Desde marzo de 2022 que se legalizó la interrupción del embarazo, los procedimientos aumentaron casi tres veces 

El número de procedimientos de interrupción legal del embarazo realizados en el Hospital de la Mujer en Sinaloa ha registrado un crecimiento sostenido desde la aprobación de la legislación en la materia, en marzo de 2022. Tan solo en 2025 se practicaron 948 procedimientos, de acuerdo con cifras oficiales de la Secretaría de Salud del estado, una cantidad muy por encima de las proyecciones iniciales de las autoridades sanitarias, y que casi triplica los 345 casos del 2022.

En octubre pasado, el secretario de Salud, Cuitláhuac González Galindo, había estimado que el año cerraría con alrededor de 800 procedimientos, lo que ya representaba la cifra más alta desde la entrada en vigor de la ley. Sin embargo, el número final superó ampliamente ese pronóstico.

“Nosotros lo entendemos como la oportunidad de resolver algo que por cualquier circunstancia surgió, de manera gratuita. Es algo que está estipulado en la ley y se debe de otorgar, tenemos un espacio donde se garantiza la discreción, la atención y el manejo adecuado. Cualquier mujer puede llegar al hospital, solicitar el procedimiento y hoy no hay nada que lo impida”, expresó el secretario de Salud.

De acuerdo con los datos oficiales, el incremento ha sido constante desde la implementación de la legislación: en 2022 se realizaron 345 procedimientos; en 2023, la cifra subió a 456; en 2024 alcanzó los 657, y en 2025 se elevó hasta los 948 casos.

González Galindo reconoció su preocupación por el crecimiento en el número de abortos legales realizados en el Hospital de la Mujer, particularmente por el impacto que esto puede tener en la tasa de natalidad del estado.

“Son aproximadamente mil nacimientos que no se van a dar para la tasa de natalidad. Lo que sí es preocupante es la manera exponencial en la que se ha dado desde que se aprobó la Ley, creo que aquí debemos reforzar las campañas de ejercer una sexualidad responsable. No conocemos los trasfondos y contextos específicos de estos casi mil casos, debido a que la misma Ley te dice que no te puedes meter”, señaló.

El funcionario advirtió que existe el riesgo de que, para algunas personas, la interrupción legal del embarazo sea vista como un método recurrente, lo que subraya la necesidad de fortalecer las estrategias de planificación familiar.

“Existe el riesgo de que para ciertas personas sea un método. Hemos tenido casos de mujeres que lo han usado dos o hasta tres veces, quizá. Entonces sí es un tema que debe ser cuidado en este caso, y debemos generar más conciencia en la difusión de los métodos de planificación familiar”, afirmó.

En ese mismo sentido, González Galindo insistió en la importancia de reforzar el enfoque de la responsabilidad sexual.

“Es importante generar mayor conciencia y que no se vea la sexualidad solamente como un proceso natural en el que si te embarazas, simplemente vas al Hospital de la Mujer. Al contrario, se tiene que ver como un acto de responsabilidad, que se entienda que hay un resultado después de un acto, y que debes asumir una responsabilidad”, expresó.

Sobre el perfil de las mujeres que acceden a este servicio, el secretario precisó que la mayoría no corresponde a menores de edad.

“Hay datos bastante importantes, como el promedio de edad. Son pocas las menores de edad que acceden a este servicio del estado, no se trata de adolescentes, el rango de edad es difícil de precisar, pero en la mayoría de los casos va de los 20 a los 34 años”, detalló.

Abortos fuera de las instituciones de salud

La legislación vigente en Sinaloa establece un límite de 13 semanas de gestación para la interrupción legal del embarazo y contempla sanciones de tipo administrativo —no penales— para las mujeres que interrumpan su embarazo fuera de los plazos permitidos. Estas sanciones consisten primordialmente en amonestaciones y la obligatoriedad de asistir a cursos de educación sexual y reproductiva.

Pese a ello, colectivos feministas publicitan a través de redes sociales acompañamiento para abortos realizados al margen de las instituciones públicas y sin límite de edad gestacional. Al ser consultadas sobre este tema y las declaraciones del secretario, representantes de diversos colectivos se negaron a ser entrevistadas, argumentando que los derechos fundamentales no se discuten ni son tema de debate.

Al respecto, el secretario de Salud subrayó que el actuar de la dependencia debe apegarse estrictamente a la normatividad establecida.

“Creo que es un tema de legislación, ya está normado un reglamento para el procedimiento de aborto y es lo que tenemos que seguir, no debemos dejarnos llevar por situaciones de grupos en particular, sino verlo de manera más amplia, no enfocarnos en grupos específicos”, señaló.

