Reclaman la orden de localización, presentación, detención, arraigo y aseguramiento; intervención ilegal de teléfono celular y posible baja de la corporación

Elementos de la Policía Ministerial del Estado (PME) que acudieron a auxiliar a los militares emboscados en septiembre temen ser arraigados por la Procuraduría General de la República (PGR).

Siete agentes de la PME solicitaron amparos a varios Juzgados de Distrito contra una posible orden judicial y contra el aseguramiento de sus teléfonos celulares, así como protección contra la posible separación del cargo de la corporación.

Los policías también presentaron quejas en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos contra la PGR y la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Los agentes son quienes acudieron a prestar auxilio al convoy de militares emboscado el 30 de septiembre pasado para rescatar a Julio Óscar Ortiz Vega, alías el Kevin; y que dejó un saldo de cinco soldados muertos y 10 lesionados.

El 10 de octubre por la tarde, elementos del Ejército y personal de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (Seido) tomaron las instalaciones de la PME y mantuvieron sitiada la corporación con alrededor de 16 patrulladas en el exterior.

Personal de la dirección de la PME llamó a los elementos que estaban trabajando en Culiacán el día en que ocurrió la emboscada, a que acudieran a las instalaciones de la corporación, supuestamente para la revista de rutina de las armas de cargo.

Cuando llegaron a la corporación les quitaron las armas y personal de la SEIDO decomisó teléfonos celulares a siete elementos y advirtieron que la información obtenida de los celulares podría traerles consecuencias.

Supuestamente los teléfonos los devolverían en 15 días, pero al no ser así, los agentes de decidieron suspender el chip en las compañías telefónicas. Hasta la fecha los aparatos no les han sido devueltos.

Los agentes de la SEIDO también realizaron entrevistas a los policías, en las que cuestionaron el lugar en que se encontraban cuando ocurrió la agresión a los militares, hicieron preguntas sobre sus jefes y sobre grupos delincuenciales, sobre la hora en que recibieron el reporte, el tiempo que tardaron en trasladarse y lo que hicieron al llegar al sitio.

Los policías permanecieron en las instalaciones desde la noche del lunes 10 hasta alrededor de las 4:00 horas del martes.

Los agentes a quienes les retiraron los celulares solicitaron amparos en los Juzgados de Distrito de esta ciudad contra la PGR y el presidente Enrique Peña Nieto, en su calidad de Presidente del Consejo Nacional de Seguridad Pública.

En uno de los amparos reclaman la orden de localización, presentación, detención, arraigo, aseguramiento e intervención ilegal de teléfono celular.

Los jueces concedieron la suspensión provisional tras el pago de una fianza de garantía de mil 500 pesos de cada agente, pero días después negó la suspensión definitiva.

Con esa resolución el Juicio de amparo continúa, pero de existir una orden de localización, presentación, detención o arraigo, la PGR puede ejecutarla.

En el amparo contra la posible baja de la corporación, los ministeriales señalan: “orden para que el aquí quejoso sea dado de baja como investigador policiaco adscrito a la dirección de la Policía Ministerial del Estado de Sinaloa, por terminación laboral o separación o destitución; así como la orden para que al mismo se le deje de pagar y brindar atención médica a él y a su familia”.

Los agentes que solicitaron amparos continúan trabajando en las filas de la corporación.

Buscan evitar ilegalidades

El representante legal de los policías, Ricardo Arnulfo Mendoza Sauceda, mencionó que solicitaron los amparos para prevenir que los elementos sean detenidos y que obtengan información de los teléfonos de manera ilegal.

“Se busca que el Poder Judicial de la Federación revise la legalidad de todo lo que se hizo y de lo que tiene pensado hacer si realmente piensa intervenir la comunicación de esos teléfonos”, dijo.

Mencionó que los agentes temen ser detenidos o arraigados de manera injustificada.

Señaló que el amparo contra la separación del cargo es para evitar que los den de baja sin que se haya realizado un procedimiento administrativo y violen el derecho de los policías a defenderse.

Los policías, indicó, acudieron a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, en la Ciudad de México, para presentar una queja contra la forma en que operó el Gobierno Federal para interrogarlos y quitarles los celulares.

“Los jueces federales de Culiacán, aceptaron los amparos y están en trámite para protegerlos a ellos de que no se intervenga la comunicación de los teléfonos, que no se les detenga y que no se les arraigue”, manifestó.

Fuerzas federales y los celulares

El decomiso de celulares a policías locales de parte de las fuerzas federales ya había ocurrido en Culiacán.

En junio de 2015, elementos de la Secretaría de Marina (Semar) quitaron nueve teléfonos a cuatro policías municipales de Culiacán y los detuvieron.

Los policías fueron llevados a la Procuraduría General de Justicia del Estado en calidad de presentados, debido a que supuestamente los agentes preventivos eran “halcones” de la delincuencia organizada.

La Semar los acusó de informar a los criminales sobre los operativos que elementos navales realizaban en Culiacán.

Los policías rindieron su declaración y fueron puestos en libertad horas después, pero la fiscalía solicitó a un juez una orden para extraer información de los celulares e inició una investigación.

Días después, tres de los elementos preventivos renunciaron a la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.

Hasta la fecha la PGJE no ha consignado ante el Juez la averiguación previa.

Luego de esos señalamientos, el Grupo de Coordinación Sinaloa, integrado por el gabinete de seguridad estatal y representantes de dependencias federales de seguridad, anunció que prohibirían a los agentes de la PME, Estatal Preventiva y las 18 policías municipales, el uso de teléfonos celulares.

La medida solo fue mediática, pues los elementos nunca dejaron de usar los aparatos durante su jornada laboral.