AGUASCALIENTES, AGS. — El Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes (OVSGA), encabezado por Mariana Ávila Montejano, emitió un pronunciamiento contundente en el que señala la presunta complicidad de elementos de seguridad de los tres niveles de gobierno en redes de trata de personas con fines de explotación sexual, afectando principalmente a menores de edad.

Señalamientos de omisión y protección

De acuerdo con el comunicado del organismo civil, existen testimonios y evidencias que sugieren que agentes de la Policía Municipal, Estatal y de la Fiscalía (Ministeriales) tienen conocimiento pleno de los puntos donde se opera la explotación de niñas y adolescentes en la entidad. La denuncia subraya que, lejos de intervenir, las corporaciones mantienen una postura de omisión deliberada o brindan protección directa a los tratantes.

El Observatorio identificó que la operación de estas redes no ocurre en la clandestinidad total, sino en zonas y establecimientos plenamente ubicados por la autoridad, donde la presencia policial no se traduce en operativos de rescate, sino en esquemas de vigilancia que favorecen a los criminales.

Expansión de la red de explotación

La denuncia detalla que el delito de trata se ha diversificado y extendido hacia diversas áreas:

• Fraccionamientos del oriente: Uso de casas de seguridad en zonas habitacionales.
• Corredores viales: Explotación en hoteles y moteles ubicados en las salidas hacia Zacatecas y San Luis Potosí.
• Entorno digital: Falta de acción de las unidades de inteligencia para frenar la captación de menores a través de redes sociales.

Exigencia de depuración institucional

Ante la gravedad de los hechos, el OVSGA hizo un llamado urgente para que se realicen investigaciones internas profundas y se sancione penalmente a los mandos y elementos que permiten que Aguascalientes funcione como un corredor de trata.

Asimismo, se acusó a la Fiscalía General del Estado de incurrir en un “silencio administrativo” y de obstaculizar las investigaciones presentadas por la sociedad civil, permitiendo que las víctimas sean trasladadas fuera del estado antes de que se ejecuten las órdenes de búsqueda o rescate.