Río Doce.- Los medios de comunicación tienen la responsabilidad de develar los nexos entre narcotraficantes y políticos dentro y fuera del Gobierno, a pesar de que en países como México estos no sean castigados, lo que sí pasó en Colombia, afirmaron periodistas de este país y El Salvador.

Para María Teresa Ronderos, la multipremiada periodista colombiana, colaboradora de Semana, tallerista y conferencista internacional, lo malo de hacer públicos estos vínculos entre los gobernantes y los criminales es que se queden en el aire, impunes, y los medios informativos queden expuestos.

—¿Cómo calificas el periodismo en cuanto a la cobertura del narco en general y la corrupción y la complicidad entre los delincuentes y políticos en América Latina?

—Hay muchas diferencias y matices en el continente, pero el narco ha sido más transnacional, móvil y comunicado, y los periodistas estamos no tan comunicados y hemos sido lentos, no tenemos la movilidad que tienen ellos, y nos quedamos en registrar mucho los hechos violentos y lo que dice la Policía.

“Es poco el periodismo que se hace que va más allá, que trata de entender tendencias, de entender lujos, cómo funciona ese fenómeno transnacional y los vínculos con el poder, todavía estamos mas lejos, en alguna región alguien devela un hecho y ya, pero como generalidad nos quedamos mucho en el registro de los hechos violentos y en lo que la Policía nos va contando que va pasando”.

—Y la narcopolítica ha crecido en el continente, lo que de alguna manera superó en cuanto a lo escandaloso en Colombia.

—Creo que sí. En Colombia ha sido de los países que ha ido más lejos al develar esos vínculos en cuanto a la narcopolítica. Hay muchísimos congresistas que han sido expuestos por los vínculos no solo con los narcotraficantes sino también con los actores violentos, y creo que eso es una ganancia de Colombia. No lo hemos hecho todo, pero hemos hecho mucho, si lo vemos comparativamente

“Pero creo que en muchas regiones del continente hay millones de dólares que están entrando a las campañas políticas de manera subrepticia, millones de tratos que se están haciendo, hay una cooptación del poder local que no se ve y en ocasiones no es local y ha trascendido a ámbitos nacionales, y sin embargo eso casi no se reportea, casi no se hace público ni se expone y la justicia también en general está lejos.

Ronderos fue entrevistada en la ciudad colombiana de Cali durante el Seminario Internacional Periodismo Frente a la Criminalidad Violenta en México, Centroamérica y Colombia, organizado por el Banco Mundial y la Fundación Gabriel García Márquez para un Nuevo Periodismo Iberoamericano.

Periodista bogotana y actualmente es asesora editorial de la revista Semana, directora del sitio de Internet VerdadAbierta.com y columnista de El Espectador, y galardonada con los premios Rey de España (1997) y el prestigiado Maria Moors Cabot a la carrera periodística (2007), la también catedrática estima que las videograbaciones han permitido mostrar a la ciudadanía corrupción e impunidad que involucra a autoridades con criminales. Dijo que es lamentable que esto sí haya sido castigado en Colombia, donde cerca de un centenar de legisladores fueron detenidos y están siendo sometidos a proceso penal por estos vínculos, pero no en México.

—¿Qué papel tiene este tipo de herramientas como los videos, las grabaciones, en la develación de la corrupción y la complicidad gubernamental?

—Es un dilema porque quien mejor conoce el asunto es el criminal y está dentro, y cuando se dan estas confesiones es como una ventana a esos rincones oscuros. El dilema es cuando estas personas no hablan con libertad, que está siendo presionado. En esos casos pueden no ser ciertas, pero hay otros indicios que tienen los medios, los periodistas, que podrían llegar a confirmar lo que esa persona está diciendo.

Cuando la persona que aparece está diciendo cosas que no tienen mucho sentido porque está hablando bajo presión, no se publicaría, pero si uno está seguro que hay muchos otros elementos que confirman lo que esta persona está diciendo, es distinto. Depende mucho del criterio y concepto que tienen los periodistas para sacar este video, creo que no hay que cerrarse a eso, porque muchas veces los malos están metidos.

En este caso, el video que publica Ríodoce y que se refiere a una confesión de un guardaespaldas (del gobernador Mario López Valdez) hay pruebas y grabaciones, y es la única oportunidad que nos da de meternos o por lo menos avizorar qué hay, qué está pasando ahí dentro.

—¿Te parece que México está pasando por esa etapa en la que los narcopolíticos no son castigados?

—Pareciera que todavía no se ven los testigos muy claradamente, hay denuncias muy graves como esta, pero por ahora no se ve que la justicia esté ganando, y es preocupante porque cuando se hace uno denuncia, se arriesga, no pasa nada y se cansa el público. Se cansa uno y no pasa nada.

