A una semana de la muerte de Rodolfo Aguirre Meza, la forma en que ocurrió el hecho no ha quedado clara: la familia asegura que no llevaba armas y que los Marinos lo asesinaron; y la Secretaría de Marina (Semar) afirma que el joven les disparó y ellos respondieron la agresión.
Este es el tercer caso de 2014 a la fecha en el que acusan a elementos navales de asesinar a personas; y en uno más balearon a una mujer.
En los tres fallecimientos, la Semar ha ofrecido la misma versión: las víctimas se negaron a detenerse en un retén y repelieron la agresión.
El joven de 26 años murió la noche del sábado 22 de octubre en un retén de elementos de la Semar, sobre el libramiento Benito Juárez Sur, conocido como La Costerita.
Los familiares aseguran que los marinos cometieron una injusticia con Rodolfo, quien no era delincuente ni usaba armas.
Señalan que el día que murió se dirigía de su casa en el fraccionamiento Urbivilla del Sol a la vivienda de su mamá, en la colonia Vista Hermosa.
El joven, padre de tres hijos, de nueve meses, dos y tres años de edad y quien trabajaba como cargador en el Mercado de Abastos, circulaba en una camioneta Ford Explorer.
Los familiares exigieron que se limpiara el nombre de Rodolfo, debido a que la versión de la Semar apunta a que el joven era delincuente.
En un comunicado, la Semar aseguró que el joven llevaba un arma y droga y que el personal actuó en legítima defensa y con base a los procedimientos establecidos en el Manual del Uso de la Fuerza, de Aplicación Común a las tres Fuerzas Armadas.
La información oficial indica que los Marinos realizaban recorridos terrestres cuando fueron alcanzados por un convoy de tres vehículos por lo cual detuvieron la marcha para efectuarles una revisión.
“Al estar detenidos los tres vehículos, una camioneta blanca, desde la parte posterior, arrancó la marcha tratando de arrollar al personal naval que iniciaba la revisión disparando sobre ellos con su vehículo en movimiento, por lo que éstos repelieron la agresión mientras los otros dos vehículos aprovecharon para darse a la fuga”, señala el comunicado.
Agrega la Semar que “tras el intercambio de disparos, la persona que inició la agresión perdió la vida en el lugar de los hechos. Cabe destacar que tras una revisión al vehículo fue localizada en su interior un arma corta, un cargador abastecido con tres cartuchos útiles y tres casquillos percutidos, así como dos bolsas plásticas conteniendo marihuana y una bolsa de plástico conteniendo metanfetaminas”.
En el documento, la Semar apeló a la comprensión de la opinión pública para evitar juicios anticipados en contra de los elementos navales que cumplen con su deber.
Historias similares
En los otros casos en que han muerto civiles, la Semar ha dado a conocer versiones similares.
El 20 de agosto del año pasado, Carlos Eduardo Gaytán Ruiz, de 20 años, murió a balazos en un retén en la colonia Lomas de Guadalupe.
Un joven que lo acompañaba resultó lesionado, así como otros tres que se encontraban en un vehículo que revisaban los marinos.
“Personal naval que proporcionaba seguridad perimetral en una diligencia con la dependencia antes mencionada (PGR), fue agredido por un vehículo color blanco, el cual circulaba a alta velocidad e intentó embestir en dos ocasiones a los elementos que brindaban dicha seguridad. Es de destacar que las personas que manejaban la unidad agresora hicieron caso omiso a los señalamientos preventivos que les realizó el personal de la Armada de México”, informó en un comunicado.
“Ante un peligro real e inminente, para proteger la vida propia y de terceros, aplicando los procedimientos establecidos y en apego al Manual del Uso de la Fuerza de Aplicación Común a las Tres Fuerzas Armadas, los elementos navales lograron contener la amenaza”.
Un año antes, el 5 de noviembre de 2014, Miguel Ángel “N”, de 17 años, también murió por pasarse un retén de marinos.
El adolescente circulaba en una motocicleta por una de las calles de la colonia Aviación, en la sindicatura de Eldorado, cuando los agentes navales supuestamente le marcaron el alto.
El joven, según la Marina, aceleró la marcha y se hizo perseguir mientras disparaba, por lo que los agentes respondieron la agresión.
Miguel Ángel chocó contra una barda y dejó tirada la motocicleta y se metió al patio de una casa donde cayó muerto.
Los vecinos de esa colonia aseguraron que durante la persecución los marinos disparaban al joven que no llevaba armas, y que ya muerto, los elementos navales le colocaron a un costado un rifle.
En mayo de 215, los agentes balearon a una mujer cuando se asomó por la ventana, en la colonia La Piedrera, municipio de Guasave.
Según los familiares de la víctima, los marinos buscaban a una persona que supuestamente escapaba por los techos de las casas. La joven de 22 años sufrió una herida de bala en el brazo derecho.
Semar de las más denunciadas
Desde que elementos de las fuerzas federales iniciaron operativos en la entidad, tras la emboscada en que murieron cinco soldados y 10 resultaron lesionados, la Comisión Estatal de Derechos Humanos ha recibido nueve quejas con soldados y marinos.
Por la muerte de Rodolfo no recibió queja, pero iniciaron un expediente de oficio que será enviado a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) para que continúe con la indagatoria.
Entre enero y septiembre de este año, la CNDH ha recibido seis quejas por privación de la vida en las que señalan a personal Semar, de las cuales cuatro fueron en Tamaulipas, una en Guerrero y una en Oaxaca.
Sinaloa es el tercer estado con más quejas contra la Marina, con 25, después de Tamaulipas donde hay 49 quejas y Veracruz con 28.
Los principales hechos violatorios de derechos humanos en el estado son detención arbitraria y emplear arbitrariamente la fuerza pública con 13 casos cada uno; incumplir con alguna de las formalidades para la emisión de la orden de cateo así como para las visitas domiciliarias (12 casos); apoderarse de un bien mueble sin consentimiento del propietario en cuatro casos y causar daño derivado del empleo arbitrario de la fuerza pública en tres.
En 2015 se presentaron 76 quejas contra la Semar por violaciones de derechos humanos, año en el que Sinaloa ocupó el primer lugar.
A nivel nacional se abrieron 378 expedientes, de los cuales el 20 por ciento corresponden a Sinaloa, principalmente por detención arbitraria y cateos sin orden judicial.