Gobierno del Estado retiene a sus trabajadores pagos por servicios funerarios, seguros de vida, créditos y fideicomisos de jubilación, pero no los paga a los contratistas

Ante la inminente muerte de su padre, un trabajador del Gobierno del Estado acudió a la funeraria San Martín, con la que había contratado un paquete funerario a mediados del 2010, un servicio que a lo largo de tres años y medio se le descontó puntualmente cada quincena, a través de su nómina.

En medio de la tragedia que configura la muerte, el burócrata, quien pidió ocultar su nombre por temor a represalias, se encontró con otra terrible noticia. A pesar de estar al corriente en sus aportaciones, el “patrón” no había depositado a la empresa los pagos de los últimos dos años.

Del plan, con un costo de 16 mil 320 pesos, el trabajador logró conciliar con la funeraria el rembolso de un pequeño porcentaje equivalente a los pagos que el patrón sí había realizado.

Para enterrar a su padre, la familia tuvo que completar con ahorros y préstamos.

Impactado por la situación de su compañero, otro trabajador del aparato gubernamental, quien también había contratado el servicio, solicitó un estado de cuenta en la empresa fúnebre, en el cual descubrió la misma situación: sus retenciones no habían sido depositadas desde septiembre de 2013.

A pesar de que cada quincena, a los burócratas que tienen contratado el servicio se les descuentan 170 pesos bajo el concepto de servicios funerarios, el gobierno del Estado no entrega la retención que realiza al trabajador. El destino del recurso se desconoce.

Según el informe de Resultados de la Revisión a la Cuenta Pública del semestre de 2013, la Auditoría Superior del Estado (ASE) detectó dos mil 114 retenciones que no han sido pagadas a 30 beneficiarios desde el 2012.

Pero no sólo se dejaron de pagar los contratos con la empresa funeraria, también hay adeudos con empresas de seguros de vida, créditos simples, créditos bancarios y fideicomisos de jubilación.

En la relación de beneficiarios a quienes el gobierno del Estado les debe las aportaciones del trabajador, destacan las empresas de seguros de vida Inbursa, Axa Seguros, Metlife, Magistral Agente de Seguros; las empresas funerarias Moreh Inhumaciones y San Martín y empresas
crediticias como Famsa y Crédito Fácil, entre otras.

“¿Qué están haciendo con nuestro dinero?, el dinero existe porque a mi me lo descuentan pero entonces ¿dónde está?”, cuestiona uno de los trabajadores afectados, quien muestra su recibo de nómina más reciente, donde se observa la deducción por el concepto de servicio funerario.

Mil millones en el limbo
De acuerdo con el informe de la ASE, la Secretaría de Administración y Finanzas detalló un adeudo de mil 146 millones 133 mil 584 pesos obtenidos de las retenciones efectuadas a los trabajadores y que no han sido pagadas al beneficiario desde 2012 y a lo largo de 2013.

De esa cantidad, destaca un adeudo con el Instituto de Pensiones de Sinaloa por 414 millones 624 mil 908 pesos, le sigue una cuenta con el Banco Santander por 265 millones 837 mil 307 pesos y una deuda por 203 millones 774 mil 461 pesos con ISSSTEESIN, entre otras.

Tan sólo en el segundo semestre de 2013, el gobierno estatal retuvo 27 millones 343 mil 451 pesos, por las pólizas de seguros de vida y planes funerarios contratados con seis empresas, de ese total sólo pagó 807 mil 113 pesos, generando un pasivo de 26 millones 536 mil 337 pesos.

Por ejemplo, mientras a los trabajadores se les descontó de su nómina un millón 122 mil 582 pesos para pagar el servicio de Funeraria San Martín, el gobierno estatal no realizó un solo pago en el periodo de junio a diciembre de 2013.

Otro caso es el de los seguros de vida Metlife, por el cual los trabajadores pagaron 20 millones 861 mil 793 pesos, pero el Ejecutivo tampoco entregó ningún pago en el mismo periodo.

Además de las retenciones no pagadas, la Auditoría Superior observa que la Dirección de Recursos Humanos sólo cuenta con convenios de Metfile y San Martín por la prestación del servicio, pero no existe evidencia de los convenios con Moreh Inhumaciones, Seguros Inbursa, Axa Seguros y Magistral Agente de Seguros.

En el informe de la cuenta pública, la Auditoría Superior del Estado advierte de la afectación que se le provocará al trabajador al no entregar las retenciones a los prestadores de servicios y al Instituto de Pensiones de Sinaloa.

“Pudiendo ser suspendidos los beneficios de los servicios que les brindan estas instituciones y/o empresas, así como lo relativo a las aportaciones del Instituto de Pensiones del Estado de Sinaloa, lo cual pone en riesgo que no esté en posibilidad de pagar a los trabajadores los beneficios a que tienen derecho”, destaca el informe.

Y como si mil millones de pesos no fuera suficiente, la Secretaría de Administración y Finanzas también retuvo el Impuesto sobre la Renta de la nómina de los burócratas, en el segundo semestre de 2013, por un importe total de 88 millones 046 mil 377 pesos, de los cuales no entregó 40 millones 422 mil 199 pesos.

Este movimiento irregular ya había sido señalado por la Auditoría Superior de la Federación en su informe de resultados de la fiscalización a la cuenta pública de 2012.
Al llegar el 2013, de nueva cuenta, el gobierno estatal cobró los impuestos por la nómina de administrativos, magisterio, nómina por honorarios, honorarios profesionales externos y la nómina centralizada de organismos, pero no enteró de la mitad de lo recaudado a la tesorería del gobierno federal.

No hay ningún problema: ASE
Antonio Vega Gaxiola, auditor del Estado, dijo desconocer en qué se han utilizado más de mil millones de pesos retenidos a los trabajadores del aparato gubernamental en Sinaloa.

Durante la primera rueda de prensa que el nuevo auditor ofreció a los medios de comunicación, Vega Gaxiola justificó que las retenciones por concepto de cuotas sindi cales, impuesto sobre la renta y del Instituto de Pensiones de Sinaloa son recursos operativos que se pueden disponer para gastos extraordinarios.

“Ese recurso como es operativo tu lo estas reteniendo y lo estás incluyendo en tus bancos, a veces tienes necesidad de recurrir a un gasto extraordinario y puedes disponer de ese recurso y no hay ningún problema, sí trae un origen pero no quiere decir que no puedas disponer de él”, señaló.

Sin embargo, al cuestionarle específicamente sobre el recurso retenido al empleado por concepto de servicios funerarios y pólizas de seguros, el cual de acuerdo a testimonios de trabajadores sí ha provocado una afectación, Vega Gaxiola dijo no estar enterado de ese concepto.

“En el caso de los funerales no tenía conocimiento yo, eso no tenía conocimiento”, expresó.

—¿La ASE sabe en qué se utilizó todo este recurso?, se le cuestionó.
—No lo sabemos, pero lo vamos a investigar.

El pasado martes 29 de julio, 34 diputados de la 61 legislatura del Congreso local aprobaron por mayoría la cuenta pública del gobierno estatal, pese a la moción de suspensión propuesta por la diputada perredista Imelda Castro Castro.

Castro Castro enlistó las observaciones a las retenciones irregulares a los trabajadores como una de las razones principales para suspender la cuenta del Ejecutivo hasta
que se explique a detalle el uso de los recursos.

“El tema central es la falta de claridad en las cuentas.

No sólo hay una serie de errores en todas estas cuentas, sino que hay un problema muy serio en el registro de los recursos”, enfatizó Castro Castro.

A la votación en contra de la aprobación de la cuenta pública del Gobierno del Estado, sólo se sumaron los diputados Ramón Lucas Lizárraga, del PRD; Jesús Burgos Pinto, del PRI e Imelda Castro.