iudad de México | Desinformémonos. Miembros de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Centro Mexicano Pro Bono ofrecieron asistencia legal gratuita para cualquier trámite solicitado por los afectados del sismo del 19 de septiembre, a través de la plataforma #Juridica19S.

La ayuda ofrecida por los abogados se dividirá en los ejes de información, con una Guía Jurídica de asesoría para los afectados, de asistencia legal directa mediante el portal o por vía telefónica al 75839623, y de brigadas jurídicas que estarán a disposición de los habitantes de condominios dañados, albergues o comunidades.

“Sabemos que hay mucha gente que aún no se repone del shock. Otros que desafortunadamente desconocen a quién acudir para comenzar a rehacer su vida desde el punto de vista legal. Y muchos otros más que desconocen también de qué modo las leyes mexicanas los amparan”, señalaron las abogadas Carla Román, Maru Cortázar e Ivette Montero.

Explicaron que las principales peticiones por parte de la población están relacionadas con los créditos hipotecarios, los seguros y las afectaciones, entre otros.

“Los requisitos que están en las normas de nada sirven si no se aplican. Simplemente, de las construcciones recientes que sufrieron derrumbes están saliendo ya los dictámenes que dejan entrever que no se cumplieron esos requisitos”, señalaron.

Alertaron que se han registrado otros casos en los que terceros solicitan documentos personales o escrituras de la propiedad a los damnificados bajo el argumento de que tramitarán recursos económicos del Fondo Nacional de Desastres Naturales (Fonden), lo cual es falso.

Las tres juristas añadieron que tras los sismos debe crearse una cultura de seguros inmobiliarios y de regularización en la documentación oficial y personal, pero sobre todo que las autoridades no permitan las construcciones irregulares y sin verificación.

Desde el 19 de septiembre, día en que se registró un sismo magnitud 7.1, los juristas de la Barra Mexicana Colegio de Abogados y el Centro Mexicano Pro Bono han atendido 258 solicitudes de asesoría legal y 400 llamadas, en su mayoría sobre la posesión de inmuebles.