Ciudad de México/Desinformémonos.- “La amenaza más latente para nosotros es la reforma energética”, declaró Fermín Ledesma Domínguez, de la comunidad indígena zoque al norte de Chiapas, durante la denuncia por la imposición de seis proyectos extractivos en su territorio.

Explicó que, de los 20 municipios amenazados por los proyectos, su comunidad se ve amenazada “por la Ronda 2.2 y los bloques 10 y 11”. A través de la Ronda, se licitaron 10 municipios de la zona con una extensión de 84 mil hectáreas de tierra divididas en 40 ejidos habitados por zoques y tsotsiles.

Los zoques rechazaron el proyecto luego de que no se llevó a cabo la consulta previa, libre e informada a la que tienen derecho, y por medio de movilizaciones han exigido el retiro de la licitación 2.2, el de las concesiones mineras y el derecho a la autoconsulta.

“No se presentaron los daños ambientales, no se basó al contexto cultural [sin traductor] y se suplantó a las autoridades tradicionales porque asignaron a los agentes rurales del Ayuntamiento, no a las nuestras”, expuso.

De acuerdo con Ledesma Domínguez, los proyectos extractivos que han dañado su territorio son el ganadero, el hidroeléctrico, el minero, con once concesiones, el geotermoeléctrico y el extractivismo verde.

Durante un Foro sobre los impactos de la reforma energética, Aroa de la Fuente, de Fundar y Alianza Mexicana contra el Fracking, remarcó que la reforma se creó para el sector privado, cuyas inversiones atentan contra los derechos humanos y el medio ambiente.

Por último, la investigadora Alejandra Jiménez Ramírez aseguró que a tres años de la implementación de la reforma energética, no se han cumplido las promesas del gobierno, como la mejora de precios y la generación de empleos.

Por el contrario, señaló que la reforma trata de una “entrega total del territorio y bienes nacionales que va en contra de los intereses de los pueblos originarios”.