El 14 de octubre de 2012, Ríodoce publicó en su edición 507 un reportaje evidenciando que el control del penal de Culiacán no lo tenían las autoridades. La hipótesis se basó en un reporte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos y el testimonio de un reo. El domingo 23 de junio, junto con la videodenuncia que vincula al gobernador de Sinaloa con el narco, Frank Armenta Espinoza, su escolta desaparecido, asegura que es Joaquín Guzmán Loera quien manda en el centro de reclusión de Aguaruto.

El 24 de septiembre del 2012, Raúl Plascencia, presidente de la CNDH, reveló que el sistema penitenciario mexicano padecía una severa crisis en materia de gobierno. En pocas palabras, aseguró que en cárceles como la de Culiacán, eran los presos quienes tenían el gobierno y no las autoridades.

Nueve meses después, el escolta del gobernador Malova, Frank Armenta Espinoza, desaparecido desde el 4 de junio de este año, no solo aseguró que López Valdez sostiene nexos con el narcotráfico, pactando algunos acuerdos como gobernador electo para crear un grupo de seguridad del crimen organizado, apoyados en el nombramiento de Jesús Antonio Aguilar Íñiguez como director de la Policía Ministerial, sino también que cedió el control del Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito en la capital sinaloense.

Ante este panorama, Vicente Hernández Barrios, presidente de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, A.C., pidió que en este caso, como otros que hay en varios estados del país, el presidente de la República intervenga para que el Estado retome el control de los penales.

“Aquí se requiere de la voluntad política del jefe máximo de la nación, no hay de otra, porque sabemos que en algunos estados se ha convertido el gobernador prácticamente en un cacique, y cuando no lo es, es un rehén de la delincuencia organizada, y por ello consideramos que debe intervenir la máxima autoridad de la nación implementando toda una serie de medidas que hagan posible el saneamiento de los centros de readaptación social. Poner orden en estos centros de poder alterno es una cuestión de seguridad nacional”, advirtió a Ríodoce al ser consultado vía telefónica.

—Ya que lo refiere, ¿será el caso de Malova que esté siendo rehén de la delincuencia aquí en Sinaloa, o es cómplice?

—Es posible, nosotros decimos que la gran mayoría de los estados en donde la delincuencia organizada ha hecho escarnio y una presencia temible, en esos estados en especial, (los gobernadores) o son rehenes o son cómplices; o son rehenes o realmente su complicidad está a la altura del cacicazgo que ejercen a nivel estatal. Es momento de que el presidente de la República ponga orden legal y constitucional dentro de las cárceles.

Manda el Chapo Guzmán

“Así vemos el control que tiene sobre el Gobierno en el estado de Sinaloa Joaquín Guzmán Loera, el Chapo Guzmán, por medio del gobernador del estado de Sinaloa, Mario López Valdez, con el que Guzmán Loera sostuvo un acuerdo en una junta con el gobernador a principios de su desempeño en el estado de Sinaloa, como gobernador electo”, dice Armenta Espinoza en el video tras exponer un audio donde un sicario preso recibe órdenes vía telefónica por parte del Cholo Iván, lugarteniente del Chapo Guzmán, para que ponga orden en el interior del penal de Aguaruto.

En la grabación, el Cholo Iván le dice a su encargado que si no les sirven los que están en la puerta, que los quite y ponga a otra gente: “Quiero que basculeen bien a los que entran (que los revisen bien) y a los celadores que bramen como una vaca para que hagan caso”.

Ante lo poco audible del audio presentado como prueba en el video, se transcribe en el mismo parte de lo que se platica en dicha llamada, y asegura Frank Armenta que el Cholo Iván le ordena al encargado que tiene dentro del penal que “le pegue una verguiza (que golpee o torture) al comandante o encargado de los celadores”.

Inmediatamente después, se escucha que algunas personas están siendo golpeadas y se aclara en el texto que se trata de trabajadores del penal.

Luego se cuestiona: “¿Cómo es posible que lleguemos a tal grado en el penal de Culiacán?”. Y enseguida se afirma: “Con razón el Cholo Iván salió fugado del penal, o más bien, salió por la puerta grande a sus anchas”.

En otra parte del video se puede escuchar que el contacto del lugarteniente del Chapo Guzmán le dice que el celador del Módulo 5 no coopera muy bien con ellos, por lo que el Cholo Iván le pregunta que si quiénes están ahí.

—Están el Caguasón, el Calamardo, el Qechi…

—¡Sácalos arrastrando a chingar a su madre! —le ordena el Cholo Iván.

Finalmente el lugarteniente del Chapo Guzmán le pide a su interlocutor que le ponga en la línea al Tamayo y el episodio del penal concluye en la videodenuncia de Frank Armenta Espinoza con una pregunta: “¿Qué le parece el control que tienen en el penal de Culiacán la gente del Cholo Iván, lugarteniente del Chapo Guzmán?”.

