Poco a poco y con la venta de una imagen de hombre bueno y al servicio de la seguridad de los mexicanos, Omar García Harfuch se posiciona como la carta fuerte de la presidente para sucederla, aunque su supuesto buen desempeño se ha visto empañado por una verdad que el Estado mexicano, Morena y los grandes medios de comunicación tratan de ocultar: los García tienen una herencia maldita y una sangre apegada al poder y la represión de los movimientos sociales y la impunidad que les da el Estado a través de las fuerzas armadas a esta familia de genocidas, desde que el patriarca, Marcelino, masacró a cientos de estudiantes en la plaza de Tlatelolco y ahora su nieto, fiel a la tradición, fue participe de la masacre de Estado que terminó con la vida de 43 estudiantes de Ayotzinapa.

A continuación por su importancia histórica y su calidad testimonial y analítica, presentamos el texto de Jaime Laguna Berber, quien fue uno de los perseguidos y reprimidos por uno de los llamados Tres García: Javier, quien fue un tristemente célebre, cacique de Jalisco.

𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 𝗣𝗮𝗻𝗶𝗮𝗴𝘂𝗮, 𝘆 𝗹𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲𝗹 ❞𝗼𝗿𝗱𝗲𝗻❞: 𝗱𝗲 𝗹𝗮 𝗗𝗙𝗦 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗽𝗿𝗲𝘀𝗶𝗱𝗲𝗻𝗰𝗶𝗮𝗯𝗹𝗲𝘀 𝗰𝗼𝗻 𝗚𝗮𝗿𝗰𝗶́𝗮 𝗛𝗮𝗿𝗳𝘂𝘀𝗰𝗵

Jaime Laguna Berber

La ficha de Adolfo Corral Cota, Joel Ruiz y otro compañero el10 de agosto de 1977 en Hermosillo, Sonora, por su participación en la Lioga Comunista 23 de Septiembre deja algo que no admite eufemismos: fueron capturados por autoridades del Estado mexicano y trasladados a la capital bajo custodia federal. No es una conjetura: quedó asentado por escrito y firmado por el entonces Director Federal de Seguridad, Javier García Paniagua. La pieza central de ese oficio dice:

❞𝙔𝙖 𝙨𝙚 𝙥𝙧𝙤𝙘𝙚𝙙𝙚 𝙖 𝙩𝙧𝙖𝙨𝙡𝙖𝙙𝙖𝙧 𝙖 𝙡𝙤𝙨 𝙙𝙚𝙩𝙚𝙣𝙞𝙙𝙤𝙨 𝙖 𝙡𝙖 𝘾𝙞𝙪𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙈𝙚́𝙭𝙞𝙘𝙤 𝙥𝙖𝙧𝙖 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙞𝙣𝙪𝙖𝙧 𝙡𝙤𝙨 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙧𝙤𝙜𝙖𝙩𝙤𝙧𝙞𝙤𝙨

𝙈𝙪𝙮 𝙧𝙚𝙨𝙥𝙚𝙩𝙪𝙤𝙨𝙖𝙢𝙚𝙣𝙩𝙚: 𝙀𝙇 𝘿𝙄𝙍𝙀𝘾𝙏𝙊𝙍 𝙁𝙀𝘿𝙀𝙍𝘼𝙇 𝘿𝙀 𝙎𝙀𝙂𝙐𝙍𝙄𝘿𝘼𝘿, 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙂𝙖𝙧𝙘𝙞́𝙖 𝙋𝙖𝙣𝙞𝙖𝙜𝙪𝙖❞.

La misma agenda incautada en la operación —con domicilios en CDMX, Sonora, Michoacán y Baja California— reforzaba la hipótesis de una red de apoyo y logística. Pero lo medular está en la línea anterior: el Estado reconoce la detención y el traslado, activando una cadena de custodia que, al romperse sin judicialización ni presentación, nos pone frente a desapariciones forzadas.

