Río Doce.- Desde que su hijo desapareció, Sandra Luz Hernández lo dijo una y otra y otra vez: las personas que lo tenían en sus manos o que sabían su paradero son los hermanos Gabriel y Joel Valenzuela, con domicilio en la comunidad de Paredones, al norte de esta ciudad capital.

Y a pesar de su insistencia después de aquel 12 de febrero, en que fue visto por última vez Édgar Guadalupe Félix Hernández, nadie los detuvo. Ni siquiera fueron citados a declarar ante el Ministerio Público, con todo y que son sabidas sus actividades ilícitas en el Cártel de Sinaloa, supuestamente en una de las células de Joaquín Guzmán Loera, el chapo, ex líder de esta organización criminal y hoy preso en el penal de máxima seguridad del Altiplano.

De acuerdo con información extraoficial, al menos uno de ellos, Joel, está involucrado en la desaparición de otra persona de la colonia Progreso, durante la jornada violenta en que fue privado de la libertad Édgar Guadalupe.

Sandra Luz lo dijo. Lo gritó. Golpeó las puertas, los escritorios, retumbó paredes y muebles de las frías oficinas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE), el Ministerio Público, la Policía Ministerial del Estado, y cuanto servidor público estatal o federal la escuchó: fueron ellos.

No iba a callarse. Seguiría buscando, tocando puertas, gritando, espetando y exigiendo, con esa voz claridosa, de relámpago en medio de la oscuridad, por su hijo. Hasta que la mataron. Y fue justamente un día 12, pero de mayo de 2014, cuando la mataron de 15 balazos en la colonia Benito Juárez, también conocida como Mazatlán, en esta ciudad capital.

Sandra Luz Hernández. Lucha mortal.

La emboscada

A Sandra le habían encontrado el flanco débil. Era normal, casi un asunto de sobrevivencia y emergencia, que si le llegaban por el lado de su hijo desaparecido iba a revirar: le llamaban por teléfono, le ofrecían información a cambio de dinero, la abordaban en la calle, en su casa, donde fuera, y ella siempre atendía y a todas acudió.

Lo sabían sus enemigos, los que ella señalaba y que en sus pesquisas, las que realizó al margen de la policía, del Ministerio Público y de la procuraduría, había obtenido indicios de importancia, como el nombre de los posibles captores y asesinos de Édgar.

Dicen sus familiares, conocidos y otros activistas, que por eso seguía vendiendo productos Avón. Eso le garantizaba visitar casa por casa, conversar con la gente y aprovechar cada resquicio, plática, asomo, para hurgar, indagar, esculcar, preguntar por su hijo. También eso lo sabían los que la seguían.

Esa mañana fue citada a la procuraduría. Acudieron ella y otra madre que tiene un hijo desaparecido. Tarde, pero avisaron a Óscar Loza Ochoa, de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos Sinaloa (CDDHS), quien habitualmente les acompañaba, pero éste ya no pudo asistir, además de que extrañamente no fue convocado. Aparentemente había avances en las investigaciones, aunque de eso no se sabe nada.

La cita fue alrededor de las 11 horas. De ahí salieron cerca de las 13 horas y permanecieron alrededor de una hora en el plantón y huelga de hambre que mantienen pepenadores de la Cooperativa Progreso, frente al Palacio Municipal, por la avenida Obregón. Algunos de los manifestantes advirtieron que un hombre de aspecto joven, con cachucha y de tez morena, estuvo en la acera de enfrente, por la misma avenida, siguiendo los pasos de Sandra Luz. Así se lo comentaron a Miguel Ángel García Leyva, asesor legal de los pepenadores.

Ahí recibió la llamada telefónica. Un día antes, en el centro comercial Plaza Sur, ubicado por la avenida Manuel Clouthier, una mujer, cuyas características se desconocen, la abordó. Le dijo que tenían información de su hijo, que le llamarían para verse y platicar. Esa sería la llamada a su celular, frente al plantón. Una persona que iba con ella y cuya identidad se mantiene en reserva por su seguridad, la acompañó hasta donde fue citada: colonia Mazatlán.

