Cinco de los 10 mineros desaparecidos fueron encontrados sin vida, sepultados en una fosa clandestina; mientras el móvil del caso está plagado de contradicciones

Rerportaje/Fotos/Ríodoce.

El 23 de enero, 10 trabajadores de la empresa canadiense Vizsla Silver Corp. fueron privados de la libertad por un grupo armado cuando se encontraban en el residencial La Clementina, ubicado al norponiente de la cabecera municipal de Concordia.

Los mineros fueron identificados como José Manuel Castañeda Hernández, José Ángel Hernández Vélez, Francisco Antonio Esparza Yáñez, Saúl Hernández Ochoa Pérez, Antonio de la O Valdez, Ignacio Aurelio Salazar Flores, José Antonio Jiménez Nevárez, Javier Emilio Valdez Valenzuela, Javier Guillermo Vargas Valles y Miguel Tapia Rayón.

Durante días no hubo rastro de ellos, y el Gobierno Federal ordenó un operativo de búsqueda por la zona serrana del municipio de Concordia.

La primera fosa

El 5 de febrero, tras información anónima sobre posibles inhumaciones ilegales, fuerzas federales desplegaron un operativo en una parcela ubicada entre las comunidades de El Verde y Zavala, en Concordia. La Fiscalía General de la República confirmó el hallazgo de una fosa clandestina.

El sitio fue cercado por Ejército, Guardia Nacional y personal ministerial. El acceso quedó restringido. No se informó cuántos cuerpos había ni si el hallazgo estaba vinculado con los mineros desaparecidos.

El 6 de febrero, la FGR confirmó que en el lugar se habían localizado cuerpos y restos humanos. Uno de ellos presentaba características similares a uno de los trabajadores reportados como desaparecidos. Ese mismo día se informó la detención de cuatro personas presuntamente relacionadas con la privación de la libertad.

Horas después, se confirmó que habían sido extraídos siete cuerpos: cuatro el jueves y tres el viernes. Todos en avanzado estado de descomposición.

Las familias exigen información

Mientras el hermetismo oficial prevalecía, el colectivo Por Las Voces Sin Justicia solicitó a la Fiscalía estatal información clara sobre el número de cuerpos, su estado y los mecanismos de identificación. “Cada hallazgo representa la posibilidad real de encontrar a nuestros seres queridos”, señalaron.

El 7 de febrero, integrantes del colectivo viajaron por sus propios medios hasta El Verde para exigir información. Colocaron lonas y fichas de búsqueda en los cercos del predio contiguo al cementerio.

Un día después, las autoridades confirmaron la identidad de uno de los cuerpos: José Ángel Hernández Vélez, originario de Zacatecas. El 9 de febrero la cifra de identificados aumentó a cinco. La FGR informó que en el mismo predio habían sido localizados otros cinco cuerpos aún sin identificar.

Esa misma tarde se confirmó la localización de una segunda fosa clandestina, a aproximadamente 1.5 kilómetros de la primera, en las inmediaciones de la presa El Tecolote.

El 10 de febrero, la fiscal estatal Claudia Zulema Sánchez Kondo informó que se habían localizado cuatro fosas más en la comunidad de El Verde, en un punto distinto al del primer hallazgo. En dos de ellas se recuperó una osamenta; en las otras continuaban los trabajos.

Ese mismo día fueron localizados dos cuerpos más. Con ello, la cifra total de víctimas encontradas en la zona ascendió a 14.

La versión oficial: confusión

El 9 de febrero, Vizsla Silver Corp., con sede en Vancouver, informó que sus colegas del proyecto en Concordia habían sido localizados sin vida, sin precisar cifras, y que mantenía comunicación con autoridades mexicanas.

“Estamos devastados por este resultado y la trágica pérdida de vidas”, expresó su presidente y director ejecutivo, Michael Konnert.

La Cámara Minera de México confirmó la muerte de tres trabajadores identificados y exigió justicia. “No puede tratarse como una estadística más”, señaló.

