Jorge Enrique Sauma Zapata, acusado y dueño de la universidad

Mérida: abuso sexual en la Universidad Mesoamericana de San Agustín

Una denuncia por abuso sexual expone cómo el poder en la Universidad Mesoamericana de San Agustín ha sido utilizado como mecanismo de coacción.

La denuncia contra el propietario de la Universidad Mesoamericana de San Agustín describe un patrón de abuso sostenido por poder económico, influencia académica y protección institucional.

Despacho 14

El violento oficio de escribir.

Alfredo Griz/Los Ángeles Press

Aquí no hay confusión moral ni zonas grises. Lo que hay es un abuso claramente descrito, un agresor identificado y una institución que optó por protegerlo.

De acuerdo con la denuncia formal integrada en la carpeta de investigación UNAT-020848-776-2025, Jorge Enrique Sauma Zapata, empresario del sector educativo y propietario de la Universidad Mesoamericana de San Agustín, habría utilizado su posición de poder para someter sexualmente a una trabajadora y, posteriormente, poner en marcha un entramado de intimidación, acoso y encubrimiento con el objetivo de silenciarla.

No se trató de un error ni de un “malentendido”. Fue —según el testimonio asentado en la denuncia— una agresión deliberada, sostenida por amenazas explícitas y respaldada por una estructura que operó para proteger al señalado y quebrar a la víctima.

El abuso no fue improvisado; fue calculado.

Los hechos ocurrieron a plena luz del día, en octubre de 2024, dentro de una propiedad privada del indiciado en Mérida. La víctima acudió al lugar para cumplir con su trabajo como fisioterapeuta. Antes de entrar, pidió hacerlo acompañada de su esposo. La respuesta fue tajante: él no podía pasar.

Ese detalle es clave. No fue una coincidencia.

Un empleado del lugar le informó que esas eran las instrucciones. Aislarla. Separarla. Dejarla sola frente a un hombre que concentraba poder sobre su empleo, su estabilidad económica y, por extensión, la de su familia.

Ya dentro del domicilio, según la denuncia, Sauma Zapata comenzó con insinuaciones, subrayando que estaba divorciado y minimizando que ella fuera una mujer casada. Después, el relato da cuenta del paso a la violencia: la arrojó sobre una cama, la intimidó, la sometió.

La amenaza fue directa, brutal y reveladora del abuso de poder que describe la víctima:

—Si aceptas estar conmigo, sigues teniendo trabajo. Puedo ayudarte. Te conviene.

No es solo una frase. Es la síntesis de un sistema en el que el poder se ejerce como arma y el silencio se impone como condición para sobrevivir.

Eso no es seducción. Eso no es consentimiento. Eso es coacción sexual.

Después del abuso, el castigo

La víctima no habló de inmediato. Sabía lo que venía. En enero siguiente comenzaron las represalias: reducción de carga laboral, recorte de materias, aislamiento. Después, el señalamiento social. El propio Sauma Zapata, de acuerdo con la denunciante, comenzó a contar su versión, generando hostigamiento contra ella y su esposo.

El mensaje era claro: “si hablas, te destruimos”.

El esposo renunció en junio. Ella renunció después. Pero ni siquiera así cesó el acoso. Mensajes. Llamadas. Hostigamiento constante. Una persecución sostenida.

El 21 de agosto de 2025, la víctima decidió enfrentar al sistema y denunciar. Acudió a la Mesa de Delitos Sexuales. Se abrió carpeta. Se iniciaron diligencias.

Y entonces comenzó la segunda agresión: amenazas, llamadas intimidatorias, presión para desistirse. La pareja del indiciado, Mirna González, la buscó para obtener información del proceso legal. No para solidarizarse. Para protegerlo.

Después apareció el abogado del señalado, Desiderio Salazar, quien —según consta en la denuncia— jugó a dos bandas: amenaza de demanda por difamación y, al mismo tiempo, oferta de dinero si se desistía. Incluso contactó al esposo: “Acepten, y todo se acaba”.

Eso no es defensa legal. Eso es obstrucción y coacción.

La rectora: cuando la autoridad académica elige ser cómplice

Pero lo más grave no vino de un abogado ni de una pareja sentimental, sino de la rectora de la universidad. María Eugenia Sansores Rus, máxima autoridad académica de la Universidad Mesoamericana de San Agustín, acudió personalmente al domicilio de la víctima para presionarla y exigirle que se desistiera del proceso penal.

No fue un acto institucional. No fue una reunión formal. Fue acoso directo, tan grave que la familia tuvo que llamar a una patrulla para que se retirara. Ese acto la coloca —según la narrativa de los hechos— no como espectadora, sino como pieza activa del encubrimiento. Cuando una rectora usa su investidura para proteger a un presunto agresor, la universidad deja de ser espacio educativo y se convierte en refugio de impunidad.

Fiscalía: avances incompletos y silencios peligrosos

La Fiscalía practicó peritajes clave: extracción de mensajes, audios, amenazas. El peritaje psicológico, realizado en diciembre, confirmó daño emocional severo, consecuencia directa de los hechos denunciados.

El caso está listo para judicializarse. Pero hay una omisión que no puede ignorarse: al teléfono del indiciado no se le practicó peritaje. ¿Por qué no se contrastaron versiones? ¿Por qué no se revisó su dispositivo? ¿Por qué el proceso se ralentiza?

La fiscal asignada, Jazmín Cocom, ha sido señalada por la defensa de la víctima por dilatar el procedimiento, pese a que ya se solicitaron fechas para interrogar a testigos.

Lo que emerge es un patrón de hostilidad del Estado. Según testimonios internos, no es la primera vez que mujeres son acosadas por esta persona dentro del entorno universitario. Otras callaron. Otras tuvieron miedo. Incluso se señala que una trabajadora fue violada por un maestro, y que ese agresor fue protegido por Sauma Zapata y personal universitario.

Cuando una institución protege a uno, manda un mensaje a todas: aquí denunciar cuesta más que callar.

La voz que no se quebró

Hoy la víctima sigue en terapia. Vive con las secuelas, pero no se ha rendido. Quiere justicia. Quiere que la carpeta se judicialice. Quiere que el dinero, el poder y el cargo académico no estén por encima de la ley.

Porque el abuso sexual no se borra con cheques. Porque el encubrimiento también es delito. Y porque una rectora que calla o presiona no educa: corrompe.

Este caso no pide favores. Pide jueces. Pide cárcel. Pide que, por una vez, el sistema no vuelva a fallar del lado del poderoso