(Opinión/foto: Río Doce).- El pasado 12 de abril estuvo en Sinaloa el procurador general de la República, Jesús Murillo Karam. Vino para inaugurar el Foro del Plan Nacional de Desarrollo en Materia del Sistema de Justicia Penal. Dos temas adicionales le cuestionaron los periodistas durante una breve conferencia de prensa. Uno, el destino de Javier Torres Félix, que un día antes había sido deportado de los Estados Unidos a México, una vez que el narcotraficante, miembro del cártel de Sinaloa, había cumplido su condena en aquel país. Sobre este asunto dijo que Torres Félix sería juzgado por los delitos pendientes como cualquier otro delincuente, pero se negó a decir a qué cárcel sería transferido. Hasta la fecha, es un dato que no se conoce públicamente.

El otro tema que se le planteó fue el del director de la Policía Ministerial, Jesús Antonio Aguilar Íñiguez, pues el gobernador Mario López Valdez lo seguía defendiendo a capa y espada a pesar de que se había hecho público que el comandante, encumbrado como jefe único de las policías en Sinaloa, había reprobado sus exámenes de control de confianza, hechos en la PGR en abril de 2011.

Malova había dicho que seguiría sosteniendo a Chuytoño en el cargo porque era más importante lo que este personaje hacía por Sinaloa que el respeto a la ley, argumentando, además, que estos exámenes “no son confiables”.

Sobre esta postura del gobernador fue cuestionado Murillo Karam, quien secundó a Malova diciendo que, efectivamente, esos exámenes deben mejorarse. Así, no solo el gobernador estaba promoviendo violar la ley “porque los exámenes no son confiables”, sino también el propio titular de la PGR, institución que se encarga de realizarlos.

¿Y entonces? ¿Hacia dónde hay que mirar? ¿Si los encargados de vigilar el cumplimiento de las leyes, que además juraron respetar y hacer que sean respetadas, son los primeros en violarla, qué deben hacer los ciudadanos? ¿A quién carajos acudir, a dónde?

Puede pensarse que, en un acto de cortesía, el procurador no quiso confrontarse con el gobernador huésped, pero ni en este caso se justifica que ante tan flagrante agravio a las disposiciones en materia de seguridad se actúe como si el asunto fuera solo de trámite.

Es verdad que los exámenes no han cumplido a cabalidad su propósito, que es contribuir al aseo de las corporaciones policiacas, habida cuenta la gran corrupción que existe en ellas. Pero una cosa es que se admitan las deficiencias y que las instituciones pretendan subsanarlas y otra muy distinta es descalificar estas medidas y a partir de ello hacer lo que al gobernante le venga en ganacomo si la ley no existiera.

El año pasado el mismo Sistema Nacional de Seguridad Pública admitía que al menos 33 mil policías no aprobaron sus exámenes de control de confianza en estados y municipios. Y sumando los policías federales, la cifra andaba en los 40 mil, de un total de 500 mil agentes evaluados.

Pero, entonces, lo que hay que hacer es perfeccionar el sistema, no aprovechar sus huecos para colar ahí a delincuentes, porque “son muy eficaces” (¡¿?!) en el combate a la delincuencia.

Exagerando además las virtudes de los personajes de marras (porque no es solo Chuytoño, sino también Martiniano Vizcarra y Reynaldo Zamora, los que fueron reincorporados a la Policía Ministerial, cuando ellos también fueron perseguidos por la justicia federal por sus presuntos nexos con el narcotráfico —la incorporación más reciente es la de Héctor Castillo, como subsecretario de Seguridad Pública), pues Malova inventa números y cifras para justificar su necedad.

La situación de violencia que encontró Malova se mantiene intacta. Bajan de repente los índices, pero no siempre se debe a las acciones del Gobierno, sino a los vaivenes de la guerra entre las diferentes células del narcotráfico. Pero, además, hay rubros, violaciones y secuestros, por ejemplo, que se han duplicado en los últimos dos años.

Pero, si de veras Chuytoño es tan buen policía, que explique entonces porqué no hay ningún detenido por la matanza de ocho personas en una cancha de volibol en la colonia Pemex, ocurrida el 4 de noviembre de 2011. O por qué no avanzó la investigación sobre el asesinato de cinco gatilleros de los Ántrax en la colonia Guadalupe Victoria, el 22 de febrero de 2012. ¿Están relacionados los hechos? ¿Ya resolvió el superpolicía de Malova el asesinato del comandanteLince?

Que diga también por qué no ha aclarado los asesinatos de Luis Pérez Hernández, el del periodista Humberto Millán, el de Francisco Urrea, el Fuco, y el de la vidente Martha Oralia Alonso Pérez. ¿Estos crímenes tienen alguna conexión?

Y ya encarrerado en explicaciones, pues que diga por qué él y sus sabuesos no atraparon a Marcelino Ticante Castro, el Fantasma, si a él se debía el alto índice de asesinatos en Culiacán, según declaró el propio procurador unas horas después de que se lo llevó el Ejército.

Cuando el gobernador habla de la eficacia de Chuytoño, ¿a qué se refiere? ¿Cuántos de los crímenes cometidos en Culiacán se han aclarado por la Policía Ministerial? ¿Cuántos se han consignado? ¿Cuántos narcomenudistas ha aprehendido en la capital de Sinaloa? ¿O es que aquí no se consume droga, ni se vende? ¿Cuántos halcones ha atrapado? ¿Cuántos punteros? ¿Cuántos gatilleros?

Bola y cadena

LA PREGUNTA AL GOBERNADOR es quién más, aparte de Juan Millán y Antonio Toledo Corro, le está exigiendo que mantenga en el cargo a un policía tan cuestionado. Ah, claro, “los sectores productivos”.

Sentido contrario

A SOLO DOS MESES de que sea electo el nuevo rector, no hay nada claro. En los escenarios rosalinos se apuntan Juan Eulogio Guerra, Jorge Quintero, Fidencio López Beltrán, Ignacio Velásquez Dimas… y hasta la doctora Silvya Paz Díaz Camacho, lo cual significa que la política no es lo suyo.

Humo negro

LA CONVOCATORIA DEL PRI tiene candados, sí, pero abiertos.