Fernando Miranda Servín.

Desde antes que comenzara el proceso electoral duranguense, este se cubrió con una estela de vulgaridades y desaseos que a estas alturas ya ha provocado la desconfianza de la mayoría de la población. Primero fue la forma en que se eligieron al presidente y a los consejeros del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana estatal, personajes en su mayoría identificados con el priísmo local; luego sucedieron las intrigas llevadas a cabo desde el gobierno estatal para “desbaratar” la coalición formada por el PAN y el PT en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, y posteriormente vinieron las declaraciones lapidarias del diputado local priísta Luis Enrique Benítez Ojeda, en la Tribuna del Congreso estatal, denunciando a su propio partido, el PRI, y al gobernador del estado, Jorge Herrera Caldera, de querer ganar las próximas elecciones a la fuerza. También, Benítez Ojeda señaló en su intervención los tratos sucios que el gobierno estatal mantiene con algunos medios de comunicación y el ambiente de represión y persecución policíaca que existe en el estado.

Así las cosas, en Durango se está viviendo un proceso electoral viciado de origen en el que el resultado ilegal ya está más que previsto. Y es que para cualquier ciudadano observador es más que notoria la violación al tope de gastos de campaña que está haciendo el partido en el poder, el PRI, que no queriendo arriesgar absolutamente nada está utilizando los recursos públicos materiales y humanos del gobierno estatal de manera descarada, amén de la ostentosa y apabullante propaganda electoral que ha desplazado a lo largo y ancho del estado, principalmente en la capital.

“El gobierno metiéndose como se está metiendo y obligando a los funcionarios a hacer redes y haciendo reuniones con los candidatos a fuerza, tengo pruebas, tengo grabaciones, tengo documentos”, dijo el diputado priísta Benítez Ojeda en su alocución incendiaria, pero lo extraño de esto es que ante la cantidad de infracciones a las leyes electorales que están cometiendo el PRI y el gobierno estatal ninguno de los representantes de los partidos de “oposición” ni sus candidatos han protestado enérgicamente ni denunciado los hechos ante la FEPADE, como que con sus actitudes sumisas parecen aceptar silenciosamente los atropellos que cometen los priístas y su gobernador, Jorge Herrera Caldera.

Por si fuera poco, a todo esto se suma la versión de primera mano de que las próximas elecciones ya fueron pactadas por el gobierno estatal y el PRI con la coalición de facto PAN-PT. Esto explicaría la baja intensidad con la que han llevado a cabo sus campañas electorales los principales candidatos de estos partidos de “oposición”, Jorge Salum del Palacio, candidato a alcalde y el dirigente estatal del PT, Alejandro González Yáñez, candidato a diputado por el V distrito electoral.

Según la fuente proveniente del mismo equipo de campaña del candidato priísta a la alcaldía de Durango, Esteban Villegas, este comentó recientemente a sus colaboradores más cercanos que el gobierno estatal habría entregado 15 millones de pesos “a la dirigencia del PAN” para que aceptara los resultados de las elecciones de la alcaldía de Durango, “y a Gonzalo Yáñez le ofrecieron 25 millones pero no los aceptó porque también está exigiendo que el gobierno estatal le dé el control absoluto de los recursos financieros de los CADIS”, revela la fuente.

Y es que el presupuesto con el que operan los 18 Centros de Atención y Desarrollo Infantil, que proporcionan servicios de guardería, preescolar, primaria, secundaria y preparatoria, y son manejados por las dirigencias del PT y MORENA, proviene de la Cámara de Diputados a través del gobierno estatal, que es el que supervisa el manejo del dinero asignado a estos centros, que actualmente es de 115 millones de pesos anuales.

El 10 de abril pasado, el periódico Reforma publicó que Ana Carolina Ríos Páez, hija de la dirigente estatal de MORENA, María de Jesús Páez Güereca y de uno de los principales dirigentes del PT duranguense, Primitivo Ríos, recibía un sueldo superior a los 120 mil pesos mensuales como “contadora general” de los CADIS de Durango; así mismo, María de Jesús Páez y Primitivo Ríos ocupan altos cargos directivos dentro de la administración de los CADIS con sueldos superiores a los 25 mil pesos mensuales.

Como se ve, las elecciones en Durango no serán más que un pretexto para que decenas de millones de pesos provenientes del erario llenen los bolsillos de unos cuantos vivales que desde antes del día de las elecciones ya han negociado los votos de los ciudadanos y los resultados de estas, sobre todo en el municipio de Durango y sus distritos electorales.

Estos enjuagues oscuros y sucios que salen a relucir a la luz pública son los que ahuyentan a los ciudadanos de las urnas y provocan el abstencionismo, que en las últimas elecciones alcanzó más del 50% en esta entidad norteña, por lo que ahora los duranguenses que acudan a las urnas y no deseen votar por el partido en el poder, el PRI, están en una verdadera encrucijada ya que la coalición PAN-PT está en entredicho, y el PRD y Movimiento Ciudadano son ampliamente conocidos por estar totalmente domesticados por el gobierno estatal de Jorge Herrera Caldera. Al respecto, los ciudadanos duranguenses todavía recuerdan la famosa frase que al inicio del actual sexenio pronunció el Dr. José Ramón Enríquez, líder estatal del Movimiento Ciudadano y actual candidato a alcalde por este partido, apoyando al gobernador: “Ayudémosle a Jorge”.

Así, sin expectativas confiables de representatividad real ¿por quién votarán los duranguenses si ninguno de estos partidos les ofrece una alternativa seria que les ayude a resolver sus problemas más apremiantes?