Fue un tapicero de la colonia Jardines del Pedregal el primero que descubrió la burla. Desde que vio el colchón algo no le latió; lo palpó de un lado a otro; para salir de dudas lo abrió con una navaja y descubrió la estafa: se trataba de un colchón reciclado con los peores materiales. En cosa de minutos corrió la voz y la gente empezó a sacar los colchones a la calle y a abrirlos en medio de mentadas de madre; todos apestaban, unos tenían manchas de sangre, en otros había ratas muertas…

El resto de la historia ha sido un escándalo nacional y no es gratuito. Con un solo hecho, la compra fraudulenta de miles de colchones para “apoyar” a los damnificados por la tormenta 19-E, vino a exponer de la forma más ruin un problema endémico de nuestro sistema político: la corrupción. Una metástasis que, como hemos visto aquí, no tiene límites. Durante la campaña por la gubernatura de 1986, miles de despensas que habían sido donadas para paliar la desgracia de los damnificados por los sismos del 85 en Ciudad de México, fueron repartidas en Sinaloa por activistas del PRI. Había entre ellas paquetes que habían sido donados por el gobierno de Holanda.

Corromper y corromperse desde el poder público no es un problema cultural, como dijo en septiembre de 2014 el presidente Enrique Peña Nieto; es de conductas torcidas de hombres y mujeres que debieran ocupar cargos para servir a la gente; es de instituciones viciadas, de falta de transparencia y, sobre todo, de mucha impunidad, porque el que comete abusos con el erario sabe que no será castigado. Mal momento había escogido el presidente para filosofar sobre la corrupción, pues dos meses después le reventó en la cara el tema de la “Casa Blanca”. Y la premisa de la impunidad se cumplió porque terminará su mandato sin ser castigado.

Sobre el fraude de los colchones el fiscal general de Sinaloa tiene en sus manos la responsabilidad de aclarar el caso y castigar a los responsables. No solo a este pobre tonto que negoció y firmó la compra, sino seguir el hilo y llegar a quien —aunque haya sido de palabra con testimonios bastaría— ordenó y autorizó esta infamia.

Se ha dicho y expuesto hasta la saciedad que esta es una burla imperdonable pero no es ocioso repetirlo. Lo que hicieron no tiene madre; que se piense primero en el estado emocional por el que están pasando las familias, hombres, mujeres y niños, que perdieron su patrimonio —agréguese que en muchos de los casos por ineficiencias, ignorancia y de nuevo una gran corrupción al ser autorizados asentamientos que nunca debieron construirse ahí—, como para, además, ser burlados de esa manera; que se piense en el daño adicional que pudieron provocar en términos de salud, cuando de lo que se trataba era de prevenir epidemias.

¿No es un trato de animales —con el perdón de ellos—, más que de personas el que recibieron miles de familias a las que les fueron entregados estos enredijos de alambre y trapos sucios?

Muchas oportunidades habrá tenido el fiscal de Sinaloa, Juan José Ríos Estavillo, para dejar claro que la fiscalía a su cargo es realmente autónoma, no solo en el papel. Pues esta es una de ellas y es de oro. Y él sabrá si la aprovecha o si opta por refugiarse en la comodidad, haciendo de una instancia que debiera ser una fortaleza contra la impunidad y por la justicia, una entelequia despreciable.

En todas las dependencias del gobierno son los secretarios técnicos y los coordinadores administrativos quienes operan las compras de bienes y servicios, pero no lo hacen sin el visto bueno de los titulares, a menos que sea un caso de urgencia como el de los damnificados; por ello es importante que las pesquisas lleguen hasta Raúl Carrillo, secretario de Desarrollo Social y deslindar responsabilidades, aun cuando haya renunciado a su cargo.

Por lo pronto y para evitar conjeturas, lo que el gobierno estatal debe hacer es ventilar con absoluta transparencia todo lo que tiene que ver con el caso; resguardar, sí, aspectos que no interfieran y afecten la investigación ministerial que ya se abrió, pero exponer ante la opinión pública toda la información, es vital, porque de lo contrario se estaría tejiendo aquí una especie de complicidad… si es que no la hay desde el principio.

Bola y cadena
EN TODO CASO, EL GOBERNADOR TIENE una responsabilidad administrativa indiscutible, empezando porque la eficiencia en el manejo de los recursos debiera ser una de sus preocupaciones principales. Y para ello se ocupa rigor en los perfiles elegidos a la hora de conformar un gabinete. ¿Qué hace un muchacho egresado de Ciencias de la Comunicación como coordinador administrativo de una dependencia? ¿O los cuates van en paquete? ¿Raúl Carrillo y Carlos Castro son parte de las cuotas pagadas a Jesús Vizcarra? ¿Qué hace, por el amor de dios, Sergio Torres en Pesca?

Sentido contrario
Y LO MISMO PUEDE DECIRSE DE FRANCISCO Vega, el titular de Protección Civil en el estado. Y entonces la conclusión es que las decisiones del gobernador a la hora de integrar su equipo de trabajo nos está costando a los sinaloenses, no solo bienes materiales, patrimonio, sino también vidas.

Humo negro
ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR derrapó el jueves pasado al hablar sobre la manipulada consulta para definir dónde se construirá el nuevo aeropuerto y que se llevará a cabo la próxima semana. Frente a los reporteros que le preguntaron al respecto, dijo… “Si me permiten por esta única vez ser parcial… si es Santa lucía, hay un ahorro de cien mil millones…”; es decir, voten por Santa Lucía. O sea, juez y parte. Bonita democracia.

Columna publicada el 21 de octubre de 2018 en la edición 821 del semanario Ríodoce.