No se trató de un exceso aislado. Fue una arquitectura de la represión: interagencias, interrogatorio y “conducción de detenidos”

A mediados de los setenta, el propio aparato federal produjo planes operativos que formalizaron la coordinación entre Ejército, DFS, PGR, policías judiciales y autoridades capitalinas para “investigar, localizar y detener” a militantes de la LC23S.

El Plan de Operaciones No. Uno “Rastreo” lo expone con todas sus letras: la integración de miembros del Ejército Mexicano, la Dirección Federal de Seguridad, la PGR, la Procuraduría del DF, la Dirección General de Policía y Tránsito del DDF y la Procuraduría del Estado de México con ese propósito . El mismo documento instituye una Comisión de Seguridad con los jefes de la DFS, Policía Judicial Federal, Policía Judicial del DF, DGPyT del DDF y Policía Militar, bajo la responsabilidad de Miguel Nazar Haro; la coordinación operativa recaía en el coronel Francisco Quiróz Hermosillo .

No es menor que el plan detallara un “grupo de interrogadores” y, dentro del programa de entrenamiento, la “técnica de interrogatorio y conducción de detenidos” como componente explícito del dispositivo estatal .

El “Plan Rosa de los vientos” —otra operación firmada en papelería de Secretaría de Gobernación / Dirección Federal de Seguridad— complementaba el marco doctrinal y operativo de la represión centralizada desde Gobernación ; su despliegue cronológico aparece en registros de época: “01 de septiembre, la DFS inicia el Plan de Operaciones Rosa de los Vientos” .

Eran planes oficiales TODOS FIRMADOS POR JAVIER GARCIA PANIAGUA — con nombre y apellidos—. La literatura de investigación y los fondos consultados sobre la fundación de la LC23S documentan que la DFS, la DGIPS y la SEDENA son fuentes primarias alojadas en el AGN, utilizadas por la historiografía para reconstruir estos procesos .

Aun si las detenciones las firmaba la esfera civil (DFS), la eliminación de opositores preservó un componente militar. El testimonio de Zacarías Osorio Cruz —soldado paracaidista— en “Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México” es claro: “La Secretaría de la Defensa despachaba los documentos oficiales. El sobre sólo podía ser abierto por el comandante general de la brigada… estaban los números de las celdas de los prisioneros que debíamos recoger en el Campo Militar Número Uno” . Y más: “oficiales y clases del Ejército Mexicano han participado, de manera sistemática, en el exterminio… de opositores” .“El sobre solo podía abrirlo el comandante” deja en claro la participación militar en la eliminación

Que García Paniagua firme detenciones y traslados, mientras que la doctrina operativa preveía interrogatorios y conducción de detenidos, y la logística militar proveía instalaciones (Campo Militar No. 1) y, en casos, la ejecución clandestina, no es una coincidencia: es política de Estado.

❞𝙃𝙞𝙟𝙤 𝙙𝙚…❞ 𝙣𝙤 𝙚𝙨 𝙘𝙪𝙡𝙥𝙖𝙗𝙞𝙡𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙝𝙚𝙧𝙚𝙙𝙖𝙙𝙖, 𝙥𝙚𝙧𝙤 𝙨𝙞́ 𝙘𝙖𝙥𝙞𝙩𝙖𝙡 𝙥𝙤𝙡𝙞́𝙩𝙞𝙘𝙤

Decir que Javier García Paniagua era hijo del general Marcelino García Barragán (SEDENA, 1964–1970) no lo hace responsable de los crímenes del 68. Pero sí importa: habla de su socialización política y de la continuidad institucional que lo colocó, ya en su propio mérito, al frente de la DFS y, durante un tramo de la década, en la órbita de los “presidenciables” de orden. No sería la primera vez que, ante escenarios de crisis, el régimen baraja cartas con “perfil de seguridad”. Basta volver al lenguaje de “Rastreo” —que oficializa un mando interagencias y militariza la seguridad interior— para entender qué tipo de liderazgo buscaba el sistema cuando temía “desbordamientos” .

