Poder  político, lavado transnacional y finanzas del Cártel de Sinaloa

Alfonso Romo y Vector: una ruta del dinero criminal mexicano

Transferencias millonarias, empresas fantasma, y poder político delinean una ruta financiera que conecta a Vector, Alfonso Romo y el Cártel de Sinaloa.

La caída de Vector expone cómo Alfonso Romo operó dentro de una estructura financiera incapaz de contener capitales ligados al narcotráfico.

Despacho 14

El violento oficio de escribir.

Alfredo Griz/Los Ángeles Press

Durante décadas, Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V. no fue únicamente una institución financiera inscrita dentro del sistema bursátil mexicano. Fue una pieza de infraestructura. No por nada, Alfonso Romo, que fue jefe de la Oficina de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador, fue su principal operador financiero entre el narcotráfico y el sistema político mexicano durante los últimos nueve años, según lo que se tiene documentado por agencias norteamericanas. Hoy, Alfonso Romo está colaborando con el Departamento de Justicia de los Estados Unidos de Norteamérica y con algunas agencias de seguridad, como la DEA y el propio Departamento del Tesoro.

El panorama luce difícil para el morenista e íntimo amigo del expresidente Andrés Manuel López Obrador y muchos de sus correligionarios. No es solo el apestado; es el podrido que nadie quiere tener cerca en estos momentos, donde la voracidad del saqueo y el cinismo político se pasean a sus anchas por todo México. Alfonso Romo lo sabe, y sabe que no tiene más salida que cooperar (delatar) ante las autoridades del vecino país del norte.

La casa de bolsa de Alfonso Romo, Vector Casa de Bolsa, S.A. de C.V., era el nodo de circulación económica del crimen organizado. Un mecanismo diseñado para absorber capital, redistribuirlo y proyectarlo hacia mercados internacionales bajo una lógica de sofisticación técnica que, en apariencia, no dejaba margen para la sospecha. Las cifras respaldaban su posición: decenas de miles de clientes, presencia en múltiples jurisdicciones, miles de millones de dólares bajo gestión. Todo dentro de parámetros aceptables. Todo dentro del marco regulatorio visible. Pero, en el mundo financiero, lo que se ve rara vez es lo que define el riesgo real.

El crecimiento de Vector no fue espontáneo. Fue sostenido, estratégico, alineado con una estructura de poder que encontraba en Alfonso Romo a su principal articulador. Su presencia no era simbólica. Era estructural. Representaba el punto de convergencia entre capital privado, influencia  política y capacidad de interlocución con el Estado. En ese entorno, la operación cotidiana recaía en perfiles ejecutivos como Edgardo Cantú Delgado, responsables de mantener en funcionamiento una maquinaria que dependía de la continuidad del flujo. Porque, en una casa de bolsa, detener el flujo no es una pausa. Es el inicio del colapso.

El dinero que circulaba por Vector no lo hacía de manera abrupta. No llegaba como una avalancha. Llegaba en fragmentos. Transferencias aparentemente inofensivas que, acumuladas, construían volúmenes significativos. Este método no es improvisado. Es una técnica conocida en los sistemas de lavado de dinero: la fragmentación o “smurfing”. Consiste en dividir grandes cantidades en múltiples operaciones pequeñas para evitar los umbrales de reporte automático. Sin embargo, en el caso de Vector, la fragmentación convivía con operaciones de gran escala. Movimientos que alcanzaban montos cercanos a los veinte millones de pesos en una sola transacción. Esa dualidad no es casual. Es indicativa de un sistema que no solo busca ocultar, sino también optimizar.

En ese flujo aparece una entidad que rompe la narrativa de normalidad: Prestadora de Servicios Murata, S.A. de C.V., ubicada en Jardines del Pedregal, Álvaro Obregón, Ciudad de México, la cual inició operaciones en 2014 y ofrecía servicios profesionales y consultoría, monitoreo de sistemas de seguridad y custodia. Y su clasificación económica (SCIAN): servicios profesionales, científicos y técnicos.

