En completo sigilo, la madrugada del sábado 6 de mayo Joaquín Guzmán Loera fue trasladado del penal del Altiplano, donde se encontraba, a un penal de mediana seguridad de Ciudad Juárez. Esto ha sido visto como el primer paso para su eventual extradición a los Estados Unidos, donde le esperan al menos siete acusaciones en igual cantidad de cortes federales de ese país. Todas lo quieren juzgar y para todas sería un trofeo.

El gobierno mexicano dio el primer paso de lo que será una serie de movimientos secretos previos a la extradición de Joaquín el Chapo Guzmán, al determinar transferir al capo a una prisión de mediana seguridad en las afueras de Ciudad Juárez, Chihuahua, justo días antes que un Juez Federal aprobara su extradición a Estados Unidos.

El plan de transferir al Chapo, según señaló la Comisión Nacional de Seguridad (CNS), obedeció a realizar una serie de mejoras en las instalaciones de la cárcel del Altiplano, y no como estrategia de evitar una nueva fuga del capo, aunque para los abogados son estrategias para que “éste no se fugue de nuevo”.

La prisión a donde el capo fue transferido es el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 9, el cual se encuentra localizado en Ciudad Juárez, Chihuahua, a 33 kilómetros de El Paso, Texas.

Apenas cinco días después de esa transferencia, un juez federal avaló la legalidad de la extradición del Chapo Guzmán por acusaciones que enfrenta en diversas cortes de ese país, por lo que el caso quedó en manos de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), que tiene hasta el próximo 7 de junio para decidir cuándo extraditarían al capo.

Los abogados del capo, encabezados por José Refugio Rodríguez, señalaron que, tras enterarse del traslado, tramitaron una nueva demanda de amparo, además de una suspensión para evitar extradiciones ilegales, y que con ello no sean violados los derechos de Guzmán Loera.

“Queda en manos de que la Secretaría de Relaciones Exteriores para que ahora emita su dictamen (sobre si lo extradita o no), y si ésta autoriza la extradición, se tramitaría una nueva petición de amparo para que no se dé, aunque existe la posibilidad que ese amparo termine en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)”, dijo Refugio Rodríguez, en entrevista con Ríodoce.

Los requerimientos y las cortes

De acuerdo con información extraída desde los archivos judiciales del Departamento de Justicia de Estados Unidos (USDOJ), el Chapo es requerido por al menos siete cortes de Distrito de ese país, aunque las fiscalías más agresivas para tenerlo en su poder son la Corte del Distrito Este de Nueva York, la Corte del Distrito Norte de Illinois, y la Corte del Distrito Sur de California, que son las que más han insistido al Departamento de Estado para juzgarlo.

En el caso de la Corte de Distrito del Sur de California, localizada en el centro de San Diego, ellos alegan estar buscando la extradición de Guzmán Loera desde el 1995, apenas dos años después de ser arrestado en Guatemala, poco después de la muerte del Cardenal Juan Jesús Posadas Ocampo.

“Desde entonces es nuestro objetivo desmantelar el Cártel de Sinaloa, y uno de los pilares entonces era Guzmán Loera”, se lee en el expediente 95-0973-B, y el cual incluye a uno de los hermanos del capo, Arturo Guzmán Loera, el Pollo, muerto en el 2004 mientras hablaba con su abogado, en el penal del Altiplano.

También Humberto Loya Castro está incluido en la misma acusación, aunque a finales de los 90, se habría integrado al programa de testigos protegidos de la DEA.

Precisamente fue Loya Castro quien se miró con Vicente Zambada Niebla, horas antes de ser detenido en el 2009, en la ciudad de México.

La Corte del Distrito Norte de Illinois, no resulta menos agresiva que la de San Diego, pues en su acusación 09-CR-0383 incluye a todos los jefes de alto rango del cártel de Sinaloa, entre ellos el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, Alfredo Guzmán Salazar, Vicente Zambada, y los hermanos Pedro y Margarito Flores, que posteriormente se integrarían al programa de testigos protegidos.

Fue esta corte quien denominó a Guzmán Loera como enemigo público número uno, una referencia que sólo había tenido Al Capone, en la década de los 20.

De acuerdo con fiscales del USDOJ, esta Corte tiene el caso más robustecido en contra del Chapo, pues cuenta con varios testigos protegidos que testificarían contra Guzmán Loera, además de grabaciones de llamadas y videos.

No obstante, la corte que más insistente en enjuiciar al Chapo es la del Distrito Este de Nueva York, localizada en Brooklyn, pues los fiscales presentaron cargos por homicidio en contra del Chapo y de Ismael Zambada, el Mayo, valiéndose de una ley conocida como Jurisdicción Extraterritorial, que permite enjuiciar a sus acusados por crímenes que no necesariamente hayan ocurrido en territorio estadunidense.

Para esta medida, la entonces fiscal que buscó por todos los medios que se extraditara al Chapo antes de su fuga, el 11 de julio de 2015, era Loretta Lynch, quien posteriormente se convirtió en la Procuradora General de Justicia de Estados Unidos, y quien ha reiterado en repetidas ocasiones que quiere castigar al capo con todo el peso de la ley.

Pero las demandas no se detienen ahí, también fiscales en las cortes de new Hampshire, Florida, Texas y Manhattan, han dicho que desean aplicarle todo el peso de la ley, pues en todos sus territorios llegó a entrar drogas enviadas por la gente que comanda Guzmán Loera.

Por lo pronto, el capo se mantiene prisionero en el Cefereso 9 de Ciudad Juárez, en donde, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos, (CNDH), fue el peor en materia de seguridad en 2015, con tan sólo 6.63 sobre 10 puntos.

Las causas principales eran el hacinamiento, la sobrepoblación, y las fallas en la imposición de sanciones, así como de deficiencias en los servicios de salud para los internos, explica un reporte de la CNDH.

El Secreto

Apenas la semana pasada, que grupos parlamentarios de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión avalaron un acuerdo para que el Gobierno Federal informe al Poder Legislativo el estatus del proceso de extradición de Joaquín Guzmán.

Esto, por la serie de acciones que ha realizado la CNS, que incluye una transferencia secreta a otro penal, lo mismo que un proceso judicial en completo silencio.

También se aprobó que la Cancillería y la PGR informen a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional sobre el estado en el que se encuentran los procedimientos penales del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera.

De esta manera, en la reunión entre el legislativo y las autoridades de la Secretaría de Relaciones Exteriores y de la PGR, se deberá conocer las eventuales negociaciones relacionadas con los bienes y recursos económicos, resultado de los aseguramientos y decomisos vinculados con el capo.

La Secretaría de Relaciones Exteriores deberá resolver a más tardar el 6 de junio si concede o niega la extradición del capo a Estados Unidos, para que sea juzgado por narcotráfico.