Cuauhtémoc Villegas Durán/Objetivo7.

Un documento oficial firmado cuando se desempeñaba como director jurídico del Instituto de Educación de Aguascalientes y actual juez Rubén Cardona Rivera, en tiempos de Lorena Martínez Rodríguez, advirtió a maestras y maestros que podrían enfrentar consecuencias penales si distribuían los libros de texto gratuitos enviados por la Secretaría de Educación Pública (SEP).

El oficio, emitido en el contexto del conflicto estatal por los nuevos materiales educativos, establece que la entrega de los libros podría constituir responsabilidades legales, advertencia que fue dirigida al personal educativo pese a que no existía una resolución judicial firme que prohibiera su distribución.

Dicha comunicación fue interpretada por el magisterio como un acto de intimidación institucional, al provenir del área jurídica del Instituto de Educación y al sugerir posibles penas de cárcel contra docentes que únicamente cumplían con sus funciones.

Especialistas en derecho educativo y docentes señalaron en su momento que los libros de texto gratuitos son material oficial de carácter obligatorio, por lo que amenazar con sanciones penales carecía de sustento jurídico y contravenía el derecho constitucional a la educación.

El caso cobra especial relevancia porque la persona que emitió la advertencia hoy ocupa un cargo como juez, lo que ha generado cuestionamientos sobre su criterio jurídico, respeto a los derechos laborales y el uso de la ley como herramienta de presión política.

Hasta ahora, no se ha informado de responsabilidades administrativas ni sanciones derivadas de la emisión de ese oficio, pese a que el documento existe y fue distribuido dentro del sistema educativo estatal.

El episodio vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre el perfil y antecedentes de quienes imparten justicia, así como los riesgos de que la legalidad sea utilizada para amedrentar y no para garantizar derechos.