Por dónde empezar/Omar Garfias/Ríodoce.

El reclutamiento criminal es el mecanismo de reproducción del crimen organizado. Sin adolescentes y jóvenes reclutados no hay capacidad operativa, control territorial, ni esa fuente inagotable de combatientes para que las guerras duren al antojo de los capos.

Por su importancia, el reclutamiento criminal es un sistema planificado.

La decisión de ingresar al crimen organizado no es un acto individual, es uno de los nodos de un entramado social muy amplio de personas y acciones que producen, sostienen y encubren a la delincuencia.

Ante el nuevo fenómeno de la militarización de las mafias, que necesitan construirse capacidad para desencadenar una constelación de diferentes tipos de violencias, el gobierno no tiene una política de prevención social eficaz como respuesta.

La prevención social acciona los factores no punitivos que detienen la incorporación de los jóvenes al crimen organizado: el empleo; la cultura cívica; la familia; la salud mental y de adicciones; la integración social mediante el deporte y el arte; la educación como expectativa de oportunidades de desarrollo, la rehabilitación de primodelincuentes.

Marisol Ochoa, de la Universidad Iberoamericana, hace una distinción, sintetizada en el documento “Geografías de la Crueldad”, entre reclutamiento urbano y rural. En las zonas urbanas, el reclutamiento funciona entre pares, de joven a joven, mediante seducción, promesas de ingreso económico. En las zonas rurales, el reclutamiento tiende a ser más directo y forzado, la presencia del grupo criminal en el territorio es visible y la negativa tiene consecuencias inmediatas.

En los últimos dos años alrededor de 80 mil jóvenes sinaloenses tuvieron la necesidad de incorporarse al mercado laboral. En ese mismo lapso, de febrero de 2024 a febrero de 2026, se perdieron 26 mil empleos formales en el estado.

El desempleo no es un determinante automático que lleva al reclutamiento, pero sí es un factor de riesgo.

La precariedad laboral tiene un primer efecto de desvaloración del joven: “no trabajo, no valgo/tengo poco, valgo poco”. La doctora Ochoa encontró que los jóvenes reclutados consideran que viven en un mundo donde se puede vivir extremadamente bien pero también extremadamente mal y piensan que nacieron en entornos marginados con menores recursos y oportunidades para salir adelante. La variable explicativa de la violencia homicida no es la pobreza sino la desigualdad, la comparación social.

Cada caso individual presenta una combinación diferente de factores de riesgo. Familias disfuncionales y hasta con miembros de la delincuencia; adicciones y enfermedades mentales; fracaso escolar; valores éticos basados en la impunidad delictiva que advierten y en la vida de riquezas de los capos, que es notoria.

No existe una política gubernamental que identifique a los jóvenes con riesgos de ser reclutados.

Las acciones del gobierno no son focalizadas, evaluadas, continuas y con los programas específicos para los casos concretos.

El gobierno trabaja básicamente con pláticas que se realizan esporádicamente con contenidos iguales para jóvenes con riesgos como sin riesgos. Muchas pláticas, pocos resultados, miles de reclutados.

No hay un programa de empleo especial para los jóvenes con mayor vulnerabilidad para ser reclutados.

Las instituciones de educación pública no tienen una estrategia para evitar que los niños, adolescentes y jóvenes que desertan de la escuela sean cooptados por el crimen organizado.

Los jóvenes de familias con antecedentes de violencia intrafamiliar, de delincuencia de los padres u otras características de disfuncionalidad no reciben un acompañamiento especial. Tampoco hay un sistema de cuidados para los hijos que pasan mucho tiempo solos porque sus padres trabajan horarios incompatibles con la vida familiar.

No hay un trabajo integral con los adictos que aborde también su problemática de empleo y educación.

En los territorios de reclutamiento forzado no hay presencia gubernamental para impedirlo.

No hay mecanismos de desvinculación para jóvenes que ya están reclutados.

El gobierno del estado no ha cumplido su responsabilidad de fomentar los valores, la formación cívica y la cultura de la legalidad.

Una ley estatal lo obliga a hacer un diagnóstico preciso del tema por territorios y grupos de edad, no lo ha hecho; le mandata a definir acciones, responsables y tiempos, no lo ha hecho; le obliga a apoyar e impulsar la participación de la sociedad, no lo ha hecho.

La Universidad Iberoamericana, El Colegio de México y México Evalúa convocaron a las Jornadas para la Reducción de la Violencia, ahí se concluyó que es condición necesaria para cualquier proceso de construcción de paz, la participación de las víctimas organizadas, la academia, el periodismo de investigación, las comunidades religiosas, el empresariado y las organizaciones de la sociedad civil. La misma ley responsabiliza al gobierno de crear un espacio institucional de coordinación, tampoco lo ha hecho.

Noticias nacionales

En Sinaloa no hay una política de paz. Una prueba de ello es que no hay un programa eficaz de prevención social del reclutamiento.

Al gobierno, a los políticos y a muchas organizaciones les gusta realizar acciones con los niños, adolescentes y jóvenes que no tienen riesgos de ser reclutados. Con ellos hacen festivales, excursiones, fiestas, pláticas y un sin fin de eventos con las palabras “paz”, “futuro”, “valores”.

Con los jóvenes con riesgos: los desempleados, adictos, desertores de la escuela, con padres en la cárcel, que no creen en las instituciones, irreverentes, forzados. Con ellos muy pocos se acercan.

Cada uno de los miles de jóvenes presos, asesinados y reclutados son una prueba del fracaso de la prevención social que se ha hecho.

Desarrollo regional

Estamos padeciendo la guerra porque el crimen organizado es eficiente para reclutar y la prevención social no es suficiente, integral, científica, evaluada y coordinada. Nos han ganado a miles de jóvenes.