El costo aproximado de las irregularidades en la nómina educativa de Sinaloa podría alcanzar los mil 370 millones 661 mil 146 pesos al año, según estimación realizada por el Centro de Análisis de Políticas Públicas “México Evalúa”, con base en los resultados del Censo de Escuelas, Maestros y Alumnos de Educación Básica y Especial.

En Sinaloa los docentes que están comisionados, tienen licencia, laboran en un lugar distinto a su centro de trabajo, cuentan con una plaza pese a haber fallecido, estar jubilados o haber renunciado, así como los que se ausentaron al momento de levantar el censo o se negaron a proporcionar información, representan un 17.47 por ciento de la nómina total en la entidad.

La cifra negativa coloca a Sinaloa en un octavo lugar a nivel nacional y lo ubica por encima de la media nacional en irregularidades en la nómina.

Sin embargo, los resultados del Censo Educativo, realizado por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) como parte de una estrategia federal para reestructurar el sistema educativo en México, son minimizados por el titular de la Secretaría de Educación Pública y Cultura (SEPyC) en Sinaloa y el secretario general del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) sección 53.

Radiografía del dispendio

Hace cuatro meses, la SEP y el INEGI presentaron el Censo Educativo aplicado en 273 mil centros de trabajo en todo el país, con excepción de Chiapas, Michoacán y Oaxaca, en donde se resistieron a la medida, tomada a partir de la Reforma Educativa.

Con base en los resultados, la asociación civil “México Evalúa” emitió siete recomendaciones a la autoridad educativa federal para lograr combatir el dispendio y la corrupción en el sector educativo.

Según el análisis “Radiografía del Dispendio Presupuestal”, la SEP aún debe dar a conocer la base completa de los datos recabados por el Censo e identificar a los beneficiarios de plazas irregulares; informar cuántos y quienes tienen múltiples plazas; y hacer público el listado del personal ausente al levantarse el censo y los nombres de quienes se negaron a responder.

También se requiere que la autoridad realice y presente un comparativo de la nómina estatal y los hallazgos del censo educativo y principalmente, comenzar a establecer medidas específicas para frenar el pago indebido al personal que se encuentra en alguna de las categorías irregulares identificadas.

“El análisis de la información recabada por el INEGI y hasta ahora dada a conocer parcialmente por la SEP revela serios problemas en la administración de la nómina docente-administrativa de educación básica, con implicaciones presupuestales preocupantes que demuestran el mal uso de los recursos públicos en el sector educativo mexicano”, enfatiza el documento, disponible en el portal mexicoevalua.org/dispendio-educativo.

“En Sinaloa el problema es chiquito”

Una de las irregularidades más preocupantes es la existencia de personal en nómina a quien no conocen en el centro de trabajo al que está asignado, una figura popularmente conocida como “aviadores”.

Según las cifras del censo, en Sinaloa podrían existir 2 mil 561 aviadores, que representarían a un 3.72 por ciento de la nómina total en la entidad, lo que la coloca en el quinto lugar nacional con más “aviadores”.

Esta cifra es rechazada enérgicamente por Francisco Frías Castro, titular de la SEPyC: “No hay absolutamente ningún maestro que pueda decir yo si cobro y no trabajo, todo mundo tiene una ocupación que realizar”.

Entrevistado al concluir la ceremonia por el inicio del ciclo escolar del CONAFE, Frías Castro respondió que éstos “no son datos oficiales, son datos que les gustan a ustedes los medios para difundirlos, nosotros trabajamos con datos oficiales, es la manera en que ellos interpretan los datos del INEGI. De modo que tienen derecho de interpretar como ellos quieran”.

El funcionario estatal aseguró que las cifras obtenidas por el Censo Educativo se han magnificado y el problema de Sinaloa no es del tamaño que se señala. “Lo digo y lo afirmo, es chiquito, como hay en todos los lugares, no hay sociedades ni gobierno perfecto en ninguna parte del mundo. Es mínimo, de eso de gente que cobra sin trabajar, ninguno”, defendió.

El INEGI no es autoridad: SNTE

Según el Censo Educativo, en Sinaloa hay mil 428 trabajadores de la educación que están en nómina pero cuentan con una licencia o están comisionados. Esta cifra representa el 2.09 por ciento de la nómina total en el estado y ubica a Sinaloa en el 12 lugar nacional con más personal comisionado, por encima de la media nacional la cual alcanza el 1.37 por ciento.

Los trabajadores que están jubilados, pensionados, fallecidos o renunciaron pero permanecen con un estado activo en la nómina, suman tres mil 350, lo que equivale a un 4.86 por ciento de la nómina total en Sinaloa.

José Silvino Zavala Araujo, secretario general de la Sección 53 del SNTE, al cual están adscritos los profesores del estado, simplemente dice desconocer al INEGI como una autoridad valida. “(INEGI) No es autoridad para nosotros, los resultados para nosotros no tienen ninguna validez, yo me entiendo con el Secretario de Educación Pública, y mi compañero Salomé Rodríguez (SNTE 27) también se entiende con el Secretario”, enfatizó.

El representante estatal del sector educativo dijo que los porcentajes revelados no son de “aviadores” o personal que gana un sueldo sin trabajar, sino de problemas de carácter administrativo y mucha burocracia.

Zavala Araujo ejemplificó el proceso para dar trámite a una propuesta de plaza, el cual se llega a tardar hasta seis meses. Dijo que lo mismo sucede con los cambios de adscripción, los cuales se retrasan de oficina en oficina.

“La desconfianza del gobierno federal es para saber dónde estamos y pues ahí estamos, todos estamos trabajando. Lo que encontraron son problemas de carácter administrativo, eso fue lo que conllevó a que no encontraran a algún personal en sus funciones”, dijo.

Paradójicamente, en las escuelas públicas de Sinaloa hacen faltan servicios básicos: 2 mil 627 escuelas no tienen servicio de drenaje, mil 319 carecen de agua potable, 626 funcionan sin energía eléctrica, 516 sin sanitarios y 556 planteles necesitan una techumbre, pisos o paredes adecuados.