Ambas caminaban por las calles de este sector, también conocido como Benito Juárez. Tomaron la avenida 30 de Septiembre, a pocos metros de la transitada calle Constitución, cuando una camioneta blanca se les emparejó, de ésta descendió un joven de mediana estatura, quien rápidamente se puso una capucha, sacó un arma y disparó en contra de Sandra Luz. Fueron 15 las heridas de bala. Saña inaudita, para que no quede duda del remitente ni de la firma ni del mensaje. Todavía en el suelo, ya sin vida, siguió recibiendo balazos.

Su acompañante corrió cuando vio al sicario que se ponía la capucha. No sabe cómo sobrevivió ni alcanzó a marcar a quienes eran cercanos a Sandra Luz, como Óscar Loza, para avisarles que había sido asesinada.

En La Lomita. Voces solitarias.

Aquel 12 de febrero

La noche de ese día, Édgar, de 24 años, llegó a su casa y avisó que no podría quedarse a cenar. A cambio, le pidió a su madre que le diera lonche para él y otras tres personas, porque tenían trabajo. Salió de la casa de Sandra Luz, en la colonia Antonio Toledo Corro y al parecer iba a su casa, ubicada en la colonia Progreso. Y ya no supo más de él.
Hombres armados llegaron a su casa y dispararon con fusiles automáticos AK-47, conocidos como cuernos de chivo. En el lugar, los agentes de las diferentes corporaciones encontraron restos de sangre, pero del joven nada.
Versiones extraoficiales indican que horas antes llegaron desconocidos para avisar a los vecinos del sector que habría problemas, que más tarde llegarían hombres armados y que mejor se metieran a sus viviendas. La advertencia se cumplió: llegaron, balearon la casa de Édgar y la camioneta, y al parecer se lo llevaron.
Información de Sandra Luz y de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos (CDDHS) indica que sumaron alrededor de 20 los jóvenes levantados ese día en ese sector. Aunque una de las versiones iniciales señala que solo fueron cuatro.
Édgar Guadalupe García Hernández había participado en la campaña de Mario López Valdez, entonces candidato a la gubernatura, y quizá por eso le dieron un puesto en un programa de valores, junto al despacho del titular de la Procuraduría General de Justicia, Marco Antonio Higuera Gómez.
Cuando la madre, de entonces 50 años, fue a denunciar la desaparición a la procuraduría y se entrevistó con Higuera Gómez, éste le respondió que no lo conocía, pero que tenía información de que su hijo cambiaba dólares y que no se explicaba con qué dinero había comprado la camioneta Tacoma.
“El procurador me preguntó si sabía con qué dinero había comprado mi hijo su camioneta, y si sabía yo que él andaba cambiando dólares, y yo le contesté que ‘¿qué me quiere decir? ¿Qué mi hijo es un delincuente? Entonces traía trabajando a un delincuente con usted. Pero no me importa, yo lo parí, es mi hijo y quiero saber de él, y si es culpable que lo juzguen. Si hizo algo que lo castiguen con la ley, pero no de esta manera”, manifestó Sandra, molesta, a Ríodoce, días después del levantón.
Martín Robles Armenta, subprocurador General de Justicia, informó que la principal línea de investigación de este asesinato es la desaparición de Édgar Guadalupe. Tanto él como el procurador insistieron en afirmar que hay avances en las investigaciones. Lo que no hay, y no dijeron, son detenidos.

Febrero de 2013. A un año del levantón.

La otra historia

Fue justamente un año antes. 12 de febrero, de por sí funesto en una historia como muchos días 12 y todos ellos con historias de muerte, pero de 2011. Sicarios entraron a la casa de un amigo de Édgar y lo levantan. Horas después aparece muerto a balazos.
“Era un chavo vecino de Édgar y muy pero muy amigo de él”, señaló una fuente cercana al caso.
La mamá de ese joven asesinado les decía insistentemente a los amigos que tenían que vengarse. Algunos de los conocidos, vecinos y amigos coincidían en esta posibilidad, y a aparentemente eso llevó a Édgar Guadalupe y a otros jóvenes a levantar y mantener cautivo a una persona supuestamente relacionada con el homicidio de su amigo y que fue identificada, de acuerdo con versiones extraoficiales, como Gabriel Valenzuela, hermano de Joel.
Y justamente a él fueron a rescatar los homicidas y a castigar a quienes lo tenían incomunicado, al parecer en la casa del hijo de Sandra Luz, en la colonia Progreso.

