El próximo Secretario de Seguridad Pública Federal, Alfonso Durazo Montaño, vino a Sinaloa a decir que no habrá pactos ni complicidades entre policías y el narco.

Además, señaló, el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador se centrará en el combate a delitos como robo de vehículos, robo a casa habitación y extorsión y secuestro; y se prevé amnistiar a los “halcones”.

El actual Senador y próximo titular de la Secretaría de Seguridad Pública Federal (SSPF) estuvo en Culiacán en el Diálogo por la Paz y el Bienestar Social al que acudieron víctimas de la violencia.

En el encuentro estuvieron también organizaciones civiles de derechos humanos.

Durazo Montaño dio a conocer parte de la política de seguridad que seguirá el próximo gobierno, en el que habrá un cambio de estrategia, en la que el uso exclusivo de la fuerza será el último recurso.

“Para nosotros la fuerza será el último recurso, como debe ser; en todo estado democrático la primera respuesta a la inseguridad debe ser de carácter social, sino tenemos capacidad como gobierno para generar las oportunidades de salud, educación y empleo, particularmente para los jóvenes, no tendremos seguridad, así pongamos un policía en cada esquina”, indicó.

A partir de 2006, dijo, se inició una guerra contra el crimen organizado basada exclusivamente en el uso de la fuerza policial y militar y solo se ha logrado que se incremente de manera exponencial la inseguridad, lo que demuestra su fracaso.

“No ignoraremos al narcotráfico y no renunciaremos por supuesto a su combate, será nuestra responsabilidad combatir a todas las organizaciones criminales en el país, pero la prioridad la centraremos en el combate a los delitos que más afectan a la población y por supuesto el combate al crimen organizado con la diferencia de que en lugar de combatirlo en su fortaleza operativa, pondremos énfasis en el combate a su fortaleza económica, que le da capacidad para operar y para corromper”, dijo.

Aseguró que: “no hay ningún interés del futuro gobierno de llegar a negociaciones con el crimen organizado, como estado tendremos la responsabilidad de combatirlo y lo haremos puntualmente”.

El funcionario federal indicó que una de las líneas estratégicas para pacificar el país será el combate a fondo de la corrupción, “de arriba hacia abajo”, primero en el Gobierno Federal y luego en los cuerpos de seguridad.

No habrá nada de complicidades, ni “moches” en los cuerpos de seguridad, señaló.

“Lamentablemente no hay crecimiento del crimen organizado sin protección policial y al mismo tiempo no hay protección policial al crimen organizado que no esté patrocinada por un alto político o un alto funcionario público, eso se va acabar y aquel o aquella que esté involucrado en protección política o administrativa a los cuerpos de seguridad que protegen criminales tendrán que pagar su responsabilidad”.

Dio a conocer que iniciarán un programa emergente para capacitar y profesionalizar a los integrantes de los cuerpos de seguridad y para mejorar las condiciones socioeconómicas con sueldos homologados y dignos en todo el país, prestaciones económicas, apoyos para sus hijos y se creará el Instituto de Seguridad para la Policía.

Anunció que en la amnistía que se pretender dar, se podría incluir a miles de jóvenes de entre 7 y 14 años que son halcones y andan armados “hasta los dientes”.

“La propaganda política ha pretendido imputarnos la intención de liberar a grandes capos y grandes corruptos, la amnistía esta muy lejos de la posibilidad de llegar a esos extremos, estamos pensando en aquellas, aquellos, jóvenes, mujeres que han sido obligadas a delinquir, particularmente las llamada mulas, que son presionadas por el narco o algún familiar, sus esposos, parejas”.

Hablan las víctimas

Las víctimas de la violencia en Sinaloa al fin fueron escuchadas por el equipo del Presidente Electo, Andrés Manuel López Obrador.

Después de dos meses de posponer el encuentro, se llevó a cabo el Diálogo por la Paz y el Bienestar Social.

Al evento, que fue privado, acudieron desplazados, madres con hijos desaparecidos y familiares de personas asesinadas.

“Salimos de nuestro pueblo porque ya no respetan a las mujeres, somos víctimas de violencia; se denunció en todos los niveles de gobierno pero nunca pasó nada. La delincuencia arrasó con nuestra tranquilidad”, dijo Esperanza Hernández, desplazada de Sinaloa municipio.

Joel Leyva, desplazado de Badiraguato, secundó: “Es mucho el dolor que se siente cuando tienes que dejar tus tierras e ir a otro lado a trabajar, a vivir al día para alimentar a tu familia”.

El abogado Carlos Valle Saracho dijo que la Ley de Desaparición Forzada solo es un libro del que no se aterrizó nada y hay temor que la búsqueda de desaparecidos se institucionalice y después no permitan a las familias realizar búsquedas.

“Lastima mucho que las autoridades no nos voltean a ver; debemos parar las desapariciones forzadas; queremos la sensibilidad de los funcionarios, que nos apoyen y sean una de las prioridades de su agenda”, dijo María Isabel Cruz, madre del policía desaparecido Yosimar García.

Alma Rosa Hernández, líder del grupo Voces Unidas por la Vida expresó: “quisiéramos con toda el alma que todos trabajáramos unidos en la búsqueda de nuestros familiares, tenemos muchas trabas, nos han amenazado, pero eso no nos importa”.

Artículo publicado el 4 de noviembre de 2018 en la edición 823 del semanario Ríodoce.