Esta empresa, y a decir de autoridades de los Estados Unidos, fue la empresa idónea para la corrupción gubernamental y el narcotráfico. Esta empresa realizó movimientos por más de 300 millones de pesos de recursos públicos, cuando la ahora presidente era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, y, en las indagatorias de la DEA y el Departamento del Tesoro, movió más de 900 millones de pesos de origen ilícito, es decir, provenientes del narcotráfico. Pero lo más importante es que todo ese dinero que movió provenía del Cártel de Sinaloa, uno de los grandes aliados de Andrés Manuel López Obrador, Claudia Sheinbaum Pardo y del partido MORENA.

Es decir, es una empresa sin actividad económica real, catalogada como fantasma, que canalizó alrededor de 100 millones de pesos hacia Vector. No se trataba de inversión productiva. No se trataba de retorno financiero. Era tránsito. Dinero que entraba con una finalidad específica: moverse. La existencia de este tipo de entidades dentro del ecosistema financiero no es excepcional. Lo que resulta crítico es su integración en estructuras formales sin que los mecanismos de control actúen de manera efectiva.

El sistema de prevención de lavado de dinero —conocido como PLD o AML— está diseñado precisamente para detectar estos patrones: identificación del cliente, perfilamiento transaccional, monitoreo de operaciones inusuales, reportes a la autoridad. Cuando estos mecanismos fallan, no se trata de una omisión menor. Se trata de una ruptura estructural. En el caso de Vector, los indicios apuntan a una debilidad sostenida en estos controles: clientes de alto riesgo operando sin restricciones claras, transferencias internacionales sin justificación económica robusta, patrones repetitivos que no generaron alertas efectivas o que, en el peor de los casos, fueron ignoradas.

Política

Expansión internacional y rutas críticas

El flujo financiero no se contenía dentro de las fronteras mexicanas. Se extendía. Se proyectaba hacia jurisdicciones donde el dinero adquiere nuevas formas. Asia, y particularmente China, aparecen como destino recurrente en las investigaciones. No como mercado de inversión tradicional, sino como punto de conexión en una cadena más amplia. Transferencias que terminaban en empresas dedicadas a la comercialización de insumos industriales con doble uso. Sustancias que, en un contexto, pueden ser legales, pero que, en otro, se convierten en componentes esenciales para la producción de drogas sintéticas.

Aquí es donde el análisis financiero se cruza con la seguridad internacional. El fentanilo, una de las sustancias más letales en el mercado global de drogas, depende de una cadena de suministro que inicia en la adquisición de precursores químicos. Estos insumos no se compran en mercados clandestinos. Se adquieren a través de empresas, con facturación, con transferencias bancarias. El dinero que financia esa cadena necesita integrarse al sistema financiero formal en algún punto. Y ese punto, en múltiples casos detectados por autoridades internacionales, pasa por intermediarios como casas de bolsa.

Por eso también el fuerte interés de la DEA, el FinCEN y el Departamento del Tesoro sobre Alfonso Romo, pues Vector, Prestadora de Servicios Murata y otras empresas ligadas al gobierno de MORENA están ligadas con la producción, tráfico de fentanilo y con el lavado de dinero producto de esas actividades.

La intervención externa: Cuando el sistema global actúa

El punto de inflexión no se originó en México. No fue resultado de una auditoría interna ni de una sanción local acumulativa. Fue externo. El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de sus unidades de inteligencia financiera, identificó patrones que encajaban con esquemas de lavado de dinero vinculados a organizaciones criminales. No se trataba de una transacción aislada ni de un cliente específico. Se trataba de comportamiento. De recurrencia. De consistencia en el tiempo.