De Bartlett a los “candidatos de seguridad”, la cuerda no se corta

Bajo Miguel de la Madrid, Manuel Bartlett ocupó Gobernación y administró la transición del aparato de inteligencia pos-DFS (DGIPS, DISEN germen del CISEN). Fue una etapa donde la crisis dominante fue económica, pero el control político siguió descansando en SEGOB y en el reacomodo del andamiaje securitario.

No tenemos (en los fondos aportados) un documento que pruebe patrocinio directo de Bartlett sobre carreras específicas en seguridad décadas después, pero sería ingenuo negar que tejió redes con operadores que trascienden sexenios.

En ese continuum, 𝙊𝙢𝙖𝙧 𝙂𝙖𝙧𝙘𝙞́𝙖 𝙃𝙖𝙧𝙛𝙪𝙘𝙝 —𝙝𝙞𝙟𝙤 𝙙𝙚 𝙅𝙖𝙫𝙞𝙚𝙧 𝙂𝙖𝙧𝙘𝙞́𝙖 𝙋𝙖𝙣𝙞𝙖𝙜𝙪𝙖 𝙮 𝙣𝙞𝙚𝙩𝙤 𝙙𝙚 𝙈𝙖𝙧𝙘𝙚𝙡𝙞𝙣𝙤 𝙂𝙖𝙧𝙘𝙞́𝙖 𝘽𝙖𝙧𝙧𝙖𝙜𝙖́𝙣— 𝙚𝙣𝙘𝙖𝙧𝙣𝙖 𝙡𝙖 ❞𝙝𝙚𝙧𝙚𝙣𝙘𝙞𝙖 𝙨𝙚𝙘𝙪𝙧𝙞𝙩𝙖𝙧𝙞𝙖❞ 𝙦𝙪𝙚 𝙗𝙪𝙚𝙣𝙖 𝙥𝙖𝙧𝙩𝙚 𝙙𝙚𝙡 𝙨𝙞𝙨𝙩𝙚𝙢𝙖 𝙞𝙣𝙩𝙚𝙧𝙥𝙧𝙚𝙩𝙖 𝙘𝙤𝙢𝙤 ❞𝙘𝙖𝙥𝙖𝙘𝙞𝙙𝙖𝙙 𝙙𝙚 𝙘𝙤𝙣𝙩𝙧𝙤𝙡❞ 𝙚𝙣 𝙩𝙞𝙚𝙢𝙥𝙤𝙨 𝙙𝙚 𝙘𝙧𝙞𝙨𝙞𝙨.

Que se le posicione como “candidato viable” en clave de seguridad —como señalan diversos espacios públicos— no es un rayo en cielo despejado: es la misma gramática del orden que va del PRI, pasa por el PAN y llega a Morena, bajo la premisa de que la militarización (o cuasi militarización) es inevitable y hasta deseable.

Ese es el problema: se normaliza la excepción. Y cuando la excepción se vuelve regla, desaparece el umbral que separa la “conducción de detenidos” de la desaparición.

Volvamos al punto de partida.

La firma de Javier García Paniagua en la detención y traslado de Adolfo Corral Cota y dos compañeros no es un trámite: fija la responsabilidad estatal sobre tres vidas. Si hoy hay consenso en calificar esas ausencias como desapariciones forzadas, el oficio y los planes operativos citados son prueba material de custodia, cadena de mando e intencionalidad. Y son, también, un espejo: ¿cuánto de esa cultura del “orden” seguimos heredando cuando la salida política a la crisis se sintetiza —otra vez— en “pónganle el sello de seguridad”?