La lucha

En cuanto asumió que su hijo estaba desaparecido, luego del levantón, Sandra Luz va a la procuraduría, denuncia ante los medios de comunicación y se une a la lucha que sobre otros casos de personas levantadas, contra abusos y otras arbitrariedades, emprende la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos. Realizan jornadas de protesta, pega carteles en postes, fachadas de negocios y encabeza plantones en las oficinas públicas.
Acudió con autoridades de todos los niveles y trató de llamar la atención de organismos y medios de comunicación nacionales y de otros países. Cuanto periodista nacional o extranjero la buscó y entrevistó, ella respondió y contó su caso.

Ahí se topó con Alma Rosa Rojo Medina, quien tiene su hermano Miguel Ángel desaparecido desde hace alrededor de cinco años en la comunidad de Estación Obispo, municipio de Culiacán, y espera desde hace cerca de dos años los resultados de las pruebas de ADN practicados a cadáveres encontrados en la fosa común, en el panteón de la colonia 21 de Marzo. También conoció a Óscar Loza, el abogado Leonel Aguirre y otros activistas.
Ambas, en esta lucha, en audiencias frustradas y frustrantes, han recibido burlas de los servidores públicos responsables de investigar y castigar estos delitos.
“No ando buscando culpables, ando buscando a mi hijo, eso es lo único que yo quiero, no quiero saber detalles, no me interesa, me interesa saber de él, que me lo entreguen y sé que eso está al alcance del Gobierno, por eso se los pido y por eso les digo que no voy a dejar de exigirles que lo busquen y lo encuentren”, declaró Hernández a Ríodoce meses antes de ser ultimada.
Y lanzó una súplica: “les pido perdón en nombre de mi hijo si es que él hizo algo malo, compadézcanse de mí y díganme dónde está para ir por él y poder llorarlo, sin esta incertidumbre”.
Luego de tanta insistencia, concluyó en una de las entrevistas que le realizaron: “me doy cuenta que mafia y gobierno van de la mano”.

Sandra Luz repitió una y otra vez los nombres de Gabriel y Joel Valenzuela, como los responsables de la desaparición de su hijo. Desesperada por los nulos avances, la indiferencia y la poca disposición, les avisó a policías, Ministerio Público y funcionarios que uno de los amigos de Édgar, identificado como Pedro, quien había salido sano y salvo a aquel cruento ataque del 12 de febrero, andaba libre, por las calles y seguía sin ser citado por la procuraduría.

Les dio la ubicación de aquel encuentro —en el que ella misma le avisó al joven que sería citado y él le dijo que cuando quisieran— y el domicilio. Los ministeriales respondieron que lo habían buscado y que no habían tenido suerte: para Sandra era evidente ellos seguían averiguando con el objetivo de no encontrar nada.

Marco Antonio Higuera. Culpable por omisión.

Acuerdos para no cumplir

En abril de 2013, el gobernador Mario López Valdez se comprometió a darle seguimiento y esclarecer los casos de 14 personas desaparecidas recientemente, y también se acordó con él —activistas, familiares de víctimas y autoridades— conformar un grupo especial, al que llamarían Jaguar, en la Ministerial, avocado estrictamente a estas pesquisas.
Pero en nada cumplió. El grupo especial fue creado y sus jefes se reúnen cada mes con los familiares y activistas. De anda sirven los encuentros: no hay avances ni resultados.
El 12 de abril de 2013, luego de un plantón en el hotel Lucerna para exigir ser atendidos por Jesús Murillo Karam, titular de la Procuraduría General de la República (PGR), durante la celebración del Foro de Consulta sobre Justicia, éste finalmente accedió a atenderlos. El gobernador lo secundó a regañadientes.
Con Murillo Káram acordaron crear un grupo especial de policías, los cuales serían capacitados por la PGR, para investigar desapariciones. Días después, el gobernador recibió a los manifestantes en su despacho y resolvieron ratificar el acuerdo sobre la conformación de un grupo especial, legislar en materia de desapariciones forzadas, evaluar con el mandatario cada mes los avances, fortalecer la fiscalía especializada en la materia y elaborar y aplicar un protocolo sobre desapariciones.
Solo el acuerdo de legislar fue cumplido parcialmente, luego de que diputados aprobaron al respecto una iniciativa enviada por el mandatario. El protocolo, elaborado entre procuraduría, familias y activistas, quedó en eso, pues nunca se aplicó.

sandra

“Levántate, mamá…”

