5 mil más de forma autógrafa, según refirió Sandoval a CNNMéxico en 2011.

¿Puede ser juzgado?

Las dos demandas que se han presentado ante la CPI en contra de los supuestos abusos cometidos durante el sexenio de Felipe Calderón apelan al artículo 28 del Estatuto de Roma, el cual indica que el jefe militar será penalmente responsable por los crímenes de la competencia de la Corte que hubieren sido cometidos por Fuerzas Federales bajo su mando.

Algunos especialistas en derecho internacional y penal han referido que el juicio contra Calderón es viable, sin embargo, otros aseguran que antes el exmandatario tendría que ser sometido a un juicio político ante el Congreso de la Unión o ante tribunales mexicanos.

La CPI es la única instancia permanente para juzgar el genocidio y los crímenes de guerra y contra la humanidad, pero su fiscalía debe comprobar primero si México no quiere o no puede investigar los crímenes denunciados.

Ahora duermo mejor: Calderón

En una entrevista para El País -concedida dos días después de la acusación de las ONG por crímenes contra la humanidad- Felipe Calderón sostuvo que sin su estrategia, partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen

A dos años que Felipe Calderón dejó la presidencia, las heridas a causa de su estrategia en contra del crimen organizado siguen abiertas.

Organizaciones no gubernamentales y defensoras de los derechos humanos han acusado que durante esta guerra del expresidente, militares y policías cometieron violaciones de derechos humanos generalizadas y casi ningún caso fue investigado adecuadamente.

Human Rights Watch presentó varios informes en los que aseguraba que se habñían encontrado evidencias claras de que miembros de las fuerzas de seguridad habrían participado en más de 170 casos de tortura, 39 “desapariciones” y 24 ejecuciones extrajudiciales desde que el panista asumió la presidencia y hasta el último minuto de su mandato.

Sin embargo, a Calderón eso es algo que no le quita el sueño. Al menos así lo aseguró en una entrevista para El País, publicada el 15 de septiembre.

“Ahora duermo mejor, relativamente mejor. Tengo menos problemas en qué pensar”, dijo el panista dos días después de solicitud de la (FIDH) para que se investiguen los crímenes contra la humanidad cometidos durante su mandato.

En la entrevista, Calderón admitió que hubo abusos, pero aseguró que fueron solo como excepción.

“Es cierto, las operaciones federales se multiplicaron, y lamentablemente hubo abusos, sin embargo estos fueron la excepción y no la regla y en todos los casos en que el gobierno tuvo conocimiento se actuó conforme a derecho para llevar a la justicia a los responsables”, dijo.

Con más de 70 mil muertos a cuestas a consecuencia de esta estrategia, el exmandatario sostuvo que sin este combate partes fundamentales del Estado habrían sido tomadas por el crimen.

“Son muchísimos (muertos). Y a mí cada uno de ellos me pesaba como ninguno, pero todos esos homicidios fueron cometidos por criminales a los que yo combatí. La gran mayoría corresponde a la lucha sin cuartel y sin escrúpulo de los grupos criminales en su disputa por el control territorial del país”, dijo al diario español.