En Palacio Nacional Sheinbaum y sus colaboradores insistieron en el daño que hizo García Luna como funcionario, pero ignoran a sus víctimas.

Además de insistir en el caso García Luna, Sheinbaum condenó el ataque al diario El Debate pero dejó que sean las autoridades locales las que se pronuncien sobre los detalles del atentado.

Cortesía/Los Ángeles Press.

La actividad de este viernes 19 de octubre en Palacio Nacional sirvió para que la presidente Claudia Sheinbaum y algunos de sus colaboradores insistieran en señalar los muchos crímenes cometidos por Genaro García Luna, pero no hubo en las intervenciones de funcionarios como Pablo Gómez, el responsable de la Unidad de Inteligencia Financiera, algún asomo de que se pudiera llegar al fondo de esos crímenes.

Tampoco hubo algún asomo de una investigación en México que pudiera dar cuenta de la red que hizo posible la operación de García Luna como ocurrió durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, de la que Los Ángeles Press ha dado cuenta a lo largo de los últimos diez años.

En el mejor de los casos, se insiste en los delitos ya confirmados por la justicia estadunidense y se insinúan rutas similares en el ámbito mexicano, pero sin plantear la posibilidad de llegar al fondo de cómo fue posible que García Luna hiciera todo lo que hizo con el concurso de figuras clave del gobierno federal.

Lo hizo ya desde finales del gobierno de Ernesto Zedillo. Operó con amplios márgenes de autonomía durante los de Fox Quezada y Calderón Hinojosa. Incluso fue capaz de mantener un cargo como asesor de la secretaría de Gobernación durante el de Enrique Peña Nieto.

El de Andrés Manuel López Obrador, tan virulento en otros temas y contra otras autoridades e instituciones, no tocó ninguna de las sentencias que, de manera equívoca se impusieron a distintas víctimas de García Luna.

En ese sentido, aunque este viernes hubo un despliegue de funcionarios públicos mexicanos, que se subieron al carro de un caso construido y probado por la justicia de Estados Unidos, se antoja difícil que haya alguna disposición, de—por ejemplo—hacerle justicia a todos los culpables fabricados que García Luna creó a partir de mentiras, de torturas, de escenas criminales manipuladas o de la “siembra” de evidencia.

El vocero de Morena en la Cámara de Diputados Arturo Ávila planteó ayer jueves que diputados de ese grupo tratarán de someter a Felipe Calderón a un juicio político. Sin embargo, como se puede ver en la imagen que aparece después de este párrafo, el actual artículo 110 de la Constitución no incluye al presidente de la República entre los funcionarios considerados como posibles sujetos de ese procedimiento, mucho menos a un expresidente que abandonó el cargo hace ya doce años.

En la imagen que aparece después de este párrafo se incluyen las versiones que tienen los poderes Ejecutivo y Judicial de la Federación en sus respectivos sitios de internet que almacenan las leyes vigentes en México. El texto es el mismo y no incluye a los expresidentes como posibles sujetos de un juicio político.

En lugar de hablar de una posible reparación a las víctimas de García Luna, en Palacio Nacional se difundieron detalles del paso del reo del sistema penal de Estados Unidos por distintas dependencias del gobierno federal en México.

Una vez más se nos habló de los contratos que recibió e incluso de su posible papel en el asesinato de Luis Donaldo Colosio en 1994, sin reconocer que más allá del efecto de escándalo, esos datos resultan secundarios, pues él ya está juzgado y condenado en Estados Unidos, mientras el gobierno de México elude hablar de las víctimas de García Luna y de lo que Claudia Sheinbaum podría hacer para reparar los daños a esas personas.

Lejos de ello, la presidente prefirió atizar el fuego de la confrontación con los últimos jueces que rechazan por improcedente en distintos aspectos la reforma del Poder Judicial que sólo fue posible gracias a que Morena obtuvo fuera de las urnas lo que el resultado de la elección no les dio: la mayoría calificada en las dos cámaras del Congreso.

Una jueza federal insiste en que no se publique la reforma en el Diario Oficial de la Federación con las consecuencias inevitables en un clima de polarización y desdén por el Poder Judicial de la Federación como el que promueve el actual gobierno.

La Presidencia de la República, por medio de la consejera jurídica, Ernestina Godoy, amagó con denunciar a la jueza, como se puede ver en la nota que aparece enlazada después de este párrafo.

Hacia el final de la actividad de este viernes, Sheinbaum insistió una vez más en que el suyo no será un modelo de seguridad pública militarizada, al tiempo que minimizaba la violencia que cimbró a la Ciudad de México la noche del jueves y de la que se dan detalles en otros textos de  Los Ángeles Press hoy.

Sheinbaum dijo, en ese sentido, que será la fiscalía de la capital del país la que se hará cargo de la investigación.

Por último, reconoció los hechos de violencia que también ocurrieron en Culiacán, la capital de Sinaloa, donde las instalaciones del diario El Debate fueron objeto de un ataque en el que se habrían hecho una docena de disparos, cuatro de los cuales golpearon la fachada del diario.