Nada nuevo: Saavedra

Para Ana María Saavedra, editora del diario El País, de Cali, Colombia, la narcopolítica en su país no es nada nuevo, pero tiene su principal antecedente en el llamado Proceso 8 mil, cuando se hicieron públicos los nexos entre el cártel de Cali con personajes del Poder Legislativo y el Gobierno.

“Acá no es nuevo, viene de muchos años atrás y nace en el Proceso 8 mil, que fue cuando se publicó los vínculos del cártel de Cali con la política, que infiltró la política… Hubo unos casetes que mostraron los vínculos de esta organización criminal en los 80 y 90, los mostró Andrés Pastrana luego que perdió las elecciones. Él mostró a la clase política colombiana vinculada y recibiendo plata de los Rodríguez Orijuela, y fue cuando los narcos se dieran cuenta que no era enfrentando al Estado como Pablo Escobar —líder del cártel de Medellín—, como iban a triunfar, sino corrompiéndolo”, sostuvo.

Después de esto, agregó, se dio la parapolítica, que se refiere a la infiltración de los llamados grupos de autodefensa, también conocidos como paramilitares, en la política. Muchos congresistas, recuerda Saavedra, fueron condenados a prisión por sus nexos con los criminales y los votos que captaban en los procesos electorales estaban directamente relacionados con la presencia e injerencia de los grupos delictivos en las regiones.

“Hay un senador activo, Juan Carlos Martínez, condenado por esto, y ahora está detenido. La Corte comprobó sus vínculos con las autodefensas y narcotraficantes que financiaban sus campañas y que haciendo un estudio de las votaciones y presencia de estos grupos, se dieron cuenta que las zonas en que sacaban altas votaciones eran las regiones que ellos controlaban.

Los paramilitares, añadió, financian campañas, tienen el control en algunas regiones y orientan, a través de presiones y amenazas, el voto de los ciudadanos. También, como en Sinaloa, acuden a las fiestas de las familias de los narcotraficantes, aunque esto pasa cada vez menos.

—La diferencia es que en México estos vínculos no han sido castigados.

—En el caso de Colombia están presos porque vino el Proceso 8 mil y después, cuando se comprobaron vínculos con los paramilitares y estos empiezan a contar sus versiones, son detenidos… Creo que por eso se ha disminuido un poco.

Dijo que la publicación de videos, grabaciones y otros documentos que comprueban los nexos entre delincuentes y autoridades gubernamentales han sido un recurso importante en el ejercicio periodístico, aunque debe comprobarse su autenticidad.

“Creo que es importante si se comprueba autenticidad y si se comprueban vínculos entre políticos y narcos, y se desnuda todo este fenómeno de los vínculos: desnudar, porque eso es lo que nos toca a los periodistas.

¿Quién es un narcopolítico?

Óscar Martínez, editor y coordinador de la sección Sala Negra del periódico virtual El Faro (www.elfaro.com) de El Salvador, señaló que la narcopolítica en ese país es “bastante notable y cada vez es más compleja y presente en la vida nacional”.

Los grupos de poder vinculados a la criminalidad o dedicados a ella, sostuvo, se interesan en dos puestos gubernamentales: ser alcalde o ser diputado suplente, y es en este segundo caso en el que tienen especial interés, porque no son conocidos y porque gozan de inmunidad.

“Está por ejemplo Wilberth Alexander Rivera Monge, acusado de haber enviado 12 toneladas de cocaína a Estados Unidos, ahora preso. Era diputado suplente. También Roberto Silva Pereira, extraditado cuando quería huir, quien fue acusado de haber matado a dos diputados salvadoreños en el 2009, en Guatemala… Él también era diputado suplente”, recordó.

Dijo que el Partido de Conciliación Nacional de El Salvador es el que más narcos ha tenido en sus filas, candidatos y puestos de elección y Gobierno, pero a los políticos no les interesa depurar sus filas, la honestidad ni la ética. Lo mismo pasa con otros partidos.

Martínez, quien también participó en el Seminario Internacional Periodismo Frente a la Criminalidad Violenta, en Cali, afirmó que el Gobierno federal de El Salvador da pasos atrás en la fiscalización de recursos cuando se sospecha de enriquecimiento inexplicable o lavado de dinero, y la Fiscalía de Lavado de Dinero no tiene un solo caso en siete años.

“No han querido aprobar siquiera la ley de extinción de dominio, para despojar de sus bienes a los narcos, por eso me pregunto: ¿quién es narcopolítico en El Salvador? Aquel al que le dé la gana. El Estado, este país, es un paraíso para ello”, manifestó.