arlos Torres y su hermano, en el centro de las indagatorias federales

FGR investiga red de narcocorrupción en Baja California

La FGR citó a Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila, en una investigación por armas y narcotráfico.

Las indagatorias describen un entramado de vínculos políticos, financieros y criminales que habría operado con protección institucional en Baja California.

Por Guadalupe Lizárraga

Carlos Torres Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, fue citado en octubre de 2025 por la Fiscalía General de la República (FGR) en el marco de una investigación por presunto lavado de dinero, según citatorios y documentos oficiales confirmados por  Los Ángeles Press.

Con fechas del 29 y 30 de octubre y el 18 de noviembre, la investigación federal también destacaba los nombres de Luis Alfonso Torres Torres, Ismael Burgueño Ruiz y Fernando Rafael Salgado Chávez, entre otros.

Ahora, las nuevas líneas de investigación incorporadas en la denuncia formal presentada ante la FGR en 2025, se amplían el alcance del caso y se incluyen las acusaciones de vínculos con narcotráfico y tráfico de armas, delitos que permanecen bajo indagatoria y no han sido judicializados hasta el momento.

La investigación federal alcanza también a Pedro Ariel Mendívil García, exdirector de Seguridad Pública Municipal de Mexicali, señalado en la misma denuncia por presuntamente financiar con sobornos mensuales de hasta 150 mil dólares a la célula del Cártel de Sinaloa conocida como Los Rusos, a cambio de protección institucional y libertad de operación en Baja California.

Estas indagatorias convergen con investigaciones previas de Los Ángeles Press. Desde 2024, este medio documentó la existencia de una red político-financiera transfronteriza encabezada por el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez.

La red ha sido señalada por presunto desvío de recursos públicos, lavado de dinero y financiamiento político ilícito, tanto en México como en Estados Unidos.

A raíz de estas publicaciones, Salgado Chávez intentó intimidar a esta periodista mediante el envío de cartas legales suscritas por un despacho internacional que forma parte del equipo jurídico que defiende al presidente francés Emmanuel Macron, un hecho documentado por Los Ángeles Press.

Sobornos, protección criminal y cargos bajo investigación

Según fuentes con conocimiento del expediente federal, Carlos Alberto Torres Torres —excoordinador de Proyectos Especiales del gobierno estatal— habría fungido como enlace político entre operadores criminales y estructuras institucionales.

Las líneas de investigación de la FGR refieren que Pedro Ariel Mendívil García habría entregado pagos recurrentes a operadores vinculados a Torres con el objetivo de garantizar protección a Los Rusos, grupo identificado como una célula activa del Cártel de Sinaloa en Baja California.

Las indagatorias federales refuerzan un patrón de actividades empresariales que Los Ángeles Press ha documentado durante años.

Registros corporativos e inmobiliarios, junto con testimonios recabados por este medio, describen una red que operó a través de empresas fachada constituidas en México y Estados Unidos. Estas estructuras habrían simulado actividades comerciales para ocultar el origen de los recursos. El dinero cruzaba la frontera y reaparecía transformado en bienes raíces de alto valor en territorio estadounidense.

De acuerdo con la FGR, parte de esos flujos fue canalizada de manera encubierta hacia campañas políticas locales, con el objetivo de sostener o impulsar candidaturas afines.

En ese entramado, el expediente federal menciona a Luis Alfonso Torres Torres, hermano de Carlos Torres, como presunto operador financiero. Se le atribuye la administración de los movimientos de dinero mediante empresas de papel y su canalización hacia estructuras políticas. Esta línea de investigación permanece abierta y no ha sido judicializada.

Investigaciones periodísticas previas de Los Ángeles Press identificaron a Fernando Rafael Salgado Chávez como operador central de un modelo inmobiliario y financiero transfronterizo. El esquema se sustentó en la creación de corporaciones con socios intercambiables, domicilios virtuales y mecanismos de triangulación de capitales entre México y Estados Unidos.

En trabajos anteriores, este entramado ha sido vinculado con operadores asociados al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Extorsiones aduanales y control fronterizo

De acuerdo con la FGR, las autoridades investigan presuntas extorsiones sistemáticas en aduanas de Baja California. Las mercancías de importación habrían sido retenidas de manera deliberada para exigir pagos a empresarios a cambio de su liberación.

Los recursos obtenidos habrían sido canalizados a través de intermediarios. Entre ellos figura el notario Ulises Ramírez Loya, señalado como presunto receptor y dispersor de los fondos.

Las líneas de investigación también contemplan tráfico de armas, drogas y grandes cantidades de efectivo. El conjunto de estos hechos perfila un esquema de narcocorrupción de alcance binacional que permanece en etapa de investigación.

Filtraciones, citatorios y crisis política

El caso comenzó a trascender públicamente tras la filtración de citatorios federales dirigidos a funcionarios y empresarios. Entre los nombres que figuran se encuentran Ismael Burgueño Ruiz, alcalde de Tijuana; Armando Ayala Robles, exalcalde de Ensenada y actual senador; Carlos Torres y su hermano Luis Alfonso; así como el empresario Fernando Rafael Salgado Chávez.

De acuerdo con fuentes federales, los citados fueron requeridos en calidad de investigados o testigos, según el caso. Las filtraciones detonaron una crisis política en Baja California y profundizaron el escrutinio público sobre la penetración de intereses criminales en las estructuras gubernamentales del estado.

En este contexto, la gobernadora Marina del Pilar Ávila Olmeda anunció su separación personal de Carlos Torres y evitó pronunciamientos de fondo. No existe imputación penal directa en su contra por ahora. Sin embargo, agentes de una unidad de inteligencia de Estados Unidos, con sede en  Los Ángeles, confirmaron a Los Ángeles Press que es considerada persona de interés, debido a la presencia de operadores vinculados a la red en áreas estratégicas de su administración, particularmente en seguridad pública y fiscalía.