El 10 de febrero, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, informó en Palacio Nacional que, de acuerdo con las primeras declaraciones de los cuatro detenidos, los trabajadores habrían sido confundidos con integrantes de un grupo criminal antagónico.

“Lo que mencionan es que fueron confundidos”, dijo al explicar que se trataba de las primeras declaraciones rendidas por los presuntos responsables.

Agregó que no existía denuncia ni registro de que la empresa hubiera sido víctima de extorsión.

También confirmó que los detenidos pertenecían a una célula de “Los Chapitos” y que la línea preliminar apuntaba a una confrontación entre grupos rivales. El gobernador Rubén Rocha Moya respaldó esa narrativa.

La refutación de las familias

Tras el sepelio del ingeniero José Manuel Castañeda Hernández en Taxco, su familia rechazó de manera categórica la versión de la “confusión”.

En entrevista con diversos medios, su hermano Jaime Castañeda afirmó que el ataque fue directo y planeado, vinculado a la extorsión que enfrentan empresas en la región.

“No hay forma, no hay una manera, no hay lógica de que se les pueda haber confundido con algún grupo armado, sobre todo porque a ellos los extrajeron de su campamento en donde estaban durmiendo”, dijo.

“Quien controla la zona sabía perfectamente quiénes eran y qué hacían”.

El padre del ingeniero, Apolinar Castañeda, aseguró que el grupo criminal exigía a la empresa el 50 por ciento de las ganancias como derecho de piso y rechazó la hipótesis oficial.

—¿Usted cómo ve la versión de que los mataron porque los confundieron?, le cuestionaron.

—Eso no es cierto, eso es lo que declararon los detenidos. La realidad es que la empresa tiene la culpa, es responsable de sus trabajadores y no los cuidó.

La postura presidencial

El 13 de febrero, en su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo retomó el caso, señaló que la versión sobre la “confusión” provino de las primeras declaraciones de los detenidos, dadas a conocer días antes por el secretario de Seguridad.

“Aquí el secretario de seguridad dio la información de que los detenidos habían dicho que habían confundido a los mineros con miembros de un grupo delictivo. Esa es la información que él da, que es la declaración de los detenidos”, explicó.

Pero inmediatamente matizó: “No solamente se le va a creer al detenido de que esta fue la causa”, afirmó, al subrayar que la Fiscalía General de la República realiza una investigación “mucho más profunda”.

Detalló que la indagatoria incluye entrevistas con familiares, otros trabajadores mineros y con la propia industria, para conocer las condiciones laborales y de seguridad en que operaban en la zona serrana de Concordia.

Entre el 5 y el 10 de febrero, el caso pasó de una fosa clandestina a seis, y de un número indeterminado de restos a 14 cuerpos localizados en distintos puntos de El Verde. La investigación continúa abierta.

Abandonan cinco cuerpos en Navolato

El miércoles 11 de febrero, mientras en Concordia se desplegaba el operativo de búsqueda de los 10 mineros, en la autopista Benito Juárez La Costera, en la sindicatura de San Pedro, Navolato, fueron localizados los cuerpos de cinco hombres en la caja de una camioneta Mitsubishi l200 color blanco, que estaba abandonada.

Horas después se confirmó que las víctimas, entre ellas un menor de edad, habían sido “levantadas” el sábado 7 de febrero, cuando regresaban de  Mazatlán y se dirigían a Ahome por la carretera de Los Mochis, a la altura de la comunidad de Macapul, donde un grupo armado los interceptó.

Además de los cinco hombres identificados como Luis Ramón, de 38 años de edad y su hijo Luis Armando, de 19 años, originarios de Mazatlán pero con domicilio temporal en Ahome, los hermanos Juan Antonio, de 29 años de edad, y José Ángel, de 17, con residencia en Los Mochis y Heriberto de 30 años de edad originario de Ahome, fue privada de la libertad una mujer identificada como Yuri, quien fue liberada con visibles huellas de tortura, horas después.