Añadió que el énfasis institucional debe centrarse en la prevención del embarazo no deseado y en el cuidado de la salud de las pacientes.

“El llamado debe ser más a evitar el embarazo no deseado, cuidar la salud de las pacientes, evitar llegar al paso de la interrupción, pero eso se logra con una mejor planificación y ahí nos toca una campaña más extensa y más amplia para impedir el embarazo no deseado”, dijo.

Finalmente, González Galindo sostuvo que, desde la perspectiva de salud pública, es preferible que los procedimientos se realicen en condiciones seguras dentro del sistema de salud.

“Para nosotros como parte de Salud, es mejor tener un hospital donde se practique la interrupción legal del embarazo, a que las pacientes lo hagan en la clandestinidad, porque ahí ponen en peligro su vida. Pero sobre el límite de edad gestacional, es un tema legislativo”, concluyó.

Posturas encontradas en el Congreso

El incremento en el número de procedimientos reavivó las posturas encontradas entre legisladoras que participaron en la discusión de la iniciativa aprobada en 2022.

La diputada local del PAN, Roxana Rubio, quien votó en contra de la despenalización, sostuvo que el aumento de abortos legales evidencia fallas en las políticas de prevención y en el uso de recursos públicos del sistema de salud.

“Yo soy una mujer que defiende la vida y eso jamás va a cambiar, desde el Partido Acción Nacional dimos la batalla para que no se aprobara la legalización del aborto, porque creemos que eso no es el camino, para nosotros la preservación de la vida debe ser una prioridad del estado”.

Añadió que el crecimiento de los procedimientos refleja la falta de información y prevención consciente del embarazo.

“El aumento de abortos evidencia claramente la falta de mecanismos de información y prevención consciente del embarazo, porque se refleja un crecimiento bastante importante”.

Rubio también cuestionó la asignación de recursos en un sistema de salud con múltiples carencias.

“Este es un sistema de salud con muchas carencias, es legítimo cuestionar en que se están gastando nuestros recursos, y si realmente se están atendiendo las necesidades más urgentes”.

Sobre los abortos practicados fuera de los supuestos que marca la ley, afirmó que deben investigarse.

“Los abortos que de practican fuera de los casos que marca la ley, son un delito, quienes lo promueven o lo incentivan pueden ser sancionados y esos hechos deben investigarse porque no se debe normalizar que se actúe fuera de la Ley cuando estamos hablando de la vida de un ser humano en desarrollo”.

Almendra Negrete, diputada local de Morena con licencia y promovente de la iniciativa en 2022, sostuvo que el debate debe centrarse en la garantía de derechos y no en el número de procedimientos realizados.

“El estado debe garantizar así sea una sola persona, el estado tiene la obligación de entrar de lleno en la protección de los derechos humanos de todas, todos y todes las personas”.

Sobre el aumento sostenido en los últimos años, Negrete consideró que las cifras deben analizarse en función del crecimiento poblacional.

“Estás tomando un índice demográfico sobre los casos, pero no estás tomando en cuenta el índice demográfico, dime ¿Cuánto creció la población cada uno de esos años?”.

Añadió que el crecimiento poblacional implica que más mujeres alcancen edad reproductiva y ejerzan sus derechos.

“Cada año la población crece, y cada año la edad de las mujeres va subiendo. Entonces si en el primer año hubo una cantidad que mencionas, pero ¿cuantas mujeres tenías ese años?, en el año que sigue obviamente el índice demográfico siempre va a la alza y esas personas adquieren una madurez sexual y están haciendo ejercicio de su derecho”.

Negrete sostuvo que el número de procedimientos o la variación en la natalidad no debe ser un parámetro para juzgar la legalización.

“Yo en la prensa leo notas que dicen que van tantos casos de abortos, o que bajo el índice de natalidad. No importa, realmente no importa, porque la sociedad va avanzando, los derechos son progresivos y son universales”.

Finalmente, afirmó que el debate debe enfocarse en las condiciones de acceso a los derechos.

“Entonces entrar a un debate de que si es positivo o negativo haber legalizado el aborto es desde mi punto de vista innecesario. Lo que se debe revisar, no es cuántas mujeres están haciendo uso de ello, sino cómo se les está otorgando el acceso a su derecho. No para juzgar cuántas fueron, si ha subido el índice como tu dices, debemos garantizar que tengas espacios para ejercer su derecho conforme a los estándares de salud”, concluyó.