Desde mi lugar, resulta inadmisible que quienes se reivindican de izquierda respalden a este gobierno y, aún peor, normalicen que Omar García Harfuch sea promovido como “candidato de seguridad”, cuando el expediente CNDH/PDS/91/SON/N00038.000 sobre Adolfo Corral Cota documenta con claridad la cadena de custodia estatal que precede a su desaparición: la detención del 10 de agosto de 1977 en Hermosillo por policía municipal, su entrega a la DFS, y el oficio donde se consigna —con esa frialdad burocrática que conocemos demasiado—: ❞𝘆𝗮 𝘀𝗲 𝗽𝗿𝗼𝗰𝗲𝗱𝗲 𝗮 𝘁𝗿𝗮𝘀𝗹𝗮𝗱𝗮𝗿 𝗮 𝗹𝗼𝘀 𝗱𝗲𝘁𝗲𝗻𝗶𝗱𝗼𝘀 𝗮 𝗹𝗮 𝗖𝗶𝘂𝗱𝗮𝗱 𝗱𝗲 𝗠𝗲́𝘅𝗶𝗰𝗼 𝗽𝗮𝗿𝗮 𝗰𝗼𝗻𝘁𝗶𝗻𝘂𝗮𝗿 𝗹𝗼𝘀 𝗶𝗻𝘁𝗲𝗿𝗿𝗼𝗴𝗮𝘁𝗼𝗿𝗶𝗼𝘀❞.

Además, el testimonio recogido por la propia CNDH ubica el traslado al Campo Militar No. 1, mediando Arturo Durazo Moreno y Miguel Nazar Haro, y la conclusión oficial acredita violaciones a la seguridad jurídica, libertad personal y defensa adecuada, sin registro de puesta a disposición ni de liberación posterior. ¿Cómo se espera entonces que quienes padecimos esa maquinaria —que negó incluso en 1979 tener “un solo detenido en el Campo Militar No? 1”— hoy avalen un proyecto que recicla la misma lógica de “orden” y los mismos apellidos del aparato de seguridad?

Entiendo. 𝙀𝙨𝙤𝙨 𝙨𝙤𝙣 𝙡𝙤𝙨 𝙫𝙚𝙧𝙙𝙖𝙙𝙚𝙧𝙤𝙨 ❞𝙃𝙞𝙟𝙤𝙨 𝙙𝙚…❞

Es un contrasentido pedirle a las víctimas de la Guerra Sucia que silencien expedientes y memorias —como el de Corral Cota— para legitimar la continuidad de una salida militarizada que el régimen (PRI, PAN o Morena) vuelve a presentar como inevitable, con el aval activo o consentido de las victimas indirectas, o peor aún, los que padecieron en carne viva la tortura.

En Morena todo tiene un costo y un precio, sobre todo cuando alguien decide venderse

Referencias

• Dirección Federal de Seguridad. (julio, 1976). Plan de Operaciones No. Uno “Rastreo” [documento operativo]. Secretaría de Gobernación. (Citas: técnicas de interrogatorio).

• Dirección Federal de Seguridad. (1977, junio). Plan de Operaciones “Rosa de los vientos” [documento operativo]. Secretaría de Gobernación. (Encabezado institucional; naturaleza del plan). activación cronológica:

• Dirección Federal de Seguridad. (1977, 10 de agosto). Ficha de detención de Adolfo Corral Cota [Documento]. Exp. 100-24-1, Leg. 41, ff. 83–85; y en la Serie 11-235, Archivo General de la Nación, Ciudad de México, México.

• Duarte Rodríguez, R. (2013, junio 18). El caso de Adolfo Corral Cota, “El Chilín” (XII). Dossier Político. https://reporteroscom.blogspot.com/…/el-caso-de-adolfo…

• Gómez Álvarez, C. (2023). Prólogo a Condés Lara, E. La fundación de la Liga Comunista 23 de Septiembre. INEHRM/CeNDIA. (Fuentes primarias: DFS, DGIPS, SEDENA en AGN).

• López Limón, A. G. (2019). Guerra contra el pueblo: Desaparecidos políticos durante la primera oleada revolucionaria armada socialista en México (1965–1988). (Contexto de “Rastreo”/Brigada Especial).

• Maza, E. (1993). Obligado a matar. Fusilamiento de civiles en México. México: Proceso. (Testimonio Z. Osorio Cruz: órdenes desde SEDENA; ejecuciones; CM No. 1).