Amenazado o cooptado

Vicente Hernández Barrios, presidente de la Concaam, dice que le consta el fracaso absoluto del sistema de readaptación social: “Lo he visto, he recorrido el país y sabemos de la forma de operar de las cárceles”, precisa.

Lo que le consta coincide con lo que reveló el 2012 la Comisión Nacional de Derechos Humanos: culpables e inocentes bajo el mismo techo, tratos inhumanos, violación de derechos fundamentales, todo ello mezclado generando complicidades.

“Estamos hablando de redes de complicidades al interior de los penales. En esas redes de complicidad están inmersos trabajadores, funcionarios, guardias, los de la cocina, de trabajo social y sin duda quienes dirigen esos centros”, asegura.

El jurista aclara que de lo que no tenían conocimiento es que la delincuencia organizada estuviera interesada en el control directo de los penales, como se denuncia en el video del escolta del gobernador Mario López Valdez.

—¿Qué diagnóstico se hace de este caso?

—Pues, parece ser que ahora ya les está interesando y eso hace evidentemente más peligrosos los centros de readaptación social; eso los convierte en un verdadero polvorín. Me parece que tal vez esta sea la explicación a los motines que ha habido en meses recientes en Tamaulipas y Durango, básicamente.

Hernández Barrios ve con preocupación que el sistema penitenciario en México no ha rendido resultados y que al contrario, cada vez se confirma como una verdadera escuela del crimen y de ejecuciones.

—Ante el señalamiento concreto que asegura que un líder del narco controla el penal de Culiacán, ¿qué debe hacerse?

—Que el presidente de la República intervenga de manera directa, que gire instrucciones precisas y quite al personal que debe llevar a cabo el control del personal en general.

Para el jurista, dirigente nacional de abogados afiliados a la Concaam, tan terrible es ser cómplice como rehén del narcotráfico desde la investidura de un gobernante, por lo que hace un llamado, parafraseando al poeta Javier Sicilia: “Si no pueden, que renuncien”.

Y agrega: “¿No pueden llevar a cabo las funciones de sus respectivos cargos? ¡Que renuncien!, que renuncien los directores del Cereso (sic), que renuncie el gobernador (Malova) si es que está amenazado o cooptado por la delincuencia organizada”.

Esculques “sorpresa”

En lo que va del año, de acuerdo con información de la Policía Ministerial del Estado, se han llevado a cabo en el penal de Aguaruto tres esculques, de los que se han obtenido decomisos que solo muestran el fracaso del sistema penitenciario local.

El 31 de enero, Prensa de la PME reportó que tras un esculque realizado una noche antes en el Centro de Ejecución de las Consecuencias Jurídicas del Delito de Culiacán, se aseguraron un sinnúmero de puntas de acero, plantas de mariguana, pastillas psicotrópicas, bolsas con mariguana, dinero en efectivo en pesos y dólares americanos, cuchillos hechizos, una computadora y 110 teléfonos celulares, entre otras cosas.

El segundo esculque ocurrió a los tres meses, de nuevo por la noche. Fue el lunes 29 de abril y bajo similares circunstancias.

Otra vez el boletín presumió: “Se aseguraron un sinnúmero de objetos punzocortantes, drogas, dinero en efectivo, teléfonos celulares, radios de comunicación y otros objetos”.

Y el tercer esculque ocurrió, tres meses después, la noche del 30 de junio, bajo el mismo esquema, y de nuevo hubo cosas qué decomisar: dinero en efectivo, porciones de droga, puntas, cervezas, teléfonos celulares y cuchillos de cocina. Aunque no se precisaron cantidades.

En todos los casos se revisaron una veintena de módulos, y en dicha acción se integraron grupos especiales encabezados por agentes del Ministerio Público del Fuero Común y del fuero federal, además de supervisores de la Ministerial apoyados con efectivos de la Estatal Preventiva, Policía Municipal, Ministerial Federal y de Proximidad Social. El Ejército siempre se hizo cargo de la seguridad perimetral del penal.

De acuerdo con Ricardo Beltrán Verduzco, ex presidente de la Federación de Abogados de Sinaloa, lo que impera en el penal de Aguaruto, y también en el Cecjude de Ahome y el de Mazatlán, es un descontrol total, con actos de corrupción que generan ingobernabilidad.

“De todos es sabido que el control no lo ejerce la autoridad”, puntualiza.

Sobre los esculques señala que deben ser verdaderamente sorpresivos y fincarse responsabilidades a quienes no hacen bien su trabajo y descuidan las entradas, que es por donde ingresa todo lo decomisado: “Mientras no se les finque responsabilidad a esas gentes responsables de las entradas, se seguirá introduciendo lo que sea. Si encuentran esas cosas, debe fincarse responsabilidad a quien está al mando del penal”.

Pero la propia Procuraduría, omisa, no inicia la averiguación previa correspondiente, por lo que el hecho queda impune y por ello se repite.