David Alonso Rodríguez, tesorero del municipio de Juchique de Ferrer, y el contador Francisco Rafael Mendoza fueron identificados entre los cuerpos de las cinco personas ejecutadas la madrugada del jueves en el puerto de Veracruz.

Hombres armados ejecutaron a Rodríguez y a Mendoza, junto con otras tres personas, dejando cartulinas en donde el Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) se atribuye los homicidios y anunciaba que harían una “limpia” de rateros en la región.

El martes 9 el legislador del partido Alternativa Veracruzana, Ernesto Cuevas Hernández, subió a la tribuna del Congreso para denunciar que el tesorero y el contador del municipio Juchique de Ferrer, perteneciente al distrito de Misantla, habían sido privados de su libertad en días pasados.

El legislador Cuevas reprochó que los municipios del distrito que representa están infestados por la delincuencia, por lo que pidió tomar en cuenta el arribo de la Gendarmería Nacional a esta región también y no sólo a la zona centro.

Los otros tres ejecutados en el puerto de Veracruz y en el municipio conurbado de Boca del Río fueron identificados como Josué Damián, de 31 años; Víctor Manuel, de 33 y originario de Alvarado, y el comerciante Julio César, de 33 años y de la Ciudad de México.

Desde que arrancó el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP) ha venido registrando entre 190 y 200 homicidios dolosos por mes.

El propio Yunes ha consignado que 70 por ciento de los homicidios en la entidad se deben a ejecuciones y ajustes de cuentas entre diversas organizaciones delincuenciales.

En cinco meses y medio del nuevo gobierno, se ha dado entrada a la Policía Militar, Gendarmería Nacional, así como al reforzamiento de la Policía Federal, Secretaría de Marina y elementos del Ejército Mexicano para intentar contener la ola de violencia en puntos estratégicos de la entidad.