Y Sandra Luz siguió. Avanzó tanto que se quemó con el fuego y penetraron su humanidad: 15 proyectiles atravesaron su cabeza, ese 12 de mayo, en la colonia Mazatlán. Se acercó tanto que los homicidas no lo soportaron, por eso decidieron ultimarla.
Se los habían advertido, tanto a ella como a algunos de los activistas que estaban en el caso. Luego de una de esas reuniones, los propios ministeriales les comentaron, en corto: “Ya no se metan, está bien cabrón. Más p´adentro está muy grueso”.
El viento de esa mañana del 14 de mayo trae El columpio. Quiera Dios/ Que tu cuerpo se seque/ y que de repente/ se lo lleve el viento. Sonó al menos en 16 ocasiones en el trayecto a la iglesia, luego camino a la casa familiar, en la colonia Toledo Corro, y en el panteón Parque Funerario San Martín. Dicen que Édgar lloraba con esa canción, porque le recordaba a una mujer que lo había dejado. Los de la banda tocaron también Te vas ángel mío.
La procesión, con hombres y mujeres que portaban prendas blancas y moño negro, fue una flaca y silente protesta. Acaso unos cincuenta asistentes. Los hermanos lo dijeron en la funeraria: la dejaron sola en esa lucha por encontrar a su hijo y nunca pensaron que todo fuera a terminar con su muerte.
“No sabíamos los problemas que tenía porque nosotros la dejamos sola en su lucha, no teníamos información del caso… tal vez por seguridad de la familia, por eso no la acompañamos”, afirmó Sixto Martínez Hernández, hermano de Sandra Luz.
Su hermano menor, Juan Carlos, lo secunda: “Nunca pensamos que esto pasara, menos con esta saña”.

—Y si ustedes la dejaron sola, ¿qué esperan de la ciudadanía?, ¿qué le piden?
—Que no nos dejen solos. Que luchen.

Era la hermana más terca, la más luchona; indeclinable, con el nombre de su hijo entre las sienes, con la muesca de su búsqueda en esa mirada triste, de llovizna, cansancio y desesperanza. Quizá por eso su amiga Neris la describió como una heroína en el entierro y todos la despidieron con una ráfaga de aplausos que no se movió de ese rincón del parque funerario. Tal vez por eso uno de sus hijos le decía, aferrado al ataúd, que se levantara, que él se iba en su lugar, porque ella no merecía estar ahí.
“Mamá, levántate. Levántate amá. Yo me voy por ti, a mí me lo hubieran hecho. De perdida te hubieran dado el cuerpo de mi hermano para que te fueras feliz”.

Numeralia contra la desmemoria

El febrero de 2012, mes en que fue desaparecido Édgar Guadalupe, hubo en Sinaloa 122 homicidios, y 224 sumados a los de enero. Entre los asesinatos cometidos en ese periodo destaca el del coordinador de Aprehensiones en Flagrancia de la Policía Ministerial, José Luis Ibarra Velázquez, conocido como Comandante Lince, y su hermano José Blas, el día 23, en un estacionamiento ubicado en Ángel Flores e Hidalgo, en el primer cuadro de esta ciudad capital.
De acuerdo con información publicada en medios nacionales, en alrededor del 40 por ciento de los casos de desapariciones forzadas denunciados no se iniciaron investigaciones.
Estadísticas del Sistema de Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (Sirenped) de la Secretaría de Gobernación federal, en Sinaloa hubo al menos mil 300 desaparecidos de 2006 a al 2011, con lo que esta entidad se ubicó en el sexto lugar a nivel nacional con más habitantes desaparecidos.
“Esto, sin tomar en cuenta al menos 50 casos de personas desaparecidas que no se reportaron ante las autoridades”, señaló Leonel Aguirre Meza, presidente de la Comisión de Defensa de los Derechos Humanos en Sinaloa (CDDHS).
A nivel nacional, Culiacán fue el sexto municipio que tuvo el mayor número de desaparecidos a nivel nacional, con 607, seguido de Mazatlán con 297, Ahome con 66, Navolato con 44, y Guasave con 39.
En 2012, durante una visita a Sinaloa, Jesús Peña Palacios, representante del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas en Derechos Humanos, anunció que el estado ocupaba el tercer sitio entre las 31 entidades federativas y el Distrito Federal con mayor número de desapariciones, solo por debajo de Guerrero y la Ciudad de México.