ADN/El País.- La voz de un padre roto por el dolor selló una frase que pesaría como una losa sobre todo el sexenio del expresidente mexicano Felipe Calderón. “Si no pueden, renuncien”. El conocido empresario Alejandro Martí se dirigió a todos los funcionarios públicos del país y sacudió a la sociedad mexicana con su entereza apenas 20 días después de que su hijo de 14 años fuera hallado muerto en el maletero de un coche tras casi dos meses de secuestro. Era el 21 de agosto de 2008 y Martí pedía paz y justicia. De eso hace casi cinco años. Ellos, ni pudieron ni renunciaron.

El proceso judicial del caso se ha convertido en una de las historias más rocambolescas que se recuerdan en México. Dos entidades, la federal y la local, mantienen a día de hoy dos líneas diferentes de investigación y a dos grupos incriminados por el mismo delito. Pese a lo increíble del caso, nadie ha dado una explicación ni marcha atrás en sus acusaciones. Dos mujeres están encarceladas desde hace varios años, sin existir aún condena, acusadas de ser la misma persona, la que supuestamente le dio alto al vehículo en el que viajaba el joven Martí antes de ser secuestrado.

“Se ha perdido la posibilidad de creer que por lo menos en un caso, en uno con la fuerza pública que tuvo este, el Estado mexicano era capaz de impartir algo parecido a la justicia”, concluye un estudio del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE) que analiza los expedientes judiciales y que ha sido publicado este jueves en la web de la revistaNexos.

Todo ocurrió una mañana cuando Fernando Martí se dirigía a su escuela británica en la Ciudad de México en un coche conducido por un chófer de la familia y su guardaespaldas. Un retén en la zona sur de la capital en el que todo parecía oficial, desde los conos naranjas que cortaban el paso hasta las ropas de los supuestos policías, dio el alto al vehículo y secuestró a los tres hombres.

La familia Martí pagó un rescate de seis millones de dólares, según fuentes judiciales, para asegurarse el regreso de su hijo, pero Fernando nunca volvió. Su cadáver fue hallado tiempo después en un vehículo en el sur de la capital. El chófer también fue asesinado y el guardaespaldas, que llevaba menos de una semana trabajando con la familia, logró salvar su vida.

“Señores, si piensan que la vara es muy alta e imposible hacerlo, si no pueden, renuncien, pero no sigan ocupando oficinas de gobierno y recibiendo un sueldo, porque no hacer nada también es corrupción”, espetó Alejandro Martí, fundador de un imperio de tiendas de deporte en México, en su comparecencia a los pocos días.

Las autoridades del Distrito Federal no tardaron en presentar resultados. Detuvieron a los líderes de una banda conocida como La Flor, entre ellos a la supuesta mujer que dio el alto al coche de Martí. Parecía un caso resuelto, pero casi un año después la Secretaria de Seguridad Pública del Gobierno federal presentó otros culpables. Varios miembros de la banda Los Petriciolet fueron acusados y encarcelados por el mismo delito, entre ellos otra mujer responsable de haber hecho detener al vehículo.

El propio Alejandro Martí aseguró este jueves en una entrevista en Milenio Televisión que la banda de La Flor no tiene nada que ver con el secuestro y la muerte de su hijo. El empresario, que preside desde 2008 la organización México SOS, asegura que la mujer detenida por el Gobierno federal llegó a pedirle disculpas por el secuestro.

Pese a lo absurdo del caso, nadie ha dado marcha atrás en sus investigaciones, que desde entonces corren paralelas y aferradas a su propia verdad. Homero Campa es uno de los alumnos de la maestría de Periodismo y Asuntos Públicos del CIDE que hicieron la investigación sobre el caso, centrándose en la suerte de las dos mujeres encarceladas por el mismo delito. “Es muy difícil saber quién es inocente o culpable, pero eso no nos toca a nosotros. Nosotros solo mostramos las contradicciones que encierra el proceso y cómo no funciona lajusticia mexicana” explica.

Con el caso aún sin dictar sentencia ni en primera instancia, el capítulo aún se vislumbra largo. “En el camino las vidas de dos mujeres –al menos una de ellas inocente- habrán sido destrozadas para siempre”, advierte el artículo. “Si una persona está en la cárcel cuatro años y es declarada culpable, ese tiempo se toma en cuenta en la condena, pero si es inocente se le dice un ‘disculpe usted’ y ya”, lamenta Campa.

En el año 2008, cuando el asesinato de Fernando Martí sacudió la capital, la escalada violenta en la que se sumió el país desde que Calderón lanzó su guerra contra el narcotráfico aún acababa de comenzar. Cinco años después el país suma más de 60.000 muertos, 30.000 desaparecidos y un repunte de los secuestros. No hay justicia para Martí ni para tantos otros, tampoco se sabe de ninguna renuncia política. Solo quedan un puñado de personas en la cárcel esperando sentencia, entre ellas dos mujeres que el Gobierno local y el federal dicen desde hace años que son la misma.

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/08/01/actualidad/1375387300_630917.html