La presidenta del Observatorio de Violencia Social y de Género, Mariana Ávila Montejano, consideró grave que la autoridad pretenda justificar su actuación señalando que se trataba de “restos de comida” y que los elementos “están capacitados”, esto, ante las afirmaciones del titular de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal, Gonzalo Pérez Zúñiga, quien defendió el actuar de sus policías.

En entrevista exclusiva con Objetivo7, Mariana Ávila Montejano afirmó que, si realmente existiera capacitación adecuada, se habrían respetado los protocolos básicos: preservar la escena y dar intervención inmediata a periciales.

La presidenta del Observatorio sostuvo que lo ocurrido evidencia, entre otras posibilidades, una grave falta de formación técnica y de apego a los procedimientos legales.

Ávila Montejano precisó que su exigencia no es un señalamiento aislado, sino una petición legítima, fundada en la necesidad de garantizar legalidad, debida diligencia y certeza en un contexto marcado por la crisis de desapariciones.

La activista exigió que se informe el nombre, cargo y número de placa de los elementos que realizaron el levantamiento y embalaje de los restos en Cumbres el 5 de abril de 2026.

La presidenta del Observatorio demandó que se precise bajo qué mandato y de qué Agente del Ministerio Público se autorizó dicha intervención.

Mariana Ávila Montejano pidió que se detalle el protocolo técnico y jurídico utilizado, así como la justificación de excepción para no esperar a periciales.

La presidenta del Observatorio consideró necesario que se entregue, en versión pública, el Informe Policial Homologado (IPH) y la cadena de custodia correspondientes.

Finalmente, Ávila Montejano afirmó que exigir claridad, legalidad y actuación profesional no es opcional: es un derecho de la sociedad y una obligación de las autoridades, sumado a la exigencia de un alto al hostigamiento.

Respuesta completa:

Consideramos grave que la autoridad pretenda justificar su actuación señalando que se trataba de “restos de comida” y que los elementos “están capacitados”. Si realmente existiera capacitación adecuada, se habrían respetado los protocolos básicos: preservar la escena y dar intervención inmediata a periciales. Lo ocurrido evidencia, entre otras posibilidades, una grave falta de formación técnica y de apego a los procedimientos legales.

Nuestra exigencia no es un señalamiento aislado, es una petición legítima, fundada en la necesidad de garantizar legalidad, debida diligencia y certeza en un contexto marcado por la crisis de desapariciones.

Por ello exigimos:

Que se informe el nombre, cargo y número de placa de los elementos que realizaron el levantamiento y embalaje de los restos en Cumbres el 5 de abril de 2026.

Que se precise bajo qué mandato y de qué Agente del Ministerio Público se autorizó dicha intervención.

Que se detalle el protocolo técnico y jurídico utilizado, así como la justificación de excepción para no esperar a periciales.

Que se entregue, en versión pública, el Informe Policial Homologado (IPH) y la cadena de custodia correspondientes.

Exigir claridad, legalidad y actuación profesional no es opcional: es un derecho de la sociedad y una obligación de las autoridades. Sumado a la exigencia de un alto al hostigamiento.