Las observaciones incluían transferencias millonarias hacia jurisdicciones sensibles, relaciones con entidades catalogadas de alto riesgo y una aparente incapacidad del sistema interno de control para contener o reportar adecuadamente estas operaciones. En términos técnicos, el diagnóstico es claro: falla sistémica en el cumplimiento antilavado.

Cuando una institución financiera es señalada por el Tesoro estadounidense, las consecuencias trascienden lo jurídico. Se convierten en operativas. El acceso al sistema financiero en dólares se restringe. Las contrapartes internacionales se retiran. Las líneas de crédito se cierran. La liquidez se vuelve escasa. Y, en cuestión de días, la confianza desaparece. En un entorno donde la confianza es el principal activo, su pérdida equivale a la quiebra.

El colapso: desmantelamiento sin juicio

La reacción en México fue contenida, pero inevitable. La Comisión Nacional Bancaria y de Valores intervino, no para salvar a la institución, sino para evitar un efecto dominó en el sistema financiero. La prioridad no era Vector. Era la estabilidad del mercado. Se implementó un proceso de salida ordenada. Los clientes fueron transferidos. Los activos, desplazados. La operación, desmantelada progresivamente.

Instituciones como CIBanco e Intercam Banco aparecieron en el mismo contexto, señaladas por autoridades estadounidenses en investigaciones similares. No como coincidencia, sino como indicio de un patrón más amplio: el uso de intermediarios financieros legales como canales para la circulación de capitales de origen ilícito.

Incluso, y para beneplácito del propio Andrés Manuel López Obrador, el nombre de Genaro García Luna emerge en este contexto como referencia a redes financieras que operaron bajo esquemas comparables. No como parte directa de la estructura de Vector, sino como evidencia de que el modelo detectado no era aislado, sino replicado en distintos niveles del poder  político y criminal.-

Andrés Manuel López Obrador sabía de los nexos de García Luna con Alfonso Romo y, aun así, eligió hacerlo su hombre de confianza y tenerlo en Palacio Nacional, no por coincidencia o por simple casualidad, pues sabía bien de los alcances de Alfonso Romo en estas covachuelas palaciegas y del crimen organizado.

El desenlace de Vector no fue espectacular. No hubo detenciones masivas ni juicios televisados. No hubo una narrativa oficial que asignara responsabilidades individuales de manera pública. La institución simplemente dejó de operar. La licencia fue revocada. La estructura desapareció.

No hay una sentencia que sintetice lo ocurrido. No hay un expediente público que detalle cada operación. No hay una lista oficial de nombres que permita reconstruir la cadena completa de responsabilidad.

Pero hay algo más sólido que cualquier resolución judicial: hay flujos de dinero documentados, hay patrones consistentes, hay rutas internacionales, hay intervención de autoridades extranjeras y hay un colapso institucional absoluto. Hay también una lengua muy larga de Alfonso Romo que, por salvar el pellejo y la libertad, se encuentra en los Estados Unidos como testigo protegido, porque no tiene más salidas; era eso allá o la muerte en México. No la muerte  política y social, que ya goza de ella, sino la muerte física. No olvidemos que MORENA asesina y mata a sus socios y amigos, como al propio Nemesio Rubén Oseguera “Mencho”, a quien prefirieron presuntamente silenciar antes que dejarlo hablar en una Corte de Estados Unidos.

La casa de bolsa Vector no fue destruida como institución bancaria por una decisión política. No fue desmantelada por una condena penal en México —eso no sucede aquí—; fue expulsada por un sistema financiero global que, cuando identifica un riesgo que no puede controlar, no negocia, no investiga públicamente y no espera. Simplemente corta.

Aunque el rumor de la detención de Alfonso Romo es muy fuerte en México, la realidad es que sí se ha confirmado que está en calidad de testigo protegido y que será difícil que el sistema político del régimen actual se sacuda la sombra y las delaciones de Alfonso Romo.

Y es que, cuando el flujo de dinero se detiene, cuando el manto protector de la corrupción y la complicidad ya no les acompaña, todo lo demás deja de importar.