Río Doce.- Vicente Zambada Niebla, su tío Reynaldo Zambada y su hermano Serafín, enfrentan ahora a la justicia norteamericana, todos en lugares distintos, todos en situaciones diferentes, pero los tres marcados por un elemento que hace imposible prever un desenlace para ninguno: el misterio.

Luego de la batalla legal emprendida por Vicente Zambada Niebla contra Estados Unidos, desde mediados de 2011 a la fecha, el gobierno de ese país empezó a agilizar una serie de acciones contra integrantes de la estructura del cártel de Sinaloa, comandada por Ismael el Mayo Zambada, principalmente contra sus familiares.

Uno de esos movimientos ocurrió en febrero de 2012, según documentos en poder de Ríodoce, cuando el Departamento de Justicia de ese país (USDOJ) giró una orden de aprehensión contra Serafín Zambada Ortiz, hijo del Mayo, acusándolo de introducir metanfetaminas y al menos cinco kilos de cocaína a ese país.

No pasaron ni dos meses de aquella acusación cuando el Gobierno de Estados Unidos dio un segundo golpe: extraditó a Jesús el Rey Zambada García a ese país, y lo recluyó en la prisión Metropolitan Detention Center de Brooklyn, Nueva York, para que enfrentara cargos por tráfico de drogas en una corte federal del Distrito Este de Nueva York.

La acusación contra Serafín rindió frutos el pasado 20 de noviembre, cuando fue arrestado por agentes de la DEA en Nogales, Arizona, caso que se filtró entre los medios de comunicación y pronto la noticia del arresto dio la vuelta al mundo.

No ha ocurrido lo mismo en torno al proceso de Jesús el Rey Zambada, cuyo caso se ha desarrollado en completo hermetismo y nadie sabe con precisión dónde está el hermano del Mayo, ni en qué etapa se encuentra el proceso judicial que le sigue Estados Unidos, si es que hay alguno.

Algo similar ocurre con el Vicentillo, cuyo caso no ha presentado avances en los últimos doce meses, puesto que el juez Rubén Castillo se la ha pasado posponiendo el inicio de juicio en cada una de las audiencias preliminares que se han sostenido, lo que hace suponer lo cruenta que ha resultado esa batalla, en donde Zambada Niebla y su defensa no parecen ceder.

Un Rey en las sombras

“Jesús Zambada García, de 52 años, nunca ha estado en nuestras cárceles. Por alguna razón su información aparece en nuestro sistema, pero físicamente aparece que nunca ha estado en ninguna de nuestras prisiones”, señaló Chris Burke, portavoz del Sistema Federal Penitenciario de Estados Unidos (BOP), al cuestionársele por el paradero del Rey Zambada.

Tampoco el Departamento de Justicia pudo o quiso responder por el paradero del hermano del Mayo, extraditado a Estados Unidos el 4 de abril de 2012 y aparentemente recluido en el Metropolitan Detention Center, una prisión localizada en Brooklyn, la cual forma parte del sistema de cárceles del BOP.

Pero al desaparecer de ese sistema, la posibilidad de que el Rey Zambada haya entrado al programa de testigos protegidos de Estados Unidos se incrementa, toda vez que a Zambada parece que se lo tragó la tierra.

David Harlow, director adjunto de Operaciones del Departamento de Inmigración y Aduanas (ICE), que supervisa el programa de Seguridad de Testigos, explicó que el protocolo desaparece toda la información de la persona, para protegerla puesto que esta persona está aportando información confidencial que, de enterarse las personas a las que, directa o indirectamente está ventilando, podrían intentar afectarlo.

“Nadie, ni la familia, sabe lo que se hace para proteger al testigo, porque se le cambia su estilo de vida y hasta su identidad”, dijo Harlow.

Por consiguiente, nadie aportará información sobre el testigo, porque se clasifica todo y se borra la información, abundó el funcionario de ICE.

Un caso parecido a testigo protegido fue el de Humberto Loya Castro, a quien le habrían retirado cargos por tráfico de drogas de una corte federal de San Diego, a cambio de que cooperara con la DEA.

Precisamente Loya Castro sería el puente de conexión entre la agencia antidrogas y Joaquín Guzmán Loera, según observó en su momento el Vicentillo, al argumentar que él como el Chapo, contaban con la anuencia de la DEA para el trasiego de droga de México a Estados Unidos, y que por ello contaba con Autoridad Pública por parte de Estados Unidos, y que por ello Estados Unidos debía dejarlo en libertad.

Pero todo lo contrario parece ocurrir en torno a ese caso, porque en lugar de que Estados Unidos lo deje en libertad, ha comenzado a mover todas las piezas posibles, como lo es la detención de Serafín Zambada.

Dane Schiller, reportero de The Houston Chronicle, ha sido uno de los periodistas que ha denunciado los acuerdos secretos que los fiscales realizan con las defensas de narcotraficantes que caen en las manos de la justicia norteamericana.

“El público tiene derecho a saber que ocurre con esos casos, porque evidentemente se ventilan situaciones que al Gobierno estadounidense no le conviene que la gente sepa, y eso no debe ser así”, explicó recientemente a Ríodoce Shiller.

Según el Departamento del Tesoro de EU, al momento de ser detenido el Rey Zambada controlaba una ruta de tráfico de narcóticos a través del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en nombre de su hermano Ismael Zambada García.

El Vicentillo: defensa feroz

Pero mientras el caso de Reynaldo Zambada parece estar encapsulado, el proceso que se le sigue a su sobrino Vicente en Chicago parece haberse estancado luego de las revelaciones que este hiciera ante el juez Rubén Castillo, a mediados de 2011.

“Dado lo sensible de la información que se está manejando, el inicio del juicio debe ser pospuesto de nuevo”, observó Castillo el pasado 12 de noviembre, para luego reprogramar otra vez la audiencia preliminar hasta el próximo 11 de diciembre.

Ni los abogados ni los fiscales quisieron comentar al respecto, pero de acuerdo con fuentes cercanas al proceso, actualmente parece haber una cacería en contra de los Zambada debido a lo tenso del proceso judicial del caso Vicente Zambada, que luce entrampado.

Con la cancelación de la audiencia pasada, ya son 13 audiencias preliminares que el juez Castillo pospone, según él, “por lo delicado de las acusaciones” por parte de la defensa, que según ha señalado, las pruebas de que Zambada Niebla actuó con Autoridad Pública están en poder de la DEA y ha exigido que estas sean reveladas para que de ese modo su defendido “tenga un juicio justo”.

El Vicentillo fue arrestado en la Ciudad de México el 19 de marzo de 2009, luego de verse con agentes de la DEA, según reconoció esa dependencia. Fue extraditado el 18 de febrero de 2010 y recluido en una prisión de máxima seguridad en Chicago.

Actualmente se encuentra encarcelado en una prisión del municipio de Milan, en el estado de Michigan.

Serafín Zambada: el contrapeso

La noticia del arresto de Serafín Zambada Ortiz se intentó mantener en secreto. Al menos Estados Unidos en ningún momento tuvo interés en revelar la aprehensión, pero tras explotar la noticia, el gobierno de ese país no tuvo otra que desclasificar la acusación y reconocer que, efectivamente, uno de los hijos menores del Mayo había sido detenido por la DEA.

Una vez ante la jueza federal, Dana Sebraw, Serafín se declaró no culpable por los cargos de tráfico de drogas y la funcionaria judicial programó la próxima audiencia preliminar para el próximo 3 de enero.

No obstante, fuentes cercanas a la familia sugieren que la aprehensión de Serafín Zambada obedece a una forma de presionar al Vicentillo, para que le baje a las pruebas que tiene en contra de Estados Unidos y que revelaría durante el juicio.

“Son casos aislados, y lo único que se pretende es traer ante la justicia a quienes conspiren contra Estados Unidos”, señalaron voceros del USDOJ.

Saji Vettiyil, abogado de Serafín Zambada, dijo después de la presentación ante la jueza que lo que quiere su defendido es limpiar su nombre y demostrar su inocencia.

“Él, como nosotros, confía en el sistema legal de este país”, dijo Vettiyil.

Serafín Zambada es nacido en la ciudad de Coronado, perteneciente al condado de San Diego, y de acuerdo con las autoridades estadounidenses, de ser encontrado culpable podría enfrentar una pena de hasta diez años en prisión, además de perder todos sus derechos de título y propiedad de bienes que haya adquirido con el dinero producto del tráfico de drogas.

Con información de CNN.