Sentenciados 889 militares por robo, lesiones, tortura, violación, homicidios, extorsión, delincuencia organizada…

El Subteniente de Transmisiones, Ramiro Ramírez, servía a la patria y también al Cártel de Sinaloa. El militar se encargaba de ofrecer dinero del narco a jefes castrenses.

El 24 de agosto de 2005, el Subteniente ofreció 100 mil pesos al Teniente de Caballería que fungía como comandante de la Base de Operaciones Móvil “Delgado” para que reportara a los altos mandos la destrucción de unos plantíos.

Esa cantidad era solo un adelanto, pues después de que se levantara la cosecha le daría otro tanto.

El militar fue denunciado y tras integrar la averiguación previa fue consignado ante un Juez por el delito contra la salud “en su modalidad de colaboración de cualquier manera al fomento para posibilitar la cosecha de mariguana y deserción en su modalidad de abandono de la paz”.

El Subteniente fue sentenciado en 2012 a 15 años de prisión y recluido en la Prisión Militar de la Tercera Región Militar con sede en Mazatlán.

El militar también fue señalado de comprar al teniente de infantería Reymundo Morales Merla, cuando ambos trabajaban en la prisión militar de Mazatlán.

Morales Merla fue acusado de recibir hasta 100 mil dólares para proteger a Vicente Zambada Niebla, el Vicentillo, cuando visitaba el puerto y de filtrar información al Cártel de Sinaloa sobre los operativos de las fuerzas federales.

El teniente de infantería fue detenido en 2009 y sentenciado a 14 años de prisión en 2011.

Soldados delincuentes

El jueves, en una reunión con el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Zepeda, el gobernador Mario López Valdez reconoció el apoyo invaluable del Ejército.

El mandatario señaló que con la participación de las fuerzas castrenses se logró reducir la incidencia delictiva, pero los militares también han contribuido a engrosar la estadística de delitos.

En la última década en todo el país, 889 soldados han sido sentenciados por la comisión de delitos.

Datos proporcionados por la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) indican que los delitos van desde falsedad de declaraciones hasta homicidio doloso e inhumación de cadáveres.

Los elementos asignados a la Tercera Región Militar, que comprende Sinaloa y Durango, están entre los que más delinquen.

De esa región con sede en Mazatlán, 186 militares han sido procesados por delitos y hay 89 averiguaciones previas en integración en las que los presuntos responsables son soldados.

La región donde los soldados han cometido más delitos es la Primera, que tiene sede en la Ciudad de México.

En la región sentenciaron a 342 elementos del Ejército y mantiene abiertas 309 averiguaciones previas contra personal militar.

En el caso de la Tercera Región, de los sentenciados 143 son de tropa (soldados, cabos y sargentos), 39 oficiales (subtenientes, tenientes y capitán), tres jefes (mayor, teniente y teniente coronel) y un general.

Desde 2006 los elementos de la SEDENA fueron enviados a las calles a luchar contra la delincuencia organizada.

En los primeros dos años en la Tercera Región hubo militares procesados, pero a partir de 2008 empezaron a llegar casos a los juzgados y con el paso de los años la incidencia a repuntado.

Según la SEDENA, la incidencia de delitos del personal militar llegó a su máximo en 2010 cuando fueron encontrados culpables 40 militares.

En este año, sentenciaron a un soldado por el delito de lesiones y a otro más por abuso de autoridad.

Durante 2009 y 2010 hubo sentencias por inhumación de cadáver.

Otros delitos cometidos por el personal castrense son homicidio, robo agravado, robo equiparado, lesiones, tortura, violación, abuso de autoridad, violencia contra las personas causando lesiones y allanamiento de morada.

También han cometido los delitos de simulación de existencia de pruebas, delincuencia organizada, contra la salud, extorsión, pillaje, delito electoral encubrimiento y portación de arma de fuego.

En los Juzgados Militares también han procesado a soldados por delitos militares, aquellos que solo pueden ser cometidos por miembros de las fuerzas armadas.

Los datos, disponibles de 2013 a 2015, indican que en esos tres años sentenciaron a 622 soldados por delitos tipificados en el Código de Justicia Militar.

El delito más cometido es deserción, con 556 casos seguido de abandono de servicio con 18 militares procesados.

Los otros delitos por lo que han recibo sentencias son desobediencia, insubordinación, infracción de deberes comunes a todos los que están obligados a servicio al Ejército, contra el honor militar, ultrajes y violencia contra la policía, falsificación y abuso de autoridad.

La mayoría de los delitos militares fueron cometidos por soldados y cabos.

De los altos mandos, en tres años solo un general de brigada fue sentenciado por desobediencia.

La sentencia pendiente

En la prisión Militar de Mazatlán, nueve elementos de tropa y un oficial se encuentran en proceso penal por la muerte de cuatro miembros de una familia en Santiago de los Caballeros, Badiraguato, en 2008.

Un teniente involucrado en los hechos se encuentra prófugo y otro más fue absuelto.

Los 11 militares tienen están sujetos a juicio, sin recibir sentencia, por los delitos de violencia contra la personas causando homicidio, abuso de autoridad y violencia contra las personas causando lesiones.

La agresión ocurrió la noche del 26 de marzo de 2008, cuando las víctimas circulaban en una camioneta Hummer, y los militares les dispararon.

En el lugar fallecieron Edgar Geovany Araujo Alarcón, Héctor Zenón Medina, Irineo Medina Díaz y Manuel Medina Araujo; y Wilfredo Madrid Medina, resultó lesionado. Otro más quedó ileso.

También fallecieron dos militares y dos resultaron heridos.

Un caso similar ocurrió un año antes, en el poblado La Joya de los Martínez, en el municipio de Sinaloa.

El 1 de julio de 2007, un grupo de militares disparó contra una camioneta en la que viajaba una familia de Sinaloa municipio rumbo a Badiraguato.

El saldo fue la muerte de tres niños de 6, 4 y 1 años de edad, la madre de los menores y una maestra.

Por la agresión fueron acusados y sentenciados dos oficiales y 12 elementos de tropa.

En 2011, los soldados fueron sentenciados a penas de entre 16 y 40 años de cárcel.

Dos elementos de tropa que también fueron procesados, fueron absueltos al no acreditarse